En lo que respecta a las personas jurídicas (empresas de todo tipo, bancos, fondos de inversión, casas bursátiles, compañías de seguros, etcétera), directamente no podrán hacerse de dólares para atesoramiento.
El límite para las personas físicas es amplio, pero el avance sobre su posibilidad de compra y la prohibición lisa y llana para las empresas serán leídos por el mercado financiero a partir de este lunes como una remake del “cepo” K, tan vapuleado por el macrismo en la campaña electoral de 2015.
La pregunta que se hacen en estas horas analistas consultados por Letra P es si la medida no acelerará la compra de divisas por parte de todos los habilitados a operar de acuerdo con los nuevos parámetros.
El Gobierno aclaró que nadie estará limitado para extraer dólares de sus cuentas bancarias, ni las personas físicas ni las jurídicas, con lo que descarta la imposición de un "corralito" como el de Domingo Cavallo en 2001.
Para evitar escenas de nerviosismo como las de última semana, los bancos estarán facultados a extender su horario de atención hasta las 17 horas a lo largo de septiembre.
Por otro lado, en el Gobierno explican que no habrá trabas al comercio exterior como las aplicadas en tiempos de Guillermo Moreno ni restricciones a los viajes fuera del país.
La decisión se conoce después de que el Gobierno hubo anunciado el miércoles, por medio de su ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, una renegociación de los vencimientos de deuda de corto y mediano plazo, así como una reprogramación de los pagos por Letras del Tesoro en dólares y en pesos para los inversores institucionales, lo que le valió al país la declaración de "default selectivo" por parte de S&P (luego levantado) y de "default restringido" de Fitch, aún vigente.
De acuerdo con lo averiguó Letra P, en el Gobierno se negarán a hablar de “cepo” y diferenciarán esta medida, que cuenta con un parámetro objetivo, con la aplicada en tiempos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, en la que las operaciones dependían de autorizaciones poco claras de la AFIP, señalará el discurso oficial.
“Se trata de medidas para proteger el mercado cambiario y a los pequeños y medianos ahorristas”, le dijo a este portal una fuente de la Casa Rosada que salió a defender la impactante decisión.
En el Gobierno se negarán a hablar de “cepo” y diferenciarán esta medida, que cuenta con un parámetro objetivo, con la aplicada en tiempos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, en la que las operaciones dependían de autorizaciones poco claras de la AFIP, señalará el discurso oficial.
El decreto se fundamenta en “los recientes acontecimientos económico-financieros desencadenados, de público conocimiento, y (en) la incertidumbre generada en el marco del proceso eleccionario en curso” Ante eso, señala que “es necesario adoptar medidas transitorias y urgentes para regular con mayor intensidad el régimen de cambios y, de esa forma, fortalecer el normal funcionamiento de la economía, contribuir a una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real”.
El texto recuerda, después de tres años y ocho meses de gestión, “que, conforme surge del inciso b del artículo 29 de su Carta Orgánica, el Banco Central de la República Argentina debe ‘dictar las normas reglamentarias del régimen de cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija’”. “En ese marco -continúa-, es necesario establecer ciertas reglas extraordinarias y transitorias relacionadas con las exportaciones de bienes y servicios, con las transferencias al exterior y con el acceso al mercado de cambios”.
Al pasar a lo operativo, el decreto presidencial establece en su artículo 1 que “hasta el 31 de diciembre de 2019, el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central de la República Argentina”.
En lo concreto, los exportadores deberán liquidar sus dólares en un plazo máximo de cinco días hábiles después del cobro o de 180 días después del permiso de embarque. En tanto, para las operaciones con materias primas, el grueso del universo exportador nacional, el período será de 15 días.
Esto último y el control de cambios son disposiciones que van de la mano, ya que no tendría sentido ponerles un plazo a los exportadores para que liquiden sus divisas en el mercado si no existiera alguna traba para que puedan darse vuelta de inmediato y, con los pesos resultantes de la primera operación, redolarizarse y sacar los fondos del país.
Ambos controles implican para Macri bajar dos banderas al mismo tiempo: una, su discurso favorable a la libertad del mercado del dólar, lo que lo llevó apenas asumido en diciembre de 2015 a determinar una salida del llamado “cepo” kirchnerista, algo que por su carácter abrupto implicó un golpe inflacionario del orden del 40% en 2016 y, como consecuencia, una reducción del consumo popular y una recesión económica; otra, la decisión, también inicial, de darles a los agroexportadores la posibilidad de liquidar sus divisas en un plazo de hasta diez años.
El control de cambios y el emplazamiento para que los exportadores liquiden sus divisas van de la mano, ya que si no existieran trabas, las divisas volcadas al mercado podrían volver a reconvertirse en billetes verdes que saldrían de inmediato del país.
Con todo, en la emergencia, que en los últimos días implicó incluso laa aceleración de una preocupante ola de retiros de depósitos en dólares de los bancos, con especial impacto el viernes, opta por un pragmatismo forzado que le permita llegar con algún oxígeno al plazo de entrega del mando, el próximo 10 de diciembre.
De esta manera, Macri también busca, con inspiración del ministro Lacunza, frenar la sangría de reservas del Banco Central, que superó 900 millones de dólares el último jueves, 1.900 millones el viernes y unos 13.000 millones a lo largo de agosto.
Según cálculos privados, las reservas netas que el Central puede utilizar para frenar la corrida contra el peso no superan ya los 12.000 millones de dólares, una cifra considerada escasa y que enciende todas las alarmas en el equipo de asesores del máximo favorito para suceder a Macri, el peronista Alberto Fernández.
Por otro lado, el artículo 3 del decreto emitido este domingo faculta al Banco Central a “establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones tendientes a eludir, a través de títulos públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en esta medida”.
Eso significa que se controlarán las llamadas operaciones de “contado con liquidación”, que permiten dolarizar carteras a través de la compra en pesos en el mercado local de acciones y títulos públicos que también cotizan en Nueva York, donde son vendidos en dólares.
El texto también corrige uno de los puntos más cuestionados del anuncio del miércoles último de Lacunza, esto es la reprogramación de los vencimientos de Letras del Tesoro en dólares y en pesos en poder de los inversores institucionales. En ese momento no se advirtió que en los fondos comunes de inversión figuran como cuotapartistas personas físicas que quedaron “acorralados” con sus ahorros. Ahora estos podrán recibir el 100% de su dinero al igual que todos los tenedores individuales de esos títulos de deuda de corto plazo.
