“Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero, y no le importa cobrarse vidas. No estoy hablando del gobierno, no. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de Seguridad ampliada, para que el Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear la frontera. Pero también, ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico”.
La cita de Sergio Massa en su condición de candidato a presidente en 2015 resulta tan belicista, que ahora su grupo político debería denunciar por insuficiente la iniciativa del presidente Mauricio Macri de volcar militares a las fronteras para combatir agresiones externas no estatales (¿mapuches chilenos?) o cuidar objetivos estratégicos (¿Vaca Muerta? ¿ríos?). Al fin y al cabo, Macri y sus ministros de Defensa y Seguridad testean y se contradicen día a día sobre el alcance de la medida, pero todavía no llamaron a efectivos del Ejército a patrullar las villas o a brigadieres a echar un vistazo en Iguazú en un cazabombardero Douglas A-4 Skyhawk.
Sonaba tan osado e ilegal lo del candidato Massa hace tres años, que su entonces rival por la Presidencia Macri dejaba saber que ése no era su plan. Cambiemos jugaba todavía a balancear los rostros duros típicos de la derecha argentina con voceros que se declaraban respetuosos de los principios liberales de la democracia. El tiempo es veloz.
El spot de Massa 2015 no fue una rareza innovadora. Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), recuerda que, por ejemplo, durante la crisis de 2001, la proclama de enviar militares a las calles estuvo presente en las discusiones. “La prohibición de involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior no fue un acuerdo monolítico de la democracia que permaneció intocable”, indica la abogada a Letra P.
Dos candidatos peronistas, Carlos Menem en 2003 y Eduardo Duhalde en 2011, jugaron la carta temeraria como quien canta falta envido con 22. El hecho de que postulantes en necesidad de remontar encuestas lo hayan intentado refleja la presunción de que el argumento manodurista suma votos; sus categóricas derrotas electorales acaso marcan los límites de dicha especulación.
Con medias palabras, el candidato Daniel Scioli daba a entender que reforzaría el Escudo Norte que había desarrollado Cristina Fernández de Kirchner desde 2011 con el despliegue de 3.000 militares para tareas logísticas en la frontera, con prohibición de portar armas. El candidato del Frente para la Victoria (FpV) matizaba sus respuestas al respecto según quién lo entrevistara, pero sus nombres anunciados para el gabinete que nunca fue dan la pauta de qué escenario podría haberse dado: Alejandro Granados en Defensa y Sergio Berni en Seguridad.
Esta semana, Berni fue explícito en una primera evaluación del anuncio Macri. “No es nada nuevo, es la continuidad de lo que nosotros hicimos”, dijo Berni en Crónica TV, al tiempo que reprochó al Gobierno haber menguado el operativo en 2016 y 2017.
En la otra punta del kirchnerismo, Graciana Peñafort, exdirectora general de Asuntos Jurídicos en tiempos de Agustín Rossi (hoy precandidato a la Presidencia) resalta que la misión de las Fuerzas Armadas en el Escudo Norte era “detectar amenazas y notificar a las fuerzas de seguridad, con prohibición de uso de armas”.
Una fuente cercana a Rossi da cuenta de que Berni procuró sin cesar involucrar al Ejército en el combate al delito pero -según afirma- el ex militar no tuvo éxito.
Con este trasfondo, parte de la oposición tratará de sesionar el 8 de agosto en Diputados para votar la derogación de los decretos de Macri que abre la puerta a la intervención de militares en tareas de seguridad interior.
Para el kirchnerismo, el Movimiento Evita, el FIT y otros partidos de centroizquierda, la avanzada militarista de Cambiemos vulnera la ley de Defensa (sancionada en 1988 y reglamentada en 2006), la de Seguridad Interior (1991) y la de Inteligencia (2001). Este entramado delimita claramente las funciones de seguridad y defensa, y reserva la actuación de los militares a casos de agresión externa por parte de un Estado.
En el rechazo a la avanzada belicista se suman peronistas federales y diputados electos con la boleta del partido de Massa, como Felipe Solá, aunque otros integrantes del Frente Renovador podrían presentar un proyecto en línea con lo que sostenía su candidato en 2015.
El decreto 638 de Macri identifica “nuevas amenazas”, que “se manifiestan de otras formas… no son de carácter estatal militar… sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar”.
Litvachky sostiene que el texto Macri es contrario a derecho porque un decreto no puede ir en contra de la ley que reglamenta, y puntualiza que la ilegalidad es manifiesta en su alusión a “objetivos estratégicos”. El artículo 31 de la ley de Defensa -indica la responsable del CELS- establece que la protección de dichos objetivos está a cargo de Gendarmería y Prefectura, y que en caso de ser requerida la presencia militar, ello debe ser señalado mediante una ley y no por voluntad del Presidente.
Pese a los antecedentes, Litvachky singulariza la ofensiva de Macri. “La diferencia es que éste es el gobierno que con mayor profundidad modifica el marco normativo y rompe con el concepto de agresión estatal externa”.
Pese a que el CELS señaló que algunos puntos del Escudo Norte dirigido por César Milani eran “problemáticos”, la abogada de derechos humanos sostiene que los decretos de Macri cambian el paradigma.
La política real no es nada si no se atienden los nombres en juego. Los funcionarios a cargo de la mezcla de defensa y seguridad, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, provienen del ala más militarista de Cambiemos, y su origen, paradójicamente, no es el PRO, sino un sello unipersonal y la Unión Cívica Radical (UCR), respectivamente.
Siempre desacertado, Aguad dejó saber que los militares tendrán una función “disuasiva” en pequeños pueblos de frontera para ahuyentar a narcotraficantes.
En el caso de Bullrich, corresponde atenerse a los hechos. La ministra de Seguridad fue la generala que plantó la guerra al “terrorismo mapuche” y quien acusó a dos jóvenes muertos en la Patagonia de atentar contra la democracia: Santiago Maldonado, ahogado mientras era perseguido por Gendarmería, y Rafael Nahuel, víctima de una bala de un prefecto disparada por la espalda.
Desde hace tiempo, la fundadora de Unión por la Libertad estableció vínculos fluidos con el área de Inteligencia y de Defensa de Israel.
En 2016, la ministra de Seguridad orquestó la compra a Ia industria armamentística israelí de cuatro lanchas de patrulla costera y sistemas de vigilancia terrestres por 80 millones de dólares. El convenio de Bullrich no fue con su par de Seguridad Pública o del Interior de Israel sino con el de Defensa, lo que da cuenta del tenor el intercambio comercial.
