11|4|2021

Aborto: grieta oficial y lobby religioso

29 de octubre de 2020

29 de octubre de 2020

Los credos se montan a la indefinición del Gobierno sobre el envío del proyecto y presionan para aplazar el debate. La excusa de la pandemia.

El presidente Alberto Fernández quedó parado con un pie a cada lado de la grieta al no confirmar ni desestimar que vaya a enviar el proyecto de aborto legal al Congreso para su debate en el presente período legislativo, una puja parlamentaria entre “proderechos” y “provida” que se vislumbra apretada y con resultado incierto.

 

El posicionamiento del primer mandatario puso nerviosa a la propia tropa que afirma contar con los votos necesarios en ambas cámaras para que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) salga o salga y le exige que cumpla su promesa de campaña.

 

Fernández dio indicios de que quiere cumplir su compromiso electoral, pero en el entorno presidencial no hay una posición homogénea sobre si el actual contexto de crisis sociosanitaria es el oportuno para un debate de este tenor.

 

En despachos gubernamentales se especula con que, de haber anuncio, sería después del 20 de noviembre, dado que Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos y asesor de la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales, expondrá sobre "Reprogramación o condonación de la deuda" en un seminario virtual organizado por el Vaticano en el que el papa Francisco también intervendrá con un videomensaje centrado en "la devastadora experiencia de la pandemia en América Latina". La fecha se evalúa demasiado tardía para un eventual debate del aborto, haya o no sesiones extraordinarias.

 

 

 

Esta semana, una respuesta ambigua del propio mandatario dio lugar a más interpretaciones. "Tan pronto como podamos", dijo en declaraciones radiales e insistió: "Estamos trabajando en eso".

 

El argumento al que se aferran los credos para cuestionar la intención del Poder Ejecutivo de remitir el proyecto de IVE redactado por Vilma Ibarra, secretaria legal de la Presidencia, es que la iniciativa divide a la sociedad.

 

En una columna publicada en Infobae, el arzobispo Jorge Lozano (San Juan) lamentó que el Frente de Todos (FdT) atribuya a “un compromiso de campaña” la necesidad de habilitar la discusión durante la pandemia, cuando, dice, hay otras promesas electorales sin avances significativos y hasta retrocesos. Y enumeró: fomentar la unidad nacional, crear fuentes de trabajo, terminar con la especulación financiera, mejorar la situación de los jubilados y tener la heladera llena...

 

El mismo razonamiento hizo la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) al pronunciarse apenas conocido el primer transcendido de que existía la posibilidad de que la ley de aborto volviera a tratarse antes de fin de año. Ninguna de esas representaciones eclesiásticas ha pedido audiencia con el Presidente para elevar una queja.

 

 

 

ACIERA, que representa a más de 15 mil congregaciones evangélicas del país, dijo que “no es tiempo de discutir el aborto” en medio de la pandemia del coronavirus y se quejó de las “presiones” de colectivos feministas.

 

Inmediatamente después, los obispos católicos hicieron un planteo similar al calificar de “inoportuno” e “insostenible” avanzar en ese sentido en medio de la emergencia sanitaria; además de llamar a “la prudencia política” para no abrir más grietas en la sociedad.

 

Fuentes de los credos consultadas por Letra P reconocieron que ya trabajan en estrategias de acción a seguir ante un eventual escenario de debate de ley de aborto, esto es, el lobby con legisladores y el impulso de “proyectos alternativos”.

Los líderes religiosos judíos, con posiciones divididas y más proclives a que el aborto legal sea ley, no alzaron su voz. Tampoco la comunidad musulmana, en la que, pese a que esta práctica es considerada haram (prohibida) y aboga por el respeto del "derecho a la vida", hay quienes opinan que debe legalizarse en ciertos casos.

 

Fuentes de los credos consultadas por Letra P reconocieron que ya trabajan en estrategias de acción a seguir ante un eventual escenario de debate de ley de aborto, esto es, el lobby con legisladores y el impulso de “proyectos alternativos” para fortalecer la prevención y la contención de mujeres en situación de riesgo.

 

Católicos y evangélicos admiten que todavía no trabajan en un frente común, pero estiman que lo harán de tornarse "necesario", como ocurrió en pleno debate de 2018, cuando la Cámara alta bloqueó (con 38 votos negativos y 31 a favor) el proyecto que había sido aprobado en Diputados.

 

Asimismo, coinciden en tomar distancia de los grupos de activistas “provida” que suelen apelar a prácticas más exacerbadas para levantar la bandera celeste. Son los mismos que días atrás, en cuarentena, realizaron una caravana de automóviles y se concentraron frente a la Quinta Presidencial de Olivos, modalidad que fue repudiada por Alberto Fernández.

 

PRESIÓN OFFSHORE. Estados Unidos impuso recientemente una declaración que rechaza el aborto como derecho humano fundamental. Fue rubricada en la sede de Naciones Unidas de Ginebra y contó con la adhesión de otros 31 países, entre ellos el Brasil de Jair Bolsonaro. El documento también critica las resoluciones de la ONU que promueven la legalización. Diplomáticos aseguran, sin embargo, que la “Declaración de Ginebra” no es vinculante ni reviste rango de tratado internacional. Tampoco obliga a los gobiernos a suscribirla.