Luego de un año en el que el escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires develó la trama oscura del financiamiento de las campañas del oficialismo de 2015 y 2017 en la principal jurisdicción del país, la mirada se posa sobre los movimientos en torno a la recolección de recursos para la decisiva elección de este año.
El PRO bonaerense manejó con marcado sigilo el nombre de la persona encargada de reemplazar al frente de la tesorería partidaria a María Fernanda Inza, quien cayó en desgracia en el gabinete vidalista por la investigación realizada por el periodista Juan Amorín en El Destape.
A diferencia de aquel caso, que se trataba de una funcionaria con extenso recorrido al lado de la gobernadora María Eugenia Vidal (por entonces a cargo de la presidencia partidaria), para afrontar las cuentas del partido -ahora comandado por Jorge Macri en el orden provincial- se eligió a un sub 40 sin rodaje visible en el campo PRO y con un pasado signado por la mayor petrolera norteamericana, Chevron.
Se trata de Leonardo Adrián Di Pietro (37), un licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que, tras desempeñarse durante 13 años en Chevron, fichó para el PRO bonaerense en octubre pasado, semanas después del encuentro en el que el presidente Mauricio Macri y gerentes de la multinacional petrolera mantuvieron en Olivos para abordar el tema Vaca Muerta.
MEJOR PREVENIR. Con un magíster en Business Administration del CEMA, Di Pietro es profesor de la cátedra de Finanzas de Empresas II de Económicas en La Plata y se vende como especialista en control interno, auditoría y compliance. ¿De qué se trata esto último? El compliance ganó terreno en las empresas como una herramienta “para prevenir la corrupción”.
Según los especialistas en la materia, se trata de instrumentos y controles (a nivel de políticas y procedimientos) “para prevenir que delitos y faltas no ocurran” en los organismos.
En Chevron, Di Pietro arrancó en 2005 como analista de cuentas por cobrar y desde allí comenzó un largo derrotero hasta ser el responsable de compliance, controles internos, optimización de los procesos y auditorías para las operaciones de la petrolera en Latinoamérica.
Especialista en la ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (creada post Watergate para regular el accionar de empresarios norteamericanos a la hora de licitar y celebrar contratos en el exterior), entre las principales responsabilidades de Di Pietro en el gigante petrolero figuraban los procedimientos para asegurar un adecuado encuadramiento a las leyes anticorrupción, el Código de conducta y ética empresarial y una definición que la administración macrista hizo saltar a la fama: conflicto de intereses.
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No parece casual ese perfil teniendo en cuenta el escandaloso antecedente reciente. En España, la incorporación de profesionales en este aspecto fue ganando terreno, sobre todo en el Partido Popular luego de la seguidilla de casos de corrupción que le valieron el cargo al ex mandatario español admirado por Macri, Mariano Rajoy.
FUSIBLE PRECIOS CUIDADOS. Más allá de los atributos profesionales que ponen al ex Chevron en ese casillero caliente, las razones también se pueden ubicar desde el plano de prevención política. En el oficialismo tienen en claro que Inza fue un fusible para evitar que el escándalo trepe hasta Vidal, máxima responsable del partido por entonces. Sin embargo, podría haber sido un fusible más económico en términos políticos.
La funcionaria que ofrendó el vidalismo para hacer un torniquete a la gangrena del financiamiento de las campañas PRO no dejó de ser una persona del círculo de confianza de la gobernadora, quien la había designado horas antes como Contadora General de la Provincia para colocarla –detrás de ella, claro está- como la mujer más encumbrada del organigrama bonaerense, predominantemente masculino.
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Correr a una funcionaria de su riñón cuando la tinta del decreto que le asignaba su nuevo –y fugaz- rol aún estaba fresca no dejó de ser una mancha en la gestión V.
De ese dato también tomó nota la armada amarilla bonaerense al momento de optar como nuevo tesorero del partido a Di Pietro, un fusible versión precios cuidados ante cualquier eventualidad que pudiera surgir con los números de los balances PRO durante el decisivo año electoral. De todas formas, dentro del reciente historial laboral del joven tesorero también figura desde febrero de este año un organismo provincial: el Tribunal de Cuentas bonaerense.
BALANCE DEBUT. Por fuera de las cucardas que lo posicionaban como un ordenador de las presentaciones financieras del partido amarillo, el estreno del ex Chevron fue con un traspié.
Según detalló Letra P, en la presentación inicial de la documentación que debe respaldar el estado contable del espacio político, no figuró el listado con las identidades de los aportantes que sostuvieron económicamente los gastos de funcionamiento y actividades del PRO bonaerense durante el ejercicio 2018.
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La mala praxis en ese sentido fue de tal magnitud que el subrogante del Juzgado Electoral bonaerense, Adolfo Gabino Ziulu –de amigable proceder con el oficialismo-, hizo un llamado de atención. Cara visible del planchado de la causa de los aportantes truchos, Ziulu intimó en abril último al PRO bonaerense a que en el plazo de diez días hábiles "acompañe nuevos extractos de movimientos donde surjan los datos personales de quienes hayan efectuado depósitos en la cuenta partidaria".
En efecto, así se hizo y bajo parámetros diametralmente distintos a los realizados para dar cuenta de los aportes de las últimas dos campañas. Mientras que en 2017 casi el 90% de las donaciones realizadas al PRO fueron en efectivo (y en ellas todas se ubicaron las realizadas por los aportantes truchos), en 2018 ni una sola de las “contribuciones y donaciones privadas de personas físicas” para el “desenvolvimiento institucional” del partido amarillo en la esfera bonaerense fueron en efectivo, sino mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o depósito en cuenta bancaria.
Fue poco más de $11.5 millones lo recaudado el año pasado en concepto de “donaciones”. Dentro de las 127 páginas de contribuyentes al PRO bonaerense proliferan (y en muchos casos se reiteran todos los meses) los nombres de ministros y funcionarios de segunda y tercera línea de la administración vidalista, además de todos los legisladores amarillos, intendentes y hasta funcionarios de las comunas PRO.
Vidal aparece en nueve ocasiones, aportando en total cerca de $28 mil, mientras que ministros como Gabriel Sánchez Zinny figuraron con un poco más ($50 mil).
En esta cruzada tendiente a depurar aportantes truchos del último balance hasta figuró el fusible del escándalo, María Fernanda Inza, que en once ocasiones aportó en total más de $44 mil para el desenvolvimiento institucional del partido que la despidió en el orden bonaerense pero que la ubicó en el plano nacional (actualmente cumple funciones en Casa Rosada). El flamante tesorero, por su parte, prefirió no levantar demasiada polvareda: aportó 52 pesos.