MEMORIA & BALANCE

El cuaderno de Bonadio: una asociación ilícita con más empresarios y CFK

El juez admite que los papeles originales “no están”, pero advierte que tiene a más CEOs de la energía y la obra pública en la mira. Sus razones para ir contra Cristina y el misterio de “la plata”.

El Círculo Rojo está convulsionado, cauteloso, con pocas palabras y atemorizado. La investigación del diario La Nación que dio a conocer las anotaciones en cuadernos Gloria del chofer del segundo del ex ministro Julio De Vido golpeó en la línea de flotación a un puñado de CEOs poderosos: los intocables que durante el gobierno de los Kirchner habían sido parte de un sistema de presuntos retornos, sobreprecios y dádivas. La razzia de ejecutivos que ordenó el juez Claudio Bonadío tocó a los más pensados, como el ex presidente de la Cámara de la Construcción (CAMARCO) Carlos Wagner, y a los menos: el ex jefe de IECSA, la constructora que el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, le vendió en 2017 a Marcelo Mindlin; al jefe de Albanesi, Armando Losón, y al ejecutivo más activo de la IMPSA de Pescarmona en aquellos años. Sin contar la historia del auto de Planificación interceptado luego de recoger un recado en las oficinas de la empresa Supercemento.

 

Stornelli y Bonadío, fiscal y juez de la mayoría de las causas contra los Kirchner.

 

 

Esta movida hizo que buena parte de los ejecutivos que no fueron citados se pusieran en campaña, vía operadores privados, para buscar datos de lo que se viene. La noticia que obtuvieron no fue la mejor: en el entorno de Bonadío aseguran que hay más nombres de empresarios de la obra pública y la energía vinculados al dinero ilegal que movía el gobierno anterior. El magistrado empezó a cruzar datos de CEOs que no salieron aún a la luz, pero que podrían ser citados a indagatoria en breve. En las últimas horas, Bonadío se vio obligado a afinar el lápiz y la imaginación para paliar la falta de los documentos originales que dio a conocer La Nación. “No están y nunca estuvieron”, cuentan cerca del juez. Es que los cuadernos desparecieron del mapa. Nunca estuvieron en manos del magistrado, que se basó en fotocopias y en la confesión del autor, Oscar Centeno, para tomar las medidas que derivaron en detenciones de empresarios y políticos y en citaciones a indagatoria, como en el caso de la ex presidenta Cristina Fernández. Esto, para los que investigan para los CEOs, redundará en las próximas horas en inexorables liberaciones de sus clientes.

 

Pero la señal que recibieron desde el juzgado del magistrado, que tiene buena parte de las causas contra los Kirchner, es que la idea es ir a fondo con la causa. Y que “material probatorio sobra”. Lo que Bonadío tiene, por el momento, son imágenes de cámaras de seguridad, registros de ingreso y egreso a Olivos y Balcarce 50. Y los testimonios de Centeno, la fuente que entregó los cuadernos (un vecino del periodista que publicó) y de la ex mujer que denunció a Centeno y dio su testimonio en la portada de revista Noticias. “Se han abierto causas con mucha menos evidencia y hasta testimonios de empleados infieles. Acá hay mucho más”, dijeron a Letra P fuentes de la investigación.

 

 

Centeno y los cuadernos que escribió. El material original lo busca la Justicia. 

 

 

La historia que Centeno relató es conematográfica, porque muestra con pluma poética y pulsión de thriller una matriz de captación de fondos con destino incierto. Incluso sabiendo ya que el chofer tomó nota para “resguardarse en un futuro” y que aprendió a calcular las cantidades de dinero en efectivo que apuntó en base al tamaño de los bolsos en los que se empacaba y se movía. En paralelo, se estudia la pista de que, en realidad, Centeno habría escrito para una persona en especial del entorno de los Kirchner o pudo haber sido partícipe de las maniobras. Es uno de los enigmas de la causa, sobre todo por conductas que mostró el propio Centeno. Una, no avisarle al fiscal Carlos Stornelli que los cuadernos no estaban en las casas que, juntos, fueron a allanar para encontrar precisamente ese material.

 

Además, la historia refleja cómo el sector privado se acogió a una metodología que se inició desde el poder político. En este contexto, mientras se suceden revelaciones casi a diario, la causa avanza más con lo que Bonadío tiene en la cabeza y la percepción propia que con la evidencia vista hasta el momento. El caso de la citación de CFK es un ejemplo. ¿Por qué Bonadío la indaga y probablemente termine procesándola? Porque entiende que lo que contó Centeno encuadra en una asociación ilícita que la ex mandataria no podía desconocer. La citación vino por ese lado. El magistrado cree que De Vido, Baratta y el resto de los citados no operaban en solitario, sino que respondían a superiores. Lo deduce por algunos datos, como la mención del departamento de la ex presidenta en la ruta de movimiento de fondos. En el entorno de la dirigente, reina una extraña calma. No creen en la existencia de mayor evidencia y preparan un discurso de trinchera: este viernes por la tarde Cristina Fernández compartiría un acto en Cañuelas con el secretario de general de SMATA, Ricardo Pignanelli, y el camionero Hugo Moyano.

 

Más allá de que se han perdido los cuadernos originales, que solo estuvieron en manos de la prensa y no del juez, el camino más complejo que afronta la investigación es saber dónde está el dinero que se menciona. Es, para los técnicos de Bonadío, improbable encontrar plata en efectivo sino a través de otros bienes. Pero el grueso de los fondos movidos, por el paso del tiempo, es casi imposible de recuperar. Casi que el juez se resignó en este punto desde el inicio.

 

 

 

En el Gobierno, en tanto, se golpean el pecho: “Ya nos cargamos al club de la obra pública”, dicen en referencia a esa corporación que en 2005 denunció el ex ministro Roberto Lavagna antes de irse del gobierno de Néstor Kirchner para evitar el estallido de negociados como los que hoy se conocen. Citan, en este marco, detalles de documentos de Wagner para mostrar cómo “están yendo presos empresarios que tenían que ir presos”. Trazan, de todos modos, una divisoria de aguas en enero de 2016, cuando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sentó a los popes de la CAMARCO para avisarles que la bocha había cambiado. Que tenían que reconvertirse para no perecer en escándalos del tipo cuaderno gate. Pensaron en aquel entonces los ladrilleros que “ya estaba todo resuelto, que alcanzaba con empezar a hacer las cosas bien”. Por eso los sorprendió una avanzada contra el sector privado que parece estar aún a mitad de camino, dado que, más allá de las citaciones ordenadas, habrá nuevos llamados a nuevos CEOs. Sin contar el sigiloso allanamiento que se produjo en oficinas de Techint y Roggio en pleno caos mediático del caso de las coimas. En paralelo, los ejecutivos de la obra pública temen que esta razzia de cuadros propios afecte la imagen de las compañías nacionales a riesgo de quedar en inferioridad de condiciones ante multinacionales en las próximas licitaciones, como la de corredores viales.

 

 

 

En algún sector del empresariado, el que mira de afuera y se dedica a otros rubros que están en crisis no por la corrupción sino por la recesión, leen el escenario con algunos matices. Destacan que el Gobierno salió del tiroteo de los aportantes truchos con un contraataque judicial oportuno. Aunque a la vez plantean que Cambiemos, jugando a la detención de CFK, “pone el ancho de espadas en la primera mano”, en relación a que una ex presidenta presa podría acelerar los plazos de una unificación del peronismo de cara a 2019.

 

Pero la realidad, más allá del artificio, es que son pocos los hombres con poder en la Argentina que aún se divierten con la grieta y los carpetazos judiciales. Un CEO de peso fue claro en una charla informal con un par: “Que se dejen de joder con esto de Cristina o Macri; si no se define la cosa, la plata, las inversiones, las va a poner Magoya”, concluyó.

 

 

 

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