En un caso paradigmático de morosidad administrativa sin precedentes, el Ejecutivo provincial mantiene literalmente “cajoneados” los pliegos de 53 magistrados que han sido preseleccionados por el Consejo de la Magistratura para integrar el nuevo Tribunal de Casación descentralizado. Al pedido de información realizado por varios magistrados, la única respuesta es “silencio absoluto”, según confiaron parte de los interesados consultados por Letra P.
Desde el año 2011 existe un proyecto para descentralizar Casación, la máxima instancia de la justicia penal bonaerense y paso previo a la Suprema Corte. Se tomaron los exámenes para jueces, fiscales y defensores; se confeccionaron las ternas y el trámite se estancó, sin dar mayores precisiones.
El mecanismo fue puesto en práctica mediante la sanción de una ley en 2011 y ratificada en 2017 por el gobierno de María Eugenia Vidal.
La descentralización fue impulsada por el ex ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Blas Casal, pero fue y es resistido por los actuales jueces de ese cuerpo que tienen sus despachos en La Plata. Uno de los aspectos centrales del proyecto es acercar territorialmente el servicio de justicia a la sociedad, para que un expediente que se tramita en Bahía Blanca no deba viajar a La Plata, con el retardo de justicia que eso conlleva, sumado a la posibilidad de pérdida o destrucción de las causas.
Según contempla el marco legal vigente, el sistema debe instalarse en las localidades de Mar del Plata, Mercedes y San Martín. En cada una de ellas está previsto la apertura de dos salas integrada por dos magistrados cada una (ante un caso de empate en una votación, se debe recurrir a un juez de la otra sala). A ellos hay que sumarles los fiscales y defensores oficiales de esa instancia.
El órgano jurisdiccional fue creado en el mes de agosto de 2011 por la ley 14.295, que fue ratificada durante la gestión de Cambiemos a través de la ley provincial 14.901, publicada en el Boletín Oficial el 1 de febrero de 2017.
Pese a que se han cumplido todos los requisitos administrativos, legales y constitucionales, el gobierno de Vidal “se obstina en no cumplir su obligación supra legal de remitir los pliegos al Senado, tal como lo exigen las dos leyes sancionadas por unanimidad de todos los bloques, y la propia Constitución Provincial en su artículo 175”, detalló uno de los magistrados ternados consultados por Letra P.
Este retardo en el nombramiento de jueces ya es analizado en despachos de legisladores opositores, quienes barajan la posibilidad de realizar una denuncia penal contra Vidal y contra el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
EL GPS DE LOS INTENDENTES. Hay varios alcaldes peronistas preocupados por la posible violación de sus derechos en causas que -sostienen- fueron “armadas” para correrlos de la contienda electoral. Estos procesos -siempre según lo que sostienen jefes comunales- serían nulos debido a la no puesta en funcionamiento del máximo tribunal penal descentralizado que había sido creado antes del inicio de los expedientes que los afectan. De esta manera, intendentes del conurbano denuncian (por el momento puertas adentro) una maniobra del Ejecutivo para ser juzgados por magistrados que no son sus jueces naturales.
Los dueños de los pagos chicos se oponen a que sus causas sean auditadas en La Plata por magistrados de los que desconfían. Resaltan que los nombramientos congelados fueron producto del diálogo de todos los bloques legislativos en el año 2013 y ese consenso se mantiene hasta la fecha.
En efecto, en un clima tenso de disputa electoral, la dilación suma un nuevo frente de batalla contra la designación de magistrados que habían sido ternados antes del inicio de la gestión Vidal, motivo por el cual Cambiemos se resiste a colocarlos en funciones.
Uno de los motivos que esgrimen los jueces ternados apunta a un “capricho” de los barones judiciales que integran Casación actualmente, hoy muy cuestionados alguno de sus integrantes por la mención de sus nombres en la causa judicial conocida como “la banda de los jueces” que tiene tras las rejas al ex juez de Garantías César Melazo, al ex fiscal Tomas Moran, a la funcionaria de Casación Eugenia Mercado y en la que está imputado el suspendido juez de Casación Martín Ordoqui, con juicio político en marcha.
Ordoqui fue uno de los que se opuso a la descentralización, junto a Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, ambos desplazados de sus cargos por una aberrante sentencia en la que justificaron la violación de una menor de edad. Otro de los que se opuso fue el fallecido presidente del cuerpo Federico Domínguez, procesado por encubrimiento en el marco de la causa por el atentado a la AMIA.
“Evidentemente, la obstinación a no ser descentralizados no era únicamente un mero capricho del alto tribunal penal sino que escondía, como habían advertido voces en el parlamento provincial, una trama de escándalos de corrupción que, en forma inexplicable, las actuales autoridades de Cambiemos se empecinan en sostener”, se quejó otro de los consultados.
En la última apertura de sesiones ordinarias en el poder Legislativo bonaerense, la gobernadora Vidal no hizo mención alguna al tema del acercamiento del servicio de justicia a los bonaerenses, más allá de algunas magras cifras de nombramientos de magistrados que de ninguna manera alcanzan a cubrir el déficit de cargos vacíos en todos los departamentos judiciales.
Pero este jueves Vidal tendrá una buena noticia, ya que el Senado provincial se apresta para votar por unanimidad la designación de Sergio Torres como nuevo juez en la Suprema Corte. Esta sesión será seguida de cerca por los magistrados sin nombrar ya que pedirán una audiencia con el futuro cortesano para llevarle el reclamo.
