En un clima de persistente tensión entre las partes, la Corte Suprema bonaerense advirtió al gobierno de María Eugenia Vidal que los cambios al Procedimiento Laboral (Ley 11.653 y modificatorias) que promueve como parte del paquete de iniciativas tendiente a la reforma del sistema judicial provincial, tendrían un costo superior a los $1000 millones anuales, entre personal y gastos de alquileres. Lo hizo en mediante un informe que encargó a la secretaría de Planificación del Máximo Tribunal en donde no se ahorran cuestionamientos a la forma en que la administración vidalista impulsó esta iniciativa, al marcar que la misma se presentó en la Legislatura sin incluir “un diagnóstico de la situación” que la motivó ni “los costos que la reforma implicaría”, en tanto que también marcó en tono crítico que no se detallan los actores consultados para la confección de este proyecto.
Entre algunos de sus puntos, el proyecto de reformas al Procedimiento Laboral que presentó Vidal en abril pasado, pone fin a la instancia única, transformando los actuales Tribunales de Trabajo en Juzgados de Trabajo unipersonales, habilitando una segunda instancia a través de la instauración de Cámaras de Apelaciones del Trabajo. Con la disolución de los Tribunales de Trabajo existentes, se crearían 179 juzgados de Trabajo. También, incorpora al ordenamiento procesal laboral la figura de "audiencia preliminar", prevé la obligatoriedad de video-filmar la audiencia de vista de causa, introduce una modificación sustancial en materia de notificaciones por medios electrónicos y establece mecanismos que flexibilizan la producción de prueba testimonial, así como la incorporación de medios tecnológicos que puedan evitar suspensiones o dilaciones del proceso.
La Corte alertó que, “para afrontar el impacto que generaría la sanción del proyecto de ley” será necesario solicitar “entre 850 y 1000 cargos adicionales (la mayoría de los cuales deberían ser letrados) y en principio, gradualmente, la construcción o adecuación de al menos 20 mil metros cuadrados de espacio”. Según sus cálculos de costos anuales, esto implicaría “aproximadamente $971 millones en costos de personal, más 37.6 millones en gastos en alquileres”, lo que representaría un total de $1008.6 millones.
“El análisis evidenció el impacto que generaría la sanción del referido proyecto, en cuanto a los recursos necesarios para su implementación”, detalla la resolución de la Corte bonaerense para advertir que dichos costos no contemplados en la reforma "deberían ponderarse en caso de que prospere la iniciativa, a fin de evitar problemas presupuestarios, de soporte técnico e infraestructura, entre otros aspectos".
Así, el Máximo Tribunal consideró “ineludible” establecer “principios superiores surgidos de políticas públicas sólidas, planificadas y de consenso, donde la Suprema Corte de Justicia y los distintos actores del sistema judicial aporten sus experiencias y propuestas, fundadas en datos de litigiosidad, perspectivas de crecimiento y disponibilidades económicas, a fin de enriquecer el proceso de adopción de decisiones”. Por esto, reclamó que “toda innovación del diagrama orgánico de la administración de justicia debe ser pensada en modo integral, valorando las instancias disponibles, los cargos presupuestarios y demás cuestiones esenciales para garantizar la eficacia del servicio que los órganos judiciales deben brindar a los ciudadanos".
OBSERVACIONES. “Los fundamentos del proyecto no incluyen un diagnóstico de la situación que dio lugar a la reforma. Parecería que se asume que los Tribunales presentan disfuncionalidades pero eso no se explicita ni fundamenta”, arremetió el informe de la Corte para marcar que “tampoco se explicita el proceso de adopción de la decisión que derivó en la solución que se plasma en el proyecto. En tal sentido, no se explica si fueron consideradas otras alternativas para superar la supuesta situación de crisis”.
Tras señalar críticamente que “no están expuestos los actores del sistema que fueron consultados y eventualmente de los que se obtuvo consenso”, el Máximo Tribunal alertó: No están evaluados ni contemplados los costos que la reforma implicaría, ni en materia de recursos que tiene que asumir el Estado, ni el posible aumento de los costos para litigar en materia de honorarios a los profesionales, teniendo en cuenta la incorporación de una nueva instancia.
Por todo esto, la Corte destacó que, “para el caso de que prospere el proyecto en análisis, resultará necesario el diseño y elaboración de un plan que defina objetivos, etapas y responsabilidades, así como también el control de su ejecución y seguimiento”, además de un “relevamiento de los inmuebles actualmente ocupados por los Tribunales de Trabajo” y la “panificación de la redistribución de espacios y definición de las necesidades edilicias adicionales”.
