“El Fondo Monetario Internacional (FMI) trabajará para una eventual reanudación de una relación, algún tipo de relación financiera con ellos, que puede tener que esperar un tiempo. La situación de Argentina en este momento es extremadamente compleja”. La frase, pronunciada el miércoles por David Lipton, número uno interino del organismo hasta la asunción el próximo martes de la búlgara Kristalina Georgieva, no esperó ni siquiera a que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hiciera la digestión del almuerzo que le habían ofrecido y en el que siguió bregando por el desembolso de 5.400 millones de dólares previsto inicialmente por el acuerdo Stand-by (¿vigente?) para mediados de septiembre. El mensaje del estadounidense Lipton era doble: Macri ya fue y Alberto Fernández… se verá.
Tan duro resultó lo dicho y tanto mal sabor dejó a un abandono unilateral de un acuerdo vigente (sin que mediara siquiera una revisión técnica para evaluar el grado de cumplimiento por parte de la Argentina) que el vocero del Fondo, Gerry Rice, debió aclarar en su conferencia de prensa de este jueves que “seguimos totalmente involucrados con las discusiones, seguimos totalmente comprometidos. Es incorrecto decir que el FMI suspendió la relación con la Argentina".
Los mencionados 5.400 millones de dólares están dentro del cálculo de Lacunza para el cierre del año fiscal, además de ser la contraparte necesaria para el financiamiento del gasto público a cubrir en diciembre, de 200.000 millones de pesos, nada menos un 15% de la base monetaria. Si el Banco Central se viera obligado a monetizarlos a la vieja usanza, maquinita mediante, la inflación experimentaría un nuevo giro al alza desde su plataforma actual del 55% anual.
Sin ese dinero, la Argentina que heredará Fernández, si las elecciones del 27 de octubre confirman la presunción generalizada, quedará sola frente al cúmulo de la deuda asumida por Mauricio Macri, agravado por el “reperfilamento” de las Letras de corto plazo, esto es el default selectivo que patea vencimientos para el primer semestre del año que viene.
Lo que viene en materia de vencimientos es verdaderamente fuerte, sobre todo para un país que tiene un riesgo soberano del orden de los 2.200 puntos básicos que mantiene cerrado de hecho el mercado voluntario de deuda. Sin refinanciación posible, los caminos son dos: o el Fondo sigue aportando liquidez o la cesación de pagos se profundiza.
En ese contexto, el año que viene, el primero de la futura administración, llega con obligaciones por 29.600 millones de dólares, de acuerdo con datos facilitados a Letra P por la consultora Eco Go. La misma se compone de vencimientos Letras del Tesoro (Lete, en dólares) por 5.200 millones, Letras en pesos equivalentes a 8.600 millones de la divisa estadounidense, bonos en pesos por 6.500 millones a la cotización actual, bonos en dólares (ley local) 5.500 millones de dólares y bonos en billetes verdes (ley extranjera) por 3.800 millones.
La rueda de la deuda infinita continúa en 2021, 2022 y 2023, esto es a lo largo del próximo mandato, con vencimientos de capital e intereses con el sector privado (especialmente denominados en dólares y bajo ley extranjera) por 12.200 millones de dólares (3,1% del PBI), 11.000 millones (2,8%) y 10.300 millones (2,6%), respectivamente.
"El próximo presidente debería proponer una reestructuración amigable, sin quita nominal y con reperfilamiento de plazos" (Federico Furiase).
En tanto, es sabido que el FMI actuó casi como un aportante de campaña y le dio a Macri casi todos los desembolsos (hasta los 5.400 millones trabados ahora), mientras que le dejó a su sucesor la carga de pagarlos. Así, los vencimientos previstos y que Fernández deberá renegociar, son de 20.500 millones de dólares en 2022, 23.700 millones en 2023 y 10.100 millones en 2024.
Federico Furiase, director de Eco Go y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, le dijo a Letra P que “si bien la próxima gestión partirá de un superávit comercial, producto de la recesión, necesitará reabrir el mercado de capitales para cerrar el programa financiero, estabilizar el tipo de cambio y anclar expectativas”.
Federico Furiase, director de Eco Go.
“Para eso debería tener un programa económico coordinado, que apunte a lograr un superávit fiscal primario en torno a 2,5% del PBI para estabilizar la relación entre deuda pública neta y Producto en torno al 62%. Además, tendrá que contar con un programa monetario consistente y poner en marcha una agenda de reformas estructurales para desindexar las jubilaciones de la inflación pasada, algo clave para destrabar la trayectoria al superávit fiscal”, añadió.
¿Y con la deuda propiamente dicha, qué hacer?
"Es necesario lograr un superávit fiscal primario en torno a 2,5% del PBI para estabilizar la relación entre deuda pública neta y Producto en torno al 62%", dijo Furiase.
“El próximo presidente debería proponer una reestructuración amigable, sin quita nominal y con reperfilamiento de plazos, dado que el problema se hace exigente en 2020 por la concentración de Letras de corto plazo. A eso hay que agregar un plan de estabilización que permita romper la inercia y la indexación de contratos”, dijo Furiase.
“Partiendo de esos fundamentos y para lograr una baja del riesgo país post reestructuración con una exit yield (tasa de interés de los bonos nuevos) amigable, si no hay un evento con shock cambiario que acelere la nominalidad en la transición hacia diciembre, no tiene sentido una reestructuración con quita nominal en bonos y sí, en cambio, un reperfilamiento de Letras de corto plazo y una extensión de los plazos de los vencimientos con el Fondo, que permita dar aire al programa financiero y estabilizar el tipo de cambio”, señaló el hombre de Eco Go.
Su opinión contrasta con la de economistas que hablan de la necesidad de ir hacia una reestructuración más agresiva de los compromisos. Entre ellos, el titular de la consultora Macroview, Rodolfo Santángelo, dijo este jueves en la Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) que se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio, que "Argentina tiene un problema grave de deuda pública".
"Estamos más cerca de una reestructuración de la deuda, no sólo de un reperfilamiento", sostuvo, a la vez que añadió que la misma "será mucho más agresiva que el reperfilamiento que propone patear el capital pero pagar los intereses", continuó Santangelo..
Por el contrario, Furiase insistió en un tratamiento más suave de la cuestión y ponderó que “si la próxima gestión apunta a hacer una quita nominal fuerte para ganar espacio para cebar el gasto público financiado con emisión monetaria, se topará con una exit yield de castigo y con la inestabilidad en la demanda de dinero que acercará el riesgo de espiralización inflacionaria, con mercados cerrados y con una restricción de dólares que afectarán más el crecimiento y la estabilidad nominal”.