“No habrá margen para el gradualismo, una estrategia ya fracasada en la actual administración. Los mercados exigirán definiciones claras en relación al sendero de convergencia de variables clave como tasa de interés, tasa de inflación, tarifas de servicios públicos, tipo de cambio y pago de la deuda pública”, añadió.
“Para 2020 se requiere sintonía fina y atacar al mismo tiempo varios temas: alcanzar consistencia monetaria y fiscal, renegociar la deuda en términos amigables para recuperar acceso al mercado y aplicar un plan de estabilización para frenar la inercia inflacionaria y la indexación, todo en el marco de una renegociación con el Fondo”, estimó, por su parte, en diálogo con Letra P el director de la consultora Eco Go y profesor en la Maestría de Finanzas de la UTDT Federico Furiase.
En sus Perspectivas de la Economía Mundial, dadas a conocer esta semana, el FMI prevé para el país una caída del producto del 3,1% este año y otra de 1,3% en el próximo, con lo que los años de retracción serán tres seguidos. En tanto, en lo que implica la enésima constatación del fracaso de sus propias recetas, estima que la inflación será, respectivamente de 57,3% y 39,2% y que el desempleo se mantendrá hasta fin de 2020 por encima del 10%.
Fuente: FMI.
¿Mal panorama? Todo puede ser incluso peor si la transición entre el gobierno saliente y el entrante no cuenta con la debida coordinación. Así, según la consultora Orlando J. Ferreres, en un “escenario desordenado”, es decir sin acuerdo de políticas entre la gestión saliente y la entrante, el PBI se podría desplomar 2,1% y la inflación trepar a 70% el año próximo.
¿QUÉ HACER CON LA DEUDA? Sin superávit fiscal, sin acceso al mercado y casi sin reservas en el Banco Central (las que, además, no dejan de caer, por lo que puede anticiparse un endurecimiento del cepo cambiario), ¿de dónde puede salir el dinero para afrontar los vencimientos de deuda?
Furiase recuerda que “en 2020, los vencimientos de capital e intereses con el sector privado ascienden a 30.000 millones de dólares, de los que el 87% involucra títulos bajo legislación local y el 50% corresponde a vencimientos en moneda local”. “Va a ser clave actuar rápidamente con la deuda y negociar una salida amigable, pero para que esa salida para que tenga éxito en bajar el riesgo país va a ser necesario que el combo venga con un plan monetario-fiscal consistente”, recomendó.
“Los vencimientos del año que viene en moneda local son un tema complejo. Totalizan 1,18 billones de pesos, el 90% del nivel actual de la base monetaria, y si no hay roll over, los caminos alternativos en un contexto de caída en la demanda real de dinero son muy costosos: emisión monetaria o un reperfilamiento que, en una segunda etapa, de todas formas puede generar emisión monetaria a través del desarme de las Leliq por el rescate de fondos de inversión o por la salida de depósitos en pesos”, explicó Furiase. El peligro al que alude es una nueva disparada del dólar y de la inflación.
En este escenario complejo, la renegociación amistosa, esto es con una extensión de plazos pero sin quitas de capital, mencionada por el propio Fernández como el camino a seguir, no convence a todos. “La renegociación del pago de la deuda es un frente urgente y crítico. La tan mentada ‘salida a la uruguaya’ no es la mejor opción porque sería patear la pelota para adelante sin resolver el problema de fondo. El nivel de superávit fiscal que se requeriría para enfrentar los vencimientos, desde el primer año de la reprogramación, no es compatible con la situación que se hereda”, explicó Reija.
NÚMEROS ROJOS. De acuerdo con el último informe de la consultora Ecolatina, “la profundización de la crisis tras las PASO, que erosionó la recaudación por enfriamiento de la actividad, y las políticas orientadas a apuntalar el consumo en un contexto de caída de los ingresos reales deterioraron el balance primario de Hacienda. Esto impidió alcanzar la meta de equilibrio fiscal incluso considerando los ajustes acordados con el FMI (el año finalizará con un rojo operativo en torno al 0,7% del PBI)”. De hecho, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, admitió el martes que en septiembre se registró un rojo fiscal de 25.000 millones de pesos, lo que cortó la tendencia al superávit de los meses previos y podría profundizarse en los próximos meses. Esto significa menos dinero para hacer frente a vencimientos.
“Al déficit primario con el que cerrará este año hay que sumar el déficit cuasifiscal, del Banco Central y generado por las Leliq. Una negociación de la deuda deberá ser integral, abarcando al Fondo y a los acreedores privados, con alargamiento de plazos y quita de interés y capital. Solo de esta manera se podrá encarar una política de crecimiento creíble en el mediano plazo”, enfatizó el director de Mecronomic.
EL DILEMA DE LAS TARIFAS. De acuerdo con Ecolatina, la combinación de la dolarización de tarifas de servicios públicos adoptada por el macrismo y la decisión electoralista de congelarlas después de las primarias hizo que se incrementaran los subsidios. “A modo de ejemplo, tras el reciente salto cambiario, los costos medios de generación eléctrica saltaron 35%, en tanto que el precio afrontado por los consumidores permaneció sin modificaciones”, señaló.
“Si bien creemos que se utilizará el aumento de ingresos para achicar el rojo operativo, como por ejemplo mediante una suba de las retenciones o un incremento en el impuesto a los bienes personales (lo que representa apenas 0,4% de la recaudación nacional), esto no será suficiente (...) Considerando que las erogaciones en jubilaciones, asignaciones y pensiones son inflexibles -estas partidas se actualizan automáticamente por inflación siempre que no se realice un cambio en la fórmula de cálculo de movilidad- y que la obra pública ya se encuentra en niveles muy bajos -pasó de 2% del PBI en 2016 a la mitad en 2019-, los subsidios económicos, que actualmente representan en torno a 2% del PBI, surgen como una variable clave para el rumbo de las finanzas públicas”, aseveró la consultora fundada por Roberto Lavagna.
Cabe recordar que en el debate del último domingo, Alberto Fernández señaló que la coyuntura lo obligará a tomar medidas “a veces ortodoxas y otras, heterodoxas”.
El acuerdo económico y social que prepara Alberto Fernández deberá ser flexible para no repetir las rigideces generadas por José Ber Gelbard en 1973, que culminó en el ‘rodrigazo’ con una explosión inflacionaria.
UN PUENTE ANGOSTO. ¿Cómo se puede salir de semejante atolladero, en el que no pueden descartarse el riesgo de una generalización del default (por ahora parcial) que deja Macri, de una espiralización de la inflación y de una caída aún más duradera de la economía?
“Alberto Fernández anunció que avanzará en la construcción de un acuerdo social y económico. En este sentido, será clave no repetir errores del pasado. El acuerdo deberá ser flexible para no repetir las rigideces generadas por el de José Ber Gelbard en 1973 de, que culminó en el ‘rodrigazo’ con una explosión inflacionaria. La experiencia demuestra que ese tipo de instrumentos pueden servir en la medida que permitan alinear y coordinar expectativas, pero que sus objetivos deberán ser consistentes con las políticas fiscal, monetaria y de ingresos que se instrumenten, porque de lo contrario se fracasa”, advirtió Gustavo Reija.
El director de Eco Go, por su parte, señaló que “el objetivo debe ser una convergencia hacia el superávit fiscal primario requerido para estabilizar la relación deuda pública neta-PBI, hoy en torno al 60%. Para eso se va a necesitar un plan que permita estabilizar las variables nominales en un contexto de inercia, además de cintura política en el Congreso para romper con la indexación del 60% del gasto público de la Nación según la inflación pasada”. El reto no es menor, ya que entre los gastos indexados se encuentra uno especialmente sensible: las jubilaciones.
En tanto, Ecolatina estima que la inflación, si no se producen eventos perjudiciales, “se ubicará (en) la zona de 4% mensual durante los primeros meses del 2020, incluso en un contexto de estabilidad cambiaria”.
Para Reija, “las expectativas para 2020 deben ser moderadas y estar centradas en cambiar el eje de la política económica de un esquema de valorización financiera hacia uno de generación de valor agregado”.
“El desafío será enorme: requerirá liderazgo político, acuerdos realistas y políticas coherentes con las metas propuestas”, finalizó.
