El manejo y control de la actividad portuaria bonaerense por parte del Ministerio de la Producción a cargo de Javier Tizado sigue siendo disparador de episodios provistos de polémica. El último de ellos refiere a una resolución recientemente publicada en el Boletín Oficial en el que el titular de la cartera productiva provincial aprobó el acta acuerdo con cinco empresas (Shell, Exolgan, Dapsa, Loginter e YPF) que operan en el puerto de Dock Sud y a partir del cual la Provincia eximirá a estas firmas del pago de tarifas y cánones hasta cubrir el monto que las mismas destinarán al “dragado de emergencia” para mejorar la operatividad en los accesos a sus propias dársenas.
Esta medida no dejó de ser cuestionada por voces gremiales que advirtieron que se redunda en un beneficio a grandes firmas como la petrolera Shell y Exolgan (principal operador portuario argentino). Asimismo, marcaron que el Ejecutivo avanza hacia un “vaciamiento del Fondo Provincial de Puertos”, teniendo en cuenta que los tributos que dejarán de abonar las empresas hasta amortizar los dragados son destinados a ese Fondo. Además plantearon dudas sobre el control estatal hacia esos trabajos.
¿De cuánto dinero se habla? El volumen máximo de sedimento habilitado a extraer es de hasta 810 mil m³, mientras que el precio unitario no podrá superar los 9,36 dólares más IVA por metro cúbico dragado. Traducido en pesos (al tipo de cambio actual) estos trabajos podrían representar hasta cerca de $380 millones. Según pudo saber este medio por voces del sector, la presión empresarial para realizar los dragados ya se venía ejerciendo hace meses. Tizado cedió bajo este mecanismo.
Asimismo, se definieron los volúmenes de dragado y tasas a compensar para cada una de las empresas. La mayor participación será de Exolgan (31,30% del total del dragado). A esta firma, gestora de un tercio del volumen total del comercio exterior de contenedores en el país, Tizado le compensará el canon por permisos de usos, tasa inmueble propio y canon fijo mensual concesión.
Tanto a Shell (21,52%) como a YPF (28,51%), se le compensa el canon por permiso de uso, tasa de inmueble propio y removido. A Destilería Argentina de Petróleo S.A. (DAPSA), que tendrá una participación del 12,52% del total del dragado, se le compensa el canon por permiso de uso y removido, mientras que a Loginter (6,16%), se le compensa el canon por permiso de uso y tasas a las cargas por mercaderías operadas.
“Esto es para vaciar el Fondo Provincial, estas empresas van a pagar mediante la condonación de tasas, todo una mentira. Vienen por el Fondo Provincial”, advirtió a Letra P Adolfo Barja, secretario General de la Sutap (Portuarios), entidad que también se manifestó en contra de la reciente creación del consorcio portuario en Dock Sud, en enero pasado, al subrayar que la generación de consorcios son “privatizaciones encubiertas” que terminan por perjudicar al trabajador portuario.
El acuerdo entre la Provincia y estas empresas comenzó a gestarse a finales de 2018, cuando los grandes operadores de Dock Sud (una de las plazas portuarias bonaerenses con mayor recaudación) solicitaron a la subsecretaria de Actividades Portuarias -a cargo de Rodrigo Silvosa- iniciar un expediente de eximición de pagos de tasas y cánones de arrendamientos, al fundamentar la necesidad de realizar un dragado de emergencia, debido a la sedimentación “demostrada en las batimetrías oficialmente realizadas en esa jurisdicción por personal de la Dirección Provincia del Actividades Portuarias”.
Así, plantearon “la urgencia del caso” y la necesidad de “un dragado preventivo que permita seguir operando el puerto hasta que se pueda llevar adelante un dragado integral”, por lo que consideraron que los trabajos “revisten el carácter indudable de utilidad pública".
Por su parte, el ministerio de Tizado amparó el aval a este acuerdo en “la imposibilidad de financiamiento de las obras señaladas”, por lo que consideró “oportuno y conveniente receptar la propuesta formulada para dar inicio a las tareas de dragado del Canal de Acceso Sud e Interior del Puerto de Dock Sud”.
En el acuerdo se detalla que el Ministerio reconoce que las obras de dragado de emergencia previstas "vienen a salvar la necesidad urgente e indispensable de garantizar la seguridad en la navegación”.
Para esto, la cartera conducida por Javier Tizado se toma del artículo 27 del Anexo único del Decreto Nº 981/14 que faculta a la autoridad ministerial a suscribir con las empresas del sector portuario convenios de actuación para el financiamiento y ejecución de obras en jurisdicción de las terminales portuarias, en compensación con los recursos que por los diversos ingresos del cuerpo tarifario deban percibirse e ingresar al Fondo Provincial de Puertos "en la medida que concurran situaciones de emergencia o razones de conveniencia.”
Esa norma también plantea que el financiamiento de las obras mediante cuentas por cobrar, "en ningún caso podrá importar delegación de la potestad de ejecutar obras públicas que recae sobre la autoridad portuaria provincial". Más allá de esto, párrafos mediante, se estableció que el ministerio "autoriza a las empresas" a "contratar” la realización de tareas de dragado, mientras que el concurso de precios será "efectuado" por los privados, por lo que el rol estatal solo queda relegado a una supervisión de la que en Sutap también dudan de su cumplimiento.
