La polémica suscitada por los dichos del presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Eduardo De Lázzari, quien denunció un sistema de corrupción judicial en el fuero federal, desató un cimbronazo institucional con final incierto. Desde distintos sectores salieron públicamente a pedirle que aporte pruebas y realice las denuncias obligatorias por ser funcionario. El titular del tribunal difundió un comunicado en el que respondió a la gobernadora María Eugenia Vidal. En el escrito aclaró pero no desmintió y enumeró tres casos a los que había hecho referencia ante más de un centenar de magistrados de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, donde habló de “causas armadas” con testigos de identidad reservada, “espías” y “arrepentidos”, en lo fue un tiro directo a Comodoro Py, sede de la justicia federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos magistrados habitantes, en particular Claudio Bonadio, procesaron a la mayoría de ex funcionarios del kirchnerismo.
Aunque no dio nombres, evidenció que uno de los casos era el del fiscal Juan Ángel Bidone, procesado por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, por “asociación ilícita y abuso de autoridad”, en el marco de la red de espionaje debelada por el falso abogado Marcelo D’Alessio. También hizo referencia a las denuncias que realizó el juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale y que fueron giradas a la Procuración General bonaerense. El tercero de los ejemplos citados fue el jury a Oscar Acevedo, fiscal de Lomas de Zamora, cuyo juicio político por armado de causas comienza el próximo 26 de agosto.
EXPEDIENTE BIDONE. El juez federal Alejo Ramos Padilla consideró que el fiscal bonaerense del triple crimen de General Rodríguez, Juan Ángel Bidone, “llevó adelante actividades de investigación e inteligencia criminal en perjuicio de numerosos ciudadanos” como parte de la asociación ilícita y lo procesó como miembro de la banda cuya cabeza visible es el falso abogado Marcelo D’Alessio. Además, el juez tiene en la mira al fiscal federal Carlos Stornelli, uno de los magistrados preferidos de la Casa Rosada y quien impulsa las investigaciones para condenar a la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. Pese a los reiterados llamados para tomarle declaración, Stornelli continúa en rebeldía.
LA SALADA. El juez de Garantías Gabriel Vitale denunció irregularidades en la investigación de dos hechos sucesivos ocurrido en la feria La Salada y apuntó a fiscales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La denuncia la presentó el propio juez ante la Suprema Corte provincial desde donde giraron las actuaciones a la Procuración General, encabezada por el vidalista Conte Grand.
Lomas de Zamora es uno de los departamentos judiciales que mayor sintonía fina tiene con Cambiemos. Pese a que la mayoría de los municipios que lo conforman tiene intendentes peronistas, varios fiscales impulsan causas en línea con los gustos de la Casa Rosada. El caso más evidente es el de Sebastián Scalera, fiscal general adjunto, quien pidió la detención del dirigente gremial Pablo Moyano y quien impulsó la redada judicial que depositó en la cárcel a Jorge Castillo, “El Rey de La Salada”.
JURY EN MARCHA. Oscar Acevedo era titular de la Unidad Funcional de Instrucción 17 de Lomas de Zamora. Fue denunciado porque se sospecha que habría creado un armado en una causa por homicidio, en combinación con abogados del imputado. Fue denunciado el 2 de marzo de 2012 por la ex procuradora general María del Carmen Falbo y su juicio político está pautado para que comience el próximo 26 de agosto, confirmaron a Letra P fuentes del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.
