Internos de varios penales dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense se encuentran en huelga de hambre con una batería de reclamos para el gobernador entrante, Axel Kicillof, que fueron pedidos crónicos durante la gestión de la saliente mandataria María Eugenia Vidal: arrestos domiciliarios para procesados o condenados sin sentencia firma y mejores condiciones de alojamiento para terminar con el actual estado de hacinamiento carcelario, confirmaron fuentes judiciales consultadas por Letra P.
La protesta comenzó esta semana y se extendió en la mayoría de unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Los ejes centrales de los reclamos son:
La crisis carcelaria en la provincia de Buenos Aires es una de las deudas crónicas de la joven democracia alumbrada en 1983. Ninguno de los gobiernos que tuvo la principal provincia del país a la fecha pudo encontrar una solución de fondo al problema. Así lo demuestra un reciente informe de Casación sobre el estado de situación del sistema penitenciario. En ese informe, que fue publicado por este medio, se trazó una cruda radiografía. También se detallaron las 11 propuestas que recomendaron los jueces para terminar con el hacinamiento carcelario.
Una de las lecturas políticas del informe demuestra el fracaso programado de la gestión de Vidal y sus ministros de Justicia, Gustavo Ferrari; y Seguridad, Cristian Ritondo, durante los cuatro años de gestión de Cambiemos. Ambos funcionarios faltaron a todas las citas judiciales para tratar el tema. Vidal no pudo revertir esta situación. Nunca estuvo en su agenda de prioridades. Así lo demuestran las declaraciones que Ritondo dio en septiembre de 2018. La doctrina de “amontonados y no liberados” del jefe civil de la policía provincial ayudó a aumentar la sobrepoblación en calabozos policiales. El informe de Casación lo ratifica.
“Prefiero a los delincuentes amontonados y no liberados”, sostuvo entonces al ser consultado sobre la capacidad de las cárceles y comisarías para alojar presos en un contexto de creciente superpoblación. Dos meses después de esas declaraciones, que cosecharon cuestionamientos del ámbito político y judicial, un motín y posterior incendio en la comisaría 3º de Esteban Echeverría causó la mayor tragedia en calabozos policiales de la historia provincial.
En la provincia de Buenos Aires, sobre una base de 28 mil plazas disponibles se encuentran alojados en las cárceles bonaerenses 45 mil internos, según el informe de Casación. Es decir, existe una sobrepoblación de 17 mil personas en conflicto con la ley y la gobernadora Vidal, en sus cuatro años de mandato, no tuvo en su plan de gobierno la construcción de nuevas cárceles, más allá de algunas mejores parciales en los penales o alcaidías departamentales.
Pero esto ya es pasado. El informe judicial sirve como antesala de bienvenida a la nueva gestión del economista heterodoxo Axel Kicillof, quien tendrá la chance histórica de encauzar el dramático problema de las cárceles inhumanas que existen en el territorio provincial.
AMPARO. Mientras se desarrolla esta huelga de hambre, varios colectivos sociales dedicados a defender los derechos de las personas privadas de su libertad presentaron un amparo por la falta de entrega de alimentos a la población carcelaria.
La medida cautelar tramita en la justicia de la capital provincial que deberá expedirse sobre el servicio alimentario que reciben las y los detenidos. Mediante un comunicado firmado por las asociaciones Miguel Bru, La Cantora, OTRANS Argentina e H.I.J.O.S. La Plata se dejó planteada la incógnita sobre “cuáles son las verdaderas intenciones por las que el gobierno saliente, en manos de Eugenia Vidal”, “no alimenta a la población carcelaria. Es por su odio de clase, por acuerdos con los proveedores de alimentos, o la verdadera razón es plantear un escenario hostil y violento al interior de los contextos de encierro de la provincia de Buenos Aires, altamente superpoblados, a días de la entrega del mando a un gobernador electo que claramente está comprometido con la defensa de los derechos humanos”.
“Sea como fuere, responsabilizamos a la gobernadora saliente y sus funcionarios de los conflictos que puedan surgir al interior de las cárceles bonaerenses y denunciamos que han incurrido en la figura de abandono de personas”, sostuvieron estos colectivos sociales en su comunicado.
