La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires emitió dos resoluciones que se meten de lleno en la polémica por las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en cárceles y comisarías, territorios en los que se mapea la responsabilidad de los ministros de Justicia y Seguridad, Gustavo Ferrari y Cristian Ritondo, quienes faltaron a todas las citas judiciales convocadas por dos jueces de La Plata.
Actualmente, existen dos expedientes que golpean la línea de flotación de las gestiones de ambos ministros. Uno tramita en el juzgado Contencioso Administrativo 4 de La Plata, donde el gobierno de María Eugenia Vidal reconoció oficialmente que el 45% de los detenidos en comisarías está alojado en dependencias clausuradas. El otro se gestionaba en el Juzgado Correccional 2 de La Plata, en el marco de un habeas corpus colectivo que abarca a todas las comisarías y penales bonaerenses.
En la trama contenciosa, los ministros Ritondo y Ferrari fueron citados por la jueza María Ventura Martínez y nunca dijeron presente. Sin embargo, fueron convocados nuevamente para el próximo 4 de diciembre para que den explicaciones sobre las personas detenidas durante largos períodos de tiempo en comisarías no aptas para la estadía prolongada. En ese sentido, está vigente una medida cautelar, con firmeza judicial y procesal, que lo impide.
Los funcionarios de la cartera de Seguridad alegan que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) -que depende del área de Justicia- no habilita nuevos cupos y el SPB sostiene que la Provincia no cuenta con fondos para construir nuevas cárceles.
En este marco, la Suprema Corte dio por finalizada la tarea del juez Eduardo Eskenazi, titular del juzgado Correccional 2 de La Plata, en el habeas corpus colectivo. Argumentó que un juez local no puede tener injerencia en toda el territorio provincial y, en esa línea, empoderó al Tribunal de Casación bonaerense para “crear un espacio interinstitucional para el abordaje integral de las condiciones de detención en cárceles y comisarías” de la provincia de Buenos Aires.
En la resolución, que releva al juez Eskenazi de seguir actuando, en disidencia, el juez Eduardo Néstor de Lázzari fue más allá en la argumentación. Aseveró que la labor del juez platense “revela importante preocupación por la deficitaria situación existente y un loable intento de obtener soluciones” para luego aclarar que el problema es responsabilidad del Poder Ejecutivo y “en alguna medida ha excedido la función estrictamente jurisdiccional”.
También aseveró que el juez comprobó “una superpoblación desmedida” de personas privadas de su libertad. Con esta resolución, quedó suspendida la audiencia convocada para el próximo 4 de diciembre en la que estaba citado Ferrari.
GANADORES Y PERDEDORES. En esta pelea entre los palacios judiciales y los ministeriales quedaron desdibujados los jueces de primera instancia, quienes, con estas resoluciones de la Corte, a futuro, ponen en crisis cualquier dictamen que emitan ya que pone en cabeza de Casación (la máxima instancia penal de la justicia bonaerense) la responsabilidad de hallar los caminos que lleven a una solución “en un término razonable” pero sin fecha cierta, aunque bajo apercibimiento de las “responsabilidades administrativas, civiles, penales e institucionales correspondientes”.
Además, la Corte le comunicó al gobierno de Vidal que resultan “inadmisibles” las condiciones de alojamiento en que se encuentran los detenidos y les recordó a todos los jueces bonaerenses que rige la prohibición de permanencia de “menores y enfermos” en comisarías bonaerenses. Así, los jueces ponen en la mira la política de Ritondo, quien aseguró que prefiere a las personas en conflicto con la ley hacinadas antes que bajo proceso en libertad.
En otro pasaje del dictamen, los jueces de la Corte reiteraron “la preocupación” por la falta de “establecimientos para contener el aumento de la población carcelaria y, muy en particular, el alojamiento de detenidos en seccionales policiales clausuradas (…) sobre todo en vista de los gravísimos hechos recientes”, en relación al trágico motín en la comisaría Tercera de Esteban Echeverría, que estaba clausurada, y murieron nueve detenidos en un motín.
En ese camino, ordenó al Poder Ejecutivo que arbitre “los medios necesarios” para superar “prontamente dicha situación”.
Uno de los focos está puesto en la gestión del ministro Ferrari, quien no encuentra solución a la sobrepoblación carcelaria. Juan Baric, ex funcionario de la cartera de Justicia bonaerense, en un audiencia judicial desarrollada el pasado 23 de julio, culpó a los jueces y agregó: “Las arcas de la provincia se encuentran vacías, no hay dinero para construir cárceles. El Poder Ejecutivo no maneja el flujo de personas alojadas, existiendo un exceso de prisionización por parte del Poder Judicial. El Poder Judicial no debería tener tanta cantidad de personas o brindarles alternativas a la prisión”. En la actualidad Baric es juez federal de La Pampa.
Esto marca una grieta en las gestiones de Justicia y Seguridad. Desde la cartera de Ferrari piden que no haya tantos detenidos, pero Ritondo sostiene desde el discurso y desde la línea de gestión el encarcelamiento a toda costa.
Ahora la responsabilidad quedó en manos de Casación, una instancia que es seguida de cerca por el procurador general bonaerense, el vidalista Julio Conte Grand, quien impulsó el juicio político al juez de esa instancia Martín Ordoqui, señalado por vender resoluciones judiciales a cambio de fuertes sumas de dinero.
De Casación también forma parte el presidente de la Asociación de Magistrados de La Plata, Víctor Violini, enfrentado públicamente con Conte Grand, a quien acusó de perseguir jueces por cuestiones políticas.