Los presos alojados en comisarías de la provincia de Buenos Aires seguirán ubicados allí y se les avizora una larga estadía en esos lugares. Así se desprende de la audiencia convocada por una jueza de La Plata con organismos defensores de los derechos de personas privadas de su libertad y representantes de los ministerios de Seguridad y de Justicia bonaerense, junto a Fiscalía de Estado. El encuentro, desarrollado este jueves en la ciudad capital, fue convocado por la Justicia para buscar una solución que termine con la sobrepoblación en comisarías. Según reconoció la propia cartera de Seguridad bonaerense a través de una expediente judicial, en la actualidad el hacinamiento en calabozos supera el 270% en todo el territorio bonaerense.
A la audiencia estaban citados los ministros Cristian Ritondo (Seguridad) y Gustavo Ferrari (Justicia), pero ambos representantes optaron por derivar la tarea en funcionarios de segunda linea, sin poder de decisión. Los enviados de los ministros solo llevaron a la audiencia un puñado de promesas y declaraciones de rigor, un conjunto de buenas intenciones, pero sin un plan concreto de gestión.
La jueza en lo Contencioso Administrativo María Ventura Martínez ordenó este año, mediante un amparo el desalojo de los calabozos policiales, habida cuenta de las malas condiciones de hábitat y del peligro que genera la detención excesiva en comisarías de personas en conflicto con la ley. La medida fue apelada por el gobierno de María Eugenia Vidal, pero confirmada por la Cámara del fuero en la ciudad de La Plata. El reclamo había sido impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por el Colectivo de Intervención y Acción Jurídica (CIAJ).
Por eso, desde la Justicia, se decidió plantear una reunión con todas las partes para definir el plan a seguir para revertir esa situación irregular. Tras la audiencia, que se extendió por más de dos horas, los representantes del Estado se retiraron sin hacer declaraciones y eludiendo el contacto con la prensa. Quien sí habló fue Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS, quien en diálogo con Letra P confirmó que “no hubo ningún avance” en el cumplimiento de la medida judicial por parte del gobierno bonaerense.
Los funcionarios del gobierno “plantearon algunas cuestiones que se están haciendo sobre la posibilidad de generar algunas plazas, pero no mostraron una planificación o decisión administrativa dando cuenta de la articulación del gobierno provincial de modificación de la política”, detalló la abogada y precisó que informaron sobre la refacción de “algunas plazas de alcaidías o agregar un colchón más, una cama más” a las celdas penitenciarias existentes.
“Hay un aumento de la tasa de encarcelamiento y una situación que desborda a la Provincia que está generando una mayor cantidad de presos en comisarías y mientras se mantenga la misma política de seguridad esta tendencia no se va a modificar. Un poco el planteo del Estado provincial es que en la situación actual es de cumplimiento imposible la medida cautelar de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo de La Plata”, detalló Litvachky.
Desde el CELS consideran que la situación en la que está la Provincia no es un hecho de la naturaleza, “es producto de políticas concretas, entonces hay que trabajar con políticas específicas para modificar la tendencia y resolver el problema”, expresó la dirigente.
Litvachky fue clara al sostener que la “respuesta a este problema no es agregar un colchón en una alcaidía o una cárcel, el tema no es agravarles el problema a otros detenidos, sino que la Provincia resuelva su gravísimo problema de hacinamiento y superpoblación carcelaria”.
En la audiencia también se debatió sobre la posibilidad de aumentar la cantidad de personas con tobillera electrónica y que cumpla arresto domiciliario mientras dure el proceso. En la actualidad, algo más de mil personas cuentan con ese beneficio, según registros oficiales. “La Provincia viene subiendo la cantidad de personas con monitoreo, pero eso no es determinante, no es un número representativo para resolver el tema. Nosotros estamos de acuerdo en que se aporten arrestos domiciliarios o salidas alternativas, el planteo nuestro es que la gravedad de la situación con la cantidad de sobrepoblación la vía del monitoreo electrónico no va a resolver el problema”, consideró.
El planteo de la Provincia es que es de “imposible cumplimiento” la medida judicial. No hay más cupos en las cárceles del Servicio Penitenciario “y en algún lugar hay que ponerlas”, expresaron los funcionarios estatales, pero para Litvachky “eso es un poco la falacia de la discusión, porque el planteo en ese sentido no es que la cantidad de detenido surgen a partir de las naturaleza, sino que son a través de decisiones políticas y judiciales. Lo que tiene que haber es una decisión política, de la Suprema Corte y del Ministerio Público Fiscal de trabajar para modificar la tendencia y bajar la tasa de encarcelamiento provincial, no hay otra solución”.
“Claramente entendemos que esto no se resuelve de un día para el otro, esto es una situación estructural, pero en la medida que la Provincia no muestre que está impulsando políticas para modificar la tendencia lo que nosotros damos es por incumplida la decisión de la Cámara Contenciosa”, consideró la dirigente.
