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En la causa por los aportantes truchos, el fiscal ordenó tres medidas claves para comenzar con el hilado de datos que apuntan a confirmar judicialmente la investigación periodística.

Por 20/07/2018 13:22

Con tres escritos judiciales el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello investiga las posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña política 2017 de la alianza Cambiemos en provincia de Buenos Aires.

Luego de una investigación periodística de Juan Amorín para la multiplataforma web El Destape, se iniciaron tres causas en la justicia federal que, en principio, apuntan al corazón del círculo de confianza de la  gobernadora María Eugenia Vidal y a su segundo, el radical Daniel Salvador.

El primero de los legajos penales está a cargo de Di Lello. Uno de los despachos judiciales que llevan su firma fue dirigido a la Anses para que se realice un cruce de datos con las personas que figuran como aportantes y aseveran que nunca dieron dinero que son beneficiarios de planes sociales y que “jamás” votarían a Cambiemos, como expresaron en sede judicial y ante las cámaras de televisión.

 

 

Los abogados de la repartición contestaron el planteo alegando que necesitan tiempo para acercar la información debido a la complejidad del pedido.

Esta medida de prueba apunta a establecer si los datos de los aportantes fueron extirpados de las entrañas de las bases de información personal que maneja el Estado y que deben estar resguardadas por mandato constitucional. En caso de probarse esa maniobra se estaría ante un posible caso de robo de identidades con fines electorales.

El segundo de los escritos judiciales tuvo como destino el ministerio de Desarrollo Social, gestionado por Carolina Stanley, esposa de Federico Salvai, hombre clave en la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal y secretario general del partido PRO en la mayor provincia electoral del país: Buenos Aires.

Con esta paso, el fiscal Di Lello intentará probar si los beneficiarios de planes sociales por parte de esa cartera figuran como aportantes de bajos montos en la campaña que depositó a Esteban Bullrich y Gladys González en el Senado nacional.

 

 

La tercera prueba, de orden administrativo pero no menos importante, fue encomendada a Gendarmería Nacional para que confirme los domicilios de las personas cuyos datos personales habrían sido fraguados.

La justicia investiga, por un lado, el posible robo de identidades y manipulación de datos privados, obtenidas de bases de identificaciones estatales, que fueron utilizadas para afiliar personas al PRO. Además, como muchos de esos afiliados afirmaron que no aportaron dinero a la campaña, el frente en el que indagará la justicia es cuál fue la canaleta por la que llegaron los millonarios fondos de campaña.

Estas tres medidas se dan en el marco de uno de los expedientes judiciales, pero existen otros legajos penales, como el que indaga sobre el aporte de 500 personas (aunque serían más de mil) que son beneficiarias de planes sociales como “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja” en el gran Buenos Aires. Hasta el momento, todos los ciudadanos que declararon en sede judicial o ante medios de comunicación, negaron haber aportado 250 y 1500 pesos en la campaña y ser afiliados al PRO bonaerense, como figura en las actas.

 

 

En este expediente el fiscal federal Carlos Stornelli pidió que se abra una investigación penal a partir de la denuncia de la Fundación La Alameda, quienes aseguraban que en el frente electoral Cambiemos de la provincia de Buenos Aires había fraguado los nombres de sus aportantes de campaña.

La causa la tomó el juez federal Sebastián Casanello, quien imputó a los responsables financieros de la campaña, el radical Alfredo Irigoin (ex Intendente de Laprida y del riñón del vicegobernador Salvador) y Carla Chabán del PRO.

Una tercera denuncia, presentada en La Plata por la senadora María Teresa García (Unidad Ciudadana), le apunta directamente a María Eugenia Vidal, como presidenta del PRO bonaerense, y a funcionarios de la primera línea, como el jefe de Gabinete, Federico Salvai, o la ex Contadora General del gobierno bonaerense, María Fernanda Inza, responsables, a distinto nivel, de la campaña de 2017. La presentación quedó radicada en el juzgado federal 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

Este martes 17 de julio, la legisladora confirmó y amplió la presentación. Un día después, la diputada provincial Florencia Juana Saintout presentó otra denuncia que incluye al diputado bonaerense de Cambiemos, César Torres, quien responde al intendente de Vicente López, Jorge Macri. El escrito quedó también en manos del juez Kreplak.

 

 

Todas estas investigaciones están en la primera etapa de recolección de pruebas. En el campo de las probabilidades nadie se atreve a descartar nada, incluso, hasta el procesamiento de Vidal o Salvai, si las evidencias obtenidas y el trabajo de jueces y fiscales, permiten ese camino.

Al sistemático retardo en las causas en las que están involucrados gobernantes, empresarios y políticos, se suma otro elemento: la feria judicial. Luego del privilegiado impasse de invierno que tienen los magistrados, será el tiempo de las declaraciones testimoniales de los presuntos aportantes.

El fiscal Di Lello ya tiene una lista con 50 personas que servirán como casos testigos, pero esa nómina podría engrosarse a pedido de alguno de los actores judiciales del proceso.

Por lo pronto, el escándalo ya se deglutió la primera de las víctimas. La contadora María Fernanda Inza amiga personal y mano derecha de Vidal, fue eyectada de la gestión a pedido de la gobernadora, así, la ex funcionaria, se transformó en el primero de los fusibles del caso.

 

 

La tropa de María Eugenia Vidal se desordena en el interior de la provincia de Buenos Aires. Si bien la mayoría de los intendentes han intentado despegarse de la polémica, siendo cautos a la hora de responder sobre la denuncia de los aportantes truchos, es muy importante el número de dirigentes de Cambiemos que advierten no haber contribuido en las distintas campañas. Algunos, incluso, ponen en duda su permanencia en el espacio.

Cabe recordar que no es la primera vez que Cambiemos tiene problemas con el dinero destinado a la financiación de sus campañas políticas. Ya en 2015, luego del escándalo con la empresa La Usina producciones, el periodista deportivo Fernando Niembro y su socio, Atilio Alberto Meza (que también había sido funcionario del ex ministro de Seguridad, el sciolista Ricardo Casal), debieron abandonar sus aspiraciones electorales y renunciar a la lista de diputados nacionales.