Las crónicas del cuarto piso del Palacio lo cuentan así. A las 10 de la mañana del martes pasado, un hombre entró a la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema con un voto firmado por tres jueces, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. A esa hora, comenzó a develarse el misterio que tenía pendiente al Gobierno, la oposición y el Círculo Rojo. Tuvieron la primicia las cuatro mujeres experimentadas que trabajan desde hace años en la sala que revisa los fallos del máximo tribunal. Desconocidas para el 99% de la población, son famosas, sin embargo, en los estudios de abogados más poderosos de la Argentina y se reparten entre el “Sector Coherencia” y el “Sector Copias y Confrontaciones”.
Rosenkrantz cumplió con su objetivo íntimo: que el máximo tribunal se pronunciara para bien o para mal sobre uno de los temas que desviven a los guardianes de la república.
Carlos Rosenkrantz se enteró una hora más tarde, en el Zoom que encontró a los supremos, con Elena Highton de Nolasco recluida en su casa y los hombres de la Corte presentes en el edificio de Tribunales pero conectados desde sus despachos por respeto a los protocolos sanitarios. Rosenkrantz supo entonces que el per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Gabriel Bertuzzi había sido aceptado por la mayoría peronista tanto para su beneplácito como para el de la oposición anticristinista. Designado héroe por un día, la semana pasada, con el llamado al acuerdo extraordinario que fue presentado como un golpe de autoridad, el presidente de la Corte logró prolongar su ciclo de autoridad hacia afuera como el líder supremo que había iniciado el basta ya contra el atropello a las instituciones. Además, cumplió con su objetivo íntimo: que el máximo tribunal se pronunciara para bien o para mal sobre uno de los temas que desviven a los guardianes de la república.
Según pudo saber Letra P, Rosenkrantz pidió revisar el voto del grupo en el que se destacaba su archirrival Lorenzetti y se tomó un tiempo para hacer correcciones menores en el propio. Alrededor de las 13, llegó el pronunciamiento del exrector de la Universidad de San Andrés que hablaba de “gravedad institucional inusitada” y anunciaba su voto cantado para la definición de fondo, prevista para dentro de 15 días. Vieja conocida de Alberto Fernández e íntima amiga de Marcela Losardo, la ministra Highton tomó distancia de su incursión en la Casa Rosada el día del anuncio de la reforma judicial y se plegó al voto de la mayoría peronista, convertido en fallo unánime.
Mientras en el Palacio el clima que se respiraba era de una armonía excepcional, afuera se producía también una rara coincidencia: periodistas de un lado y otro de la polarización anunciaban a sus plateas cautivas que no había habido acuerdo entre los jueces de la Corte. La versión envenenada generó situaciones imprevistas, como la que enfrentó Lorenzetti poco después del mediodía, cuando salió del edificio de Tribunales por la calle Uruguay y se encontró en la dársena donde estacionan los funcionarios judiciales con un grupo de odiadores seriales que lo trataban de “vendepatria” y “ladrón”. Algo había fallado. En base al cálculo más errado, el Gobierno difundía desde temprano su optimismo en que la pelea entre los supremos hacía inviable un voto de consenso y la oposición se delataba desconcertada como si no confiara en la capacidad de Rosenkrantz ni en la integridad del resto de los cortesanos. Sin embargo, el lobby descomunal de los tanques de comunicación tuvo más éxito que la no política del Gobierno.
BAD INFORMATION. Pese a que aún no está definida la cuestión de fondo, la derrota para el Gobierno fue elocuente. No sólo porque Cristina Fernández impulsa desde el Senado el freno a los traslados que Mauricio Macri ordenó por decreto y sin acuerdo del Senado. También, porque la ministra Losardo se apuró a calificar como “escándalo” un fallo de la Corte que aceptara el per saltum y el propio Presidente apuntó contra Rosenkrantz en un mensaje en el que, además, cuestionó la demora en la aplicación de la Ley Micaela.
Unas horas después, dos funcionarios del Presidente recibieron un llamado de un colaborador del exrector de San Andrés -que desmentía un supuesto encuentro con Macri- y un comunicado supremo que contradecía al jefe de Estado en temas de género fue redactado por la propia Highton. Fernández y parte del oficialismo habían comprado el buzón del zigzagueante Lorenzetti: estaban convencidos de que iba a votar a favor del Gobierno y suponían, tal vez, que era capaz de moldear una mayoría proclive a los deseos del peronismo gobernante. No sucedió. El rafaelino que fue repudiado en su terruño votó a favor de los intereses de los guardianes de la república y se quedó con la solidaridad de todos los sectores, incluido el todismo que creyó tenerlo de su lado.
La batalla despiadada entre Rosenkrantz y Lorenzetti provocó un malentendido generalizado y llevó a suponer que era imposible que se pusieran de acuerdo. Sin embargo, obligados a convivir, ya el jueves último habían votado juntos en el fallo que ratificó las condenas por el desastre de Once. Como reveló Letra P la semana pasada, en busca de volver a ocupar el cargo que perdió, el expresidente de la Corte hizo un viaje relámpago a Buenos Aires para venderles espejitos de colores a sectores antagónicos. En su palabra parecen haber confiado en la residencia de Olivos.
Fernández y parte del oficialismo habían comprado el buzón del zigzagueante Lorenzetti: estaban convencidos de que iba a votar a favor del Gobierno y suponían que era capaz de moldear una mayoría proclive a los deseos del peronismo gobernante.
De fondo, lo que existe es la nula relación institucional entre los miembros de la Corte y el Poder Ejecutivo. El Gobierno envió una sola vez a Losardo a hablar con los jueces y no volvió más a tender un puente que los incluya a todos. El siguiente comunicado oficial llegó a través de la pantalla de C5N, cuando el Presidente le anunció a Gustavo Sylvestre que iba a armar una comisión que se proponía, entre otras cosas, revisar el número de miembros de la Corte o, lo que es lo mismo, atentar contra el poder de los supremos. Leído como señal de guerra, ese mensaje que todavía recuerdan en el Palacio fue el último de importancia que recibieron.
Rosenkrantz está identificado con el gobierno que se fue, Rosatti nunca tuvo buena relación con Fernández y Maqueda, que tiene un añejo vínculo con el exjefe de Gabinete, es un enigma del que sólo se conoce su filiación peronista y su juego equidistante y experimentado. Si con Macri la relación terminó mal, ahora para algunos es peor porque ni siquiera existe. Pese a las fallas de la mesa judicial que superponía operadores de todo tipo y a los trastornos que le trajo al macrismo ungir a Rosenkrantz en lugar de Lorenzetti, los amarillos se dieron una política con la Corte que incluyó al menos seis visitas de German Garavano y unas cuantas de Marcos Peña. Nada de eso sucedió con los Fernández. ¿Por qué entonces el Gobierno esperaba un fallo a su favor?
TODO ACORDADO. La Corte no tiene jefe y cada voto vale uno. Tan cierto como que Rosenkrantz ganó puntos importantes en la consideración pública de los sectores afines a la corposición es que Lorenzetti, Maqueda y Rosatti fueron los artífices de la derrota oficialista. En el cuarto piso del Palacio dicen que alcanzaba con revisar los antecedentes para advertir que los tres estaban obligados a armar un voto conjunto: hace dos años, los miembros de la mayoría peronista habían firmado juntos tanto la acordada 4 -en mayoría- como la acordada 7, en soledad. Ese antecedente parece haber sido ignorado o subestimado por oficialismo, oposición y empresas de comunicación que tienen acciones en el máximo tribunal. Sin embargo, a nadie le costó tan caro como a los Fernández, que ahora se ilusionan con un fallo favorable la semana próxima, algo que en el Palacio pocos esperan.
En la resolución, la Corte aprovechó para marcarle la cancha al Consejo de la Magistratura y enviar un metamensaje que los entendidos ponen de relieve: el expediente que impugna la constitucionalidad de la cantidad actual de miembros del organismo que juzga y designa a los jueces pende, desde hace 14 años, como una amenaza. Fue el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires de la calle Montevideo el que cuestionó el proyecto de Cristina que aprobó el Congreso en 2006, redujo de 20 a 13 el número de consejeros y desplazó al presidente de la Corte del cargo de titular del organismo. Si los supremos le dieran la razón a la institución que lideran Guillermo Lipera, Roberto Durrieu y Máximo Fonrouge, darían otro golpe como el que ahora cuestiona el Gobierno.
