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Puertos: consorcios e intereses detrás de un meganegocio bajo lupa de Kicillof

Las empresas que dominan la actividad portuaria. Dragados polémicos y eximiciones sospechadas. Con una batería de denuncias, gremio pide auditoria del pasado reciente. Lo que viene.
Por 11/01/2020 12:07

La reducción del 50% que el bloque de Juntos por el Cambio impulsó para los gravámenes contemplados inicialmente en la ley impositiva de Kicillof para los servicios portuarios fue la primera muestra –no menor- que tuvo la flamante gestión sobre el poder de fuego de las multinacionales que operan en los puertos de la provincia de Buenos Aires.

Aunque obtuvo esa drástica disminución impositiva a partir de un fuerte lobby que incluyó advertencias públicas de “consecuencias ruinosas” en las economías de las terminales portuarias de avanzar ese gravamen, la persistencia recortada del mismo hace que voces de las cámaras que nuclean a estas multinacionales sigan deslizando advertencias de mudanzas de operaciones a puertos de otras provincias. Detrás de esos vaticinios con la ley impositiva ya consumada, también asoman inquietudes de estas grandes empresas por el futuro del manejo portuario bonaerense, que va de la mano con las políticas que el Ejecutivo provincial está pensando para el sector.

Por lo pronto, la flamante administración no hizo un desembarco formal de funcionarios en los casilleros clave del ámbito portuario, pero, según señalaron a este medio voces del sector con llegada a las nuevas autoridades, se está pensando en un perfil de gestión con mayor presencia estatal, lejos de la impronta vidalista que llevó a transformar en consorcios a las delegaciones portuarias que quedaban bajo control directo de la Provincia.
 


“La Provincia tiene un problema serio con la actividad portuaria, será necesario discutir una nueva ley de puertos pero por el momento quienes tienen sus actividades económicas más importantes en los puertos tienen la responsabilidad de tributar como lo hacen otras actividades”, remarcó esta semana a Radio Continental la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, al defender el impuesto a los servicios portuarios y dar cuenta de la posición que tiene el Ejecutivo ante la política de administración portuaria. “Son prácticamente consorcios privados y lo poco que tributan forma parte de la propia dinámica del consorcio. La provincia prácticamente no percibe ningún ingreso por la actividad portuaria. Esto significa un gran problema para la provincia”, explicó sobre el escenario recibido.

Respecto a la fuerte reducción que impulsó Cambiemos del tributo en cuestión, García subrayó que “la Provincia ha perdido una considerable cantidad de dinero”, teniendo en cuenta que la recaudación estimada con gravar la actividad de los puertos era aproximadamente de 4 mil millones de pesos.

En febrero, marzo y junio de 2019, la gestión Vidal creó los consorcios de gestión de los puertos de Dock Sud, San Nicolás y Coronel Rosales (Punta Alta), respectivamente. Siendo una figura autárquica, el Consorcio se despega de la Provincia a la hora de definir el perfil operativo portuario y, aunque mantiene un representante del Ejecutivo en su directorio, los asientos destinados a prestatarias, concesionarios, comercializadores y productores primarios hacen que el dominio privado incline la balanza en la toma de decisiones, más aun, cuando existen casos de representantes municipales con pasado reciente en firmas que son jugadoras fuertes en los puertos locales.

Tal es el caso de Bahía Blanca, donde el director portuario en representación del municipio, Pablo Pussetto, fue el gerente comercial de Profertil, la productora de fertilizantes que tiene como una de sus principales accionistas a la canadiense Agrium y posee su planta de urea granulada y amoníaco líquido en el puerto bahiense. Además, Profertil mantiene actividad en el puerto de San Nicolás, donde también marcan presencia fuerte empresas como Terminales y Servicios S.A -ex Ponal-, Servicios Portuarios S.A, Casport, Moviport y Pamsa S.A.
 


Los críticos del esquema de consorcios hablan de “privatización encubierta” y una fuerte injerencia de las empresas en esos directorios. El titular del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), Adolfo Barja, definió al consorcio como “un ni ni; ni privado ni público”, aunque en diálogo con Letra P consideró que, en ese esquema, “el Estado es el socio bobo, está para poner plata para la estructura, el dragado, pero cuando hay ganancias no ve un peso”.

El SUTAP es el gremio portuario más activo a la hora de cuestionar y denunciar irregularidades en los consorcios de gestión de los distintos puertos, al advertir que los mismos no realizan aportes al Fondo Provincia de Puertos que, afirma, se está “desfinanciando”. En ese escenario, pidió al nuevo gobierno “una auditoría en todos los puertos”.


Facsímil de la nota que SUTAP envió a Kicillof esta semana. Denuncia irregularidades en puertos bonaerenses durante la gestión Cambiemos.


“El control de las multinacionales” sobre los consorcios portuarios bonaerenses es un planteo que SUTAP ya hizo ante las nuevas autoridades del Ministerio de Producción provincial. Asimismo, presentó recientemente ante la Fiscalía de Estado con copia al gobernador Axel Kicillof, una denuncia que, según el documento, al que tuvo acceso Letra P, plantea irregularidades que abarcan a los consorcios de los puertos de San Pedro, Dock Sud y San Nicolás, con la lupa sobre varios funcionarios de la gestión vidalista, entre los que sobresalen el ex ministro de Producción Javier Tizado, el ex director de Actividades Portuarias Marcelo Gentile, el ex subsecretario de Puertos bonaerenses Rodrigo Silvosa y el ex director de Asuntos Administrativos Eduardo Azconegui, entre otros.

Ya el año pasado el gremio denunció por "estafa" a Tizado y funcionarios de su cartera por "licitaciones direccionadas" para obras de dragado en San Pedro y San Nicolás. También, acusó al ex ministro de Vidal de eximir del pago de tasas a grandes empresas que operan en el Puerto de Dock Sud, a cambio del dragado de accesos a sus propias dársenas. Aquí, el foco se puso en los grandes jugadores de este puerto, donde predomina el movimiento de combustibles: Shell, Exolgan y Destilería Argentina de Petróleo (DAPSA), entre otros.
 


En Bahía Blanca y Quequén, como contó Letra P, las multinacionales cerealeras con una extensa actividad en esos puertos (Cargill, ADM, CHS, COFCO y Dreyfus) registraron notables incrementos de sus actividades en 2019. Solo en porotos de soja, ADM incrementó sus exportaciones desde Bahía un 339% de un año a otro, mientras que giró un 504% más de trigo, por ejemplo. En Bahía, el titular del consorcio es Miguel Donadio, hombre muy cercano al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

En La Plata, el caballito de batalla del consorcio portuario local es la terminal de contenedores TecPlata, que maneja International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), gigante global de gestión portuaria propiedad de Enrique Anselmo Klar Razon Jr., magnate filipino que posee una fortuna valuada en 5,1 billones de dólares según la medición de Forbes de 2019.

ICTSI es uno de los potenciales interesados en la licitación del puerto de Buenos Aires, algo que abre interrogantes sobre la continuidad de las inversiones en TecPlata.


Durante 2019 se registró una fuerte reducción de las exportaciones en el puerto de Mar del Plata. En el sector apuntan al Consorcio.



Mientras tanto, las dificultades en la operatividad del puerto platense se siguen enfocando –según especialistas consultados por Letra P- en la necesidad de dragar el canal Magdalena, un trabajo que se viene pidiendo desde hace años y a partir del cual podrían ingresar barcos de gran tamaño.

En Mar del Plata, en tanto, el rol del consorcio que bendijo Dietrich y tiene como cabeza a Martín Merlini también estuvo en el centro de cuestionamientos de diversos actores del ámbito portuario. SUTAP apuntó a irregularidades en dragados, puntualmente el último realizado por una draga española que fue destacado por el ministro de Transporte del macrismo.
 



También, marcó que el puerto marplatense tiene una terminal de pasajeros que hace 20 años se hizo a nueva pero nunca operó, además de mantener decenas de naves hundidas o semihundidas que ocupan muelles y dificultan el tránsito.

Por otro lado, en la empresa Terminal de Contenedores Dos -integrada por un grupo de cooperativas que operan en el puerto marplatense-, su titular, Emilio Bustamante, afirmó que “la Terminal sufrió en el último año una caída del 40 por ciento de su actividad, debido a la falta de políticas públicas para promover el movimiento de cargas”, y definió el consorcio manejado por Merlini como “una gestión que no fomentó el desarrollo del comercio exterior por nuestro puerto”.