La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguró este martes una cárcel modelo para 600 plazas en la localidad de Campana. Se trata de una obra anunciada en junio de 2018 que alojará a jóvenes de 18 a 21 años que cumplan una pena no mayor a cinco años.
La mandataria centró su discurso en dos ejes: la reinserción de detenidos que en la mayoría de los casos son novatos en materia delictiva y la tranquilidad de que esa readaptación, aunque en una porción ínfima sobre el total de la población carcelaria, generaría en los vecinos asustados por la inseguridad.
Vidal no mencionó entre sus argumentos que justificaban la inauguración de una nueva cárcel
el 91% de superpoblación que existe en los penales bonaerenses, una cifra denunciada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y atendida por la Justicia, que convocó al gobierno a descomprimir la situación. Tampoco aludió al 197% de superpoblación de personas en las comisarías, una situación que, además de inhumana, es ilegal porque los calabozos solo son un lugar de tránsito para las personas detenidas.
El discurso de Vidal, transformado en un nuevo relato de campaña, apuntó directamente a la clase media, aquella que la votó en 2015 y que ingresa a este año electoral con incertidumbre económica y miedo por el avance de la inseguridad.
“Queremos demostrar a la gente que el camino de la seguridad incluye la reinserción para quien cometió un delito, que eso es clave para que todos nos sintamos más seguros”, afirmó la gobernadora durante el acto que compartió con el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y el intendente local, Sebastián Abella.
“Nuestro desafío es mostrar que la reinversión es posible, porque lo que pasa en las cárceles, aunque nadie quiere mirar, tiene que ver con la seguridad”, remarcó la mandataria.
“Para nosotros la política carcelaria es parte de la política de seguridad, porque no alcanza con la reforma judicial, no alcanza con la reforma en la Policía de la provincia, no alcanza con las políticas sociales si además no nos dedicamos al sistema carcelario”, destacó.
“Nosotros no transamos con la corrupción carcelaria” dijo Vidal, que retomó también el discurso de la lucha contra las mafias, las cuales, aseguró, existían en el Servicio Penitenciario y que su gobierno logró aplacar.
Además, recordó la remoción a la cúpula penitenciaria. “Hicimos cientos de apartamientos en el Servicio, incorporamos más mujeres como jefas de penales”.
“Cuando llegamos encontramos un sistema abandonado, más de 50 cárceles que no tenían cámaras y lo vimos a los pocos días cuando fue la triple fuga, que no tenían un centro que controlara esas cámaras, no tenían candados... se hablaba mucho de los Derechos Humanos pero siete mil presos dormían en el piso, la comida no llegaba y los medicamentos tampoco y la mayoría de los detenidos no tenía nada que hacer en el día".
"Esto empezó a cambiar; hay más de 1.400 lugares nuevos generados hasta el día de hoy que van a ser tres mil plazas para fin de año. Hoy la mayor parte de los detenidos en la provincia estudia o trabaja. Cuando arrancamos, había 50 talleres de capacitación en oficios y hoy tenemos 340 funcionando", dijo.
EL COLAPSO. La política carcelaria del Ejecutivo bonaerense muestra datos duros. Al momento de la presentación del último informe anual realizado por la CPM, el coordinardor del organismo, Roberto Cipriano, le había dicho a Letra P que las cárceles de la provincia de Buenos Aires tenían capacidad para alojar a 20 mil personas, pero la población ascendía a 41 mil internos.
"Es más del doble de la población que puede albergar ese sistema. En las comisarías hay mil camastros y 3.200 personas alojadas. En los institutos de menores pasa lo mismo: sobrepoblación", agregó.
"Olmos es una cárcel construida para 800 personas. No sólo es vieja, sino que hoy tiene 2.600 internos. Entonces la instalación eléctrica revienta, las cañerías explotan, las cloacas rebalsan, no puede funcionar el lugar de esa manera", graficó Cipriano.