Desde la dura derrota del oficialismo en las PASO, el gobierno de María Eugenia Vidal aceleró una serie de resoluciones que dieron de baja obras de diversas características, algo sobre lo que había comenzado en junio pasado, cuando oficializó la cancelación de la que estaba llamada a ser una de las obras más importantes de su gestión: el acueducto Bahía Blanca-Río Colorado.
Desde principios de septiembre a la actualidad, la administración vidalista declaró “fracasado” varios procesos licitatorios bajo el argumento de restricciones fiscales en el presupuesto provincial. Todos los trabajos desactivados en los últimos días englobaban un presupuesto de $ 502.629.046.
Ya Letra P había dado cuenta el mes pasado de la paralización de una obra clave que se enmarca en el programa de saneamiento de la Cuenca del Reconquista, que tenía financiamiento del BID. Para la cancelación de esos trabajos de cloaca destinados a la zona oeste del conurbano -por un monto inicial de $ 312.700.911- se adujeron restricciones presupuestarias, a la vez que se instó a reestimar los costos para iniciar una nueva licitación en 2020.
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Otra obra de similares características –con financiamiento del BID y tendiente a la realización de desagües cloacales- pero destinada al distrito de General Rodríguez también se pateó para la próxima gestión. Tras una actualización de su monto inicial, tenía un presupuesto de $ 43.719.440.
En la capital bonaerense, por su parte, los trabajos destinados a completar la Torre de María Iglesia de la Catedral de La Plata también fueron frenados por la administración vidalista, a pesar de que incluso ya se había diagramado el cartel indicativo de la obra para colocar en las afueras de este tradicional templo, ubicado en el corazón de la capital de la provincia de Buenos Aires. Esta licitación, declarada fracasada la semana pasada, tenía un presupuesto oficial de $ 45.114.758.
Esta semana, en tanto, se oficializó la cancelación del procedimiento licitatorio para la remodelación y puesta en valor del tradicional Anfiteatro Municipal de la ciudad de Baradero, donde se suelen realizar festivales y actividades artísticas de trascendencia nacional. Para estos trabajos –licitados en julio de 2018- se tenía previsto un monto inicial de $ 29.629.893. En septiembre, devaluación mediante, la Dirección de Arquitectura actualizó el presupuesto oficial, que escaló a $ 33.690.101. Sin embargo, “atento la desactualización de presupuesto oficial y el actual contexto de restricción fiscal”, días atrás la Subsecretaría Administrativa de Infraestructura solicitó la cancelación de la licitación en la que dos empresas habían presentado ofertas.
COMISARÍAS SIN ARREGLO. Otra de las licitaciones canceladas tiene que ver con un paquete de obras en cuatro comisarías de la provincia por un total de $ 67.403.836 con un plazo de ejecución de 270 días corridos. La apertura de sobre se había realizado hace más de un año (agosto de 2018). Sin embargo, por una impugnación de una empresa a otra, el proceso se dilató. Ya en el año electoral, ajuste mediante, los trámites se congelaron, hasta que finalmente en septiembre último la cartera de Infraestructura decidió cancelar el procedimiento “atento a la desactualización del presupuesto oficial”.
También, entre los motivos para declarar fracasada esta licitación se mencionó “el actual contexto de restricción fiscal como consecuencia de definiciones de política presupuestaria sobrevinientes al inicio del mencionado proceso licitatorio”.
Las comisarías en cuestión son la Séptima, de Tres de Febrero; la Tercera, de Hurlingham; la Cuarta, de Morón; y la Sexta, de Moreno. En todas ellas, además del sector administrativo, se tenían contempladas refacciones en calabozos -denominados “Sector Seguridad”-, los cuales, de acuerdo a las imágenes de los pliegos licitatorios a los que accedió Letra P, se encuentran en un significativo estado de deterioro.
Todo, en un contexto donde los organismos defensores de los Derechos Humanos vienen reclamando ante la Justicia que el Estado deje de alojar detenidos en comisarías, teniendo en cuenta las pésimas condiciones de habitabilidad que dispararon, durante la actual administración vidalista, las masacres de Pergamino (siete muertos) y de Esteban Echeverría (diez víctimas fatales).
Calabozos de la comisaría 6ta de Moreno.
En efecto, una de las dependencias contempladas en la licitación desactivada por el Ejecutivo bonaerense, la comisaría Sexta, de Moreno, integró reportes recientes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en el marco de sus constantes denuncias por el déficit relacionado con la sobrepoblación de algunas dependencias.
El organismo presidido por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel detalló que, en 2017, en la comisaría Sexta de Moreno se encontraron a 35 personas detenidas en un espacio de 24 metros cuadrados (0,66 metros cuadrados por persona).