Sobrepoblación carcelaria: reclaman crear comité de emergencia
Previo a la presentación de su informe anual, el organismo defensor de los Derechos Humanos "sobrepoblación y hacinamiento crecientes" que "se suman la persistencia de la tortura".
Previo a la presentación de su informe anual "El sistema de la crueldad" acerca de lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires -que será el 10 de agosto-, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó a la Corte Suprema bonaerense la conformación de un comité de emergencia por sobrepoblación carcelaria y le reclamó “directrices para que los jueces reduzcan la cantidad de personas encerradas en el sistema penal”. Esto, en el marco de alertas por “las decisiones de política criminal de las autoridades de la provincia de Buenos Aires” que “agravaron una situación que ya era crítica y que está produciendo un récord histórico de sobrepoblación y hacinamiento” que "se suman la persistencia de la tortura".
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En este sentido, el organismo presidido por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, recordó que la administración vidalista “acepta que la sobrepoblación de su sistema penitenciario es crítica. En un informe presentado a la Suprema Corte afirma que tienen 10 mil personas por encima del cupo que el mismo Poder Ejecutivo estableció, sin contar a quienes están alojados en comisarías. Sin embargo, y aunque los jueces lo solicitaron, no presentó ningún plan para resolver la crisis. Esta actitud de incumplimiento se viene reiterando en distintas instancias en las que jueces provinciales tomaron medidas orientadas a proteger a las y los detenidos”.
Por este motivo, la Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría de Casación y el CELS, en la audiencia de seguimiento del expediente iniciado por las condiciones de detención en territorio bonaerense, solicitaron a la Corte que tome las medidas necesarias “para poner fin a las violaciones de los derechos humanos en el sistema penal provincial”.
Ante esto, requirieron que “se conforme un comité de emergencia por sobrepoblación que tenga la tarea de definir las plazas disponibles y de tomar decisiones específicas para bajar la cantidad de personas privadas de la libertad”, en tanto que también pidieron que “la Suprema Corte genere directrices para que los jueces reduzcan la cantidad de personas encerradas en el sistema penal, controle que se cumpla la orden de no alojar detenidos en lugares inhabilitados, dictada por ese mismo tribunal en diciembre de 2015 e impulse acciones eficaces para la prevención, asistencia de víctimas y sanción de las torturas sistemáticas y otros tratos crueles o degradantes que se registran en el sistema de encierro”.
Tal como detalló Letra P en mayo pasado, funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Justicia reconocieron ante la Justicia que el Ejecutivo seguirá incumpliendo la orden judicial tendiente a revertir el escenario crítico de hacinamiento en calabozos, al no presentar plan alguno en este aspecto al momento de ser citados por la magistrada María Ventura Martínez.
Según alertó la CPM, entre diciembre de 2012 y mayo de 2018 la tasa de personas detenidas pasó de 180 a 255 cada 100 mil habitantes en cárceles, alcaidías y comisarías. “Una de las consecuencias de este crecimiento es la cantidad de personas alojadas en las comisarías, que se duplicó entre diciembre de 2015 y julio de 2018”, enfatizaron para añadir: “Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia reconocen que los camastros disponibles en cada comisaría están ocupados y que hay un 246% de sobreocupación. A esto último se suma que del informe presentado por el Poder Ejecutivo se desprende que el 80% de las dependencias policiales no cuentan con elementos para prevenir incendios, lo que significa que se encuentran latentes las condiciones de posibilidad para que hechos como la masacre de Pergamino, vuelvan a ocurrir”.
“A la sobrepoblación y el hacinamiento crecientes se suman la persistencia de la tortura y los malos tratos y las pésimas condiciones de salud que caracterizan a las cárceles de la provincia”, destacó el organismo defensor de los Derechos Humanos para puntualizar: “El gobierno de la provincia no solo no reduce la cantidad de detenidos sino que toma decisiones que la aumentarán, como la de proponer una reforma regresiva del Código Procesal Penal”.
