Inversión en infraestructura edilicia. Equiparación de salarios de los magistrados provinciales con sus pares federales. Autarquía del Poder Judicial. Reforma judicial consensuada y con partidas presupuestarias aseguradas. Estas son algunas de las demandas que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) tiene en carpeta para presentarle al gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La situación financiera y económica de la provincia es crítica. La herencia será una deuda que supera los 11.000 millones de dólares en un marco de constantes presiones por ayuda social e los sectores más postergados de la población. En este escenario de posibles turbulencias, Kicillof deberá hacer equilibrio con el Poder Judicial más grande del país en cuanto a cantidad de magistrados, funcionarios y trabajadores que quedaron rezagados en sus necesidades por la administración de María Eugenia Vidal, quien el 5 de diciembre pasó por el Palacio de Justicia a despedirse.
El 4 diciembre, la nueva conducción del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires se reunió con el presidente de la SCBA, Eduardo Néstor de Lázzari, quien confirmó que la Corte dispuso que la reforma del procedimiento laboral no será operativa hasta que se realicen las adecuaciones estructurales necesarias. Este nuevo sistema formó parte de la reforma judicial inconclusa que dejó Vidal, que debía comenzar a regir el 1 de febrero de 2020 pero desde la cima judicial ya avisaron que no se pondrá en marcha hasta que no se complete la designación de magistrados para el fuero laboral y se cuente con las instalaciones edilicias adecuadas, confirmaron fuentes del encuentro consultadas por Letra P.
La relación de la Corte con el vidalismo fue sinuosa. Hubo altos y bajos, pero el conflicto no tuvo retorno desde abril de 2018, cuando los supremos se plantaron ante la gobernadora en reclamo de mayor presupuesto, debido a que no se podía garantizar el servicio de justicia. Este mal clima tenía como telón de fondo el reclamo de las y los trabajadores judiciales nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que pugnaron -con escasa suerte- por una paritaria cuyo piso sea de aumentos salariales que al menos equiparen la inflación.
Un mes después, la máxima instancia judicial provincial declaró inconstitucional el sistema de liquidación de jubilaciones para la caja de trabajadores del Banco Provincia (Bapro), otro conflicto abierto que deberá hacer frente la nueva gestión, con el agregado de que la Corte deberá expedirse sobre el fondo del planteo: si es constitucional o no la reforma previsional del Bapro sancionada por ley durante la gestión saliente.
Otro de los planteos de la Corte para Kicillof “apunta a terminar” con la “comodoropyzación” de la justicia bonaerense (armado de causas, abuso de la figura de testigos arrepentido, operaciones en medios de comunicación), situación que fue denunciada por el ministro de Lázzari durante un encuentro de la red de jueces penales provinciales, situación que profundizó la grieta entre los poderes Ejecutivo y Judicial, al punto que el procurador general vidalista, Julio Marcelo Conte Grand, denunció penalmente al ministro de Lázzari.
El contragolpe no tardó en llegar. El viernes 26 de octubre ingresó al fuero penal de La Plata una denuncia para que se investigue el destino de sumas millonarias de fondos públicos afectadas a la remodelación de edificios judiciales que no se habrían realizado. En la línea de fuego de esta presentación aparecen el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, y la gobernadora Vidal. El expediente está en manos del fiscal Marcelo Romero, quien ya ofició más de una docena de escritos en procura de la información para establecer si existió delito o no. “La denuncia avanza sin pausa”, detallaron fuentes consultadas por este medio.
PUNTO PENAL. El funcionamiento del sistema carcelario y la justicia penal es un frente de tormenta crítico. Desde el 5 de diciembre, miles de reclusos alojados en cárceles provinciales están en huelga de hambre en reclamo de mejores condiciones de detención para los que purgan condena firme y libertades o arrestos domiciliarios para quienes están procesados o con condenas en estancias de revisión.
En noviembre de 2018, la Corte le marcó la cancha a Vidal y a su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, por el hacinamiento carcelario, en el que también incluyó a los detenidos en comisarías que son responsabilidad del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Meses después, los jueces de Casación emitieron un informe con 11 posibles soluciones para terminar con este problema crónico, pero el vidalismo no tomó ninguna de esas sugerencias. Al contrario, se agravó la situación, ya que varios penales también están desabastecidos de alimentos, al punto que un juez ordenó la provisión de víveres de manera urgente al resolver un amparo presentado en relación a ese tópico. Cuando Kicillof asuma, los privados de su libertad en huelga llevarán seis días sin ingerir alimentos.
Para completar el mapa del fuero criminal, Kicillof deberá definir el destino de los pliegos aprobados para jueces de Casación que el vidalismo cajoneó en el Ministerio de Justicia y que habían sido seleccionados por el Consejo de la Magistratura en tiempos de Daniel Scioli gobernador. El primero de los gestos que espera la SCBSA es que la flamante administración designe un interlocutor válido, “que tenga capacidad de respuestas concretas y no un mar de promesas incumplidas como el gobierno saliente”, según pregona el titular del cuerpo a su círculo de confianza.