Para eso reanudó el contacto con las contrapartes en el Fondo, el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el jefe de la misión para el país, el italiano Roberto Cardarelli.
El desembolso estaba previsto originalmente para mediados de este mes, pero es imposible que se produzca ya que ni siquiera llegó al país la misión técnica que debe auditar las cuentas nacionales del segundo trimestre, requisito ineludible para que la cuestión sea aprobada en el Directorio.
El organismo no hará el nuevo desembolso hasta no tener claro que el dinero no se usará para financiar una nueva fase de la corrida cambiaria.
En el Gobierno explican que esas metas se cumplieron y que, por esa razón, no hay ningún motivo para que se trabe el giro del dinero.
Sin embargo, en el Fondo saben que la crisis económica se agravó después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, con una nueva disparada del dólar y la inflación, lo que llevó al presidente Mauricio Macri a autorizar una serie de medidas (reducción del IVA a alimentos, bonos para empleados del Estado y refuerzo de planes sociales) que tienen un costo fiscal de 50.000 millones de pesos adicionales a lo inicialmente previsto.
Así las cosas, el organismo no hará el nuevo desembolso hasta no tener claro que el dinero no se usará para financiar una nueva fase de la corrida cambiaria.
Obsesionado con el nivel de reservas del Banco Central, más allá de los muchos frentes que debería atender en caso de ser elegido presidente, Alberto Fernández ya le advirtió al organismo que incumplió el artículo VI de su propia Acta Constitutiva al permitir que el 80% del dinero desembolsado hasta ahora se haya fugado del sistema. El dato es sensible y en Washington se tomó nota de él.
El Ministerio de Hacienda considera que el gran obstáculo es político, tanto por los interrogantes locales de la transición hacia las elecciones del 27 de octubre y el esperable triunfo de Fernández como por el cambio de autoridades en el propio FMI, que será presidido por la búlgara Kristalina Georgieva.
Lacunza cree que el dinero llegará antes de fin de año, alrededor de la fecha prevista para la asunción del nuevo presidente, el 10 de diciembre. Mientras, confía en manejar la coyuntura en base al control de cambios impuesto recientemente.
Sin embargo, el desmadre económico que precipitó la salida de Nicolás Dujovne y su reemplazo por Lacunza llevó al propio Gobierno a anunciar una renegociación del Stand-by, algo que tampoco suma para que la entidad siga enviando dinero que, mientras ese diálogo no se concrete, no sabe cuándo ni cómo le será devuelto.
Lacunza no tiene dudas de que el dinero llegará antes de fin de año, alrededor de la fecha prevista para la asunción del nuevo presidente, el 10 de diciembre. Hasta que eso ocurra, confía en manejar la coyuntura en base al control de cambios impuesto recientemente, que impide a las empresas atesorar dólares y girar dividendos en esa moneda al exterior, a la vez que limita a 10.000 dólares mensuales la compra de las llamadas “personas humanas”.
Transitar la espera, sin embargo, no será fácil. Por un lado, los 5.400 millones de dólares están previstos en el marco del programa financiero para atender a las obligaciones del país de aquí a fin de año; que ese dinero no llegue podría generar una reacción negativa del mercado financiero y empeorar la situación de default selectivo en la que cayó el país con el “reperfilamiento” de la deuda de corto plazo con personas jurídicas. Asimismo, hay un faltante de alrededor de 400.000 millones de pesos (equivalentes a unos 7.100 millones de dólares) para atender a los gastos previstos.
La expectativa del Gobierno es que el FMI terminará por concederle un waiver al país por sus incumplimientos del tercer trimestre, pero que no cortará del todo el flujo de dinero. Mientras tanto, se dará tiempo para despejar sus dudas sobre cómo sería la relación con Fernández en caso de que este efectivamente se convierta en el próximo presidente.
Por presión de Donald Trump, el Fondo cerró al año pasado con la Argentina el mayor paquete de financiamiento de su historia, por 57.000 millones de dólares, y se juega mucho en que el programa no termine en un fracaso total, con ese dinero fugado y con un país sumido en una crisis terminal. Por eso la expectativa del Gobierno y de los analistas privados es que termine cediendo antes de fin de año.
Un dato clave para todos los actores involucrados será la evolución de las reservas del Banco Central. Si estas siguen cayendo aceleradamente a causa de la corrida contra el peso y la fuga de divisas, el Fondo se mostrará más renuente a realizar el desembolso. En tal caso, el Gobierno debería apretar más el cepo, ya sea para darle las garantías necesarias o, simplemente, para resistir.