X
La resolución que declaró inconstitucional el nuevo sistema de liquidación hace tambalear una la ley sancionada por el oficialismo con apoyo de un sector del PJ y del massimo.
Por 10/05/2019 12:08

La sentencia dictada por la Suprema Corte bonaerense en relación a un amparo individual de un jubilado del Banco Provincia afectado por la reforma previsional para el sector impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal sacude el tablero político gremial de la provincia de Buenos Aires. En un año electoral, la máxima instancia judicial del territorio de mayor peso electoral dictó una sentencia contraria a los intereses del oficialismo de turno. Un dato central: en la fundamentación de la sentencia, la Corte utilizó un razonamiento similar a los argumentos con los que el gremio de los bancarios reclama la inconstitucionalidad de la norma.

Tras la resolución de este amparo individual, la Asociación Bancaria, con la firma de su secretario general nacional, Sergio Palazzo, fue más allá y solicitó a la Justicia bonaerense, mediante un amparo colectivo, que ordene una medida cautelar y disponga que, hasta tanto se dicte la sentencia de fondo, se suspenda la aplicación de la reforma teniendo en cuenta, ante todo, la naturaleza alimentaria del derecho en juego.

Si bien la sentencia es aplicable para un solo caso, no se descarta que sea extensiva a expedientes similares mientras se define el fondo de la cuestión planteado por seccionales bonaerenses del gremio, que el 20 de septiembre de 2018, en el marco de una movilización masiva en La Plata, presentó ante la Corte el apoyo oficial de 90 concejos deliberantes bonaerenses para que se declare “inconstitucional” la reforma jubilatoria.

 

 

La ley 15.008 se sancionó en diciembre de 2017, dejó como saldo heridos en una manifestación y al intendente ultrakirchnerista de Ensenada, Mario Secco, con juicio oral en trámite por presuntamente invadir una sesión legislativa y evitar la labor parlamentaria en la que se debatía el proyecto.

La iniciativa impulsada por la gobernadora contó con el acompañamiento silencioso de una parte del peronismo y del Frente Renovador, que la ayudó con el quórum. Fue en el marco de un palacio legislativo vallado y con un fuerte operativo de seguridad, teniendo en cuenta que la semana anterior el tratamiento del proyecto había sido suspendido debido al paro impulsado por los bancarios y a la situación de violencia que se vivió fuera y dentro del Parlamento.

Finalmente, la normativa entró en vigencia en 16 de enero de 2018, cuando su texto fue promulgado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

 

 

 

Palazzo le dijo a este portal que la Corte “tiene dos opciones”, que son “darnos la razón como ya nos la ha dado y sentar jurisprudencia o no, porque es un amparo colectivo. En ese caso, obviamente haremos las presentaciones individuales por todos los jubilados del Banco Provincia. Es cuestión de tiempo para que todos tengan una satisfacción en el mismo sentido”.

En relación a los plazos de resolución del proceso, Palazzo razonó que “la justicia debería actuar rápidamente en estos casos porque hay una afectación directa al derecho de los trabajadores. Esperemos que tenga la rapidez suficiente, (porque) ya hemos esperado bastante una definición”.

Desde que se conoció el proyecto finalmente aprobado y vigente, las seccionales gremiales bonaerenses de la Asociación Bancaria de Argentina se movilizaron por todo el territorio en rechazo de la reforma jubilatoria para los trabajadores de la banca pública provincial. Quien encabezó esa pelea fue el dirigente Federico Bach, titular de la seccional platense de La Bancaria. Ante la consulta de Letra P, consideró que “el fallo Machi es muy importante para nosotros. Pese a ser una resolución individual, empieza dando la razón al planteo de inconstitucionalidad de la ley 15.008, que es una aberración jurídica porque baja salarios y cambia las reglas de juego para los jubilados ya que tiene efectos retroactivos”.

 

 

En la actualidad, la caja previsional del sector atiene a 16 mil trabajadores pasivos, quienes, desde la puesta en marcha de la reforma, perdieron más de 20% de poder adquisitivo de sus jubilaciones, según estiman en cálculos gremiales. Esa cifra será calibrada con mayor precisión con el comienzo de la paritaria nacional.

La resolución de la Suprema Corte es del 17 de abril, pero recién se conoció el pasado 7 de mayo en un clima de turbulencia dentro de la cima judicial bonaerense, cruzada por la designación del juez federal Sergio Torres como integrante de ese cuerpo, situación que es resistida desde las entrañas del Palacio de Justicia.

Este alboroto judicial que emana de la Corte bonaerense hacia el Ejecutivo no es el primero del año. El pasado 24 de abril reclamó más presupuesto para el Poder Judicial y se le plantó a Vidal: rechazó las sugerencias del Ministerio de Economía, a las que considera una intromisión entre poderes.

 

 

Antes, el 5 de julio de 2018, en tándem con el procurador general vidalista Julio Marcelo Conte Grand y el Colegio de Magistrados bonaerense, demandaron actualizar los salarios judiciales por inflación.

Además, la Corte también le señaló recientemente a Vidal los errores que comete en la gestión de cuidado y abrigo a menores en situación de riesgo social o vulnerabilidad de todo el sistema de protección de niños y niñas.