En La Libertad Avanza acusan al secretario de políticas universitarias de inventar gestiones por el proyecto. Le reprochan a la ministra no poder controlarlo.
La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el presidente Javier Milei y el subsecretario Alejandro Álvarez.
La interna libertaria no da tregua: el proyecto para fijar condiciones del presupuesto de universidades, y reformar la ley que Javier Milei no quiere cumplir, no tiene fecha de tratamiento en Diputados porque no están los votos para dictaminar. En el oficialismo acusan a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de no controlar a un funcionario clave.
La figura más cuestionada es Alejandro Álvarez, el secretario de Políticas Universitarias. En el oficialismo de la cámara baja están furiosos con él, porque lo responsabilizan de informarle a Santiago Caputo, su jefe político, que en Diputados están los votos para aprobar su proyecto.
La iniciativa fue enviada en febrero, girada a comisiones y el oficialismo no logra reunir las firmas, sobre todo porque ni la UCR ni Provincias Unidas están dispuestos a ayudar. Sin esas fuerzas, La Libertad Avanza (LLA) no puede llegar a una mayoría y por eso no hay agenda de tratamiento.
Álvarez tiene autonomía en su cargo. Los referentes del oficialismo que se contactaron con Pettovello se molestaron porque no estaba al tanto de las versiones que filtraba su funcionario.
El proyecto de Álvarez fue enviado en febrero y nunca se trató. Busca modificar la ley sancionada el año pasado, que Milei vetó y el Congreso sostuvo con dos tercios de ambas cámaras. El Gobierno nunca ejecutó la ley y la Justicia lo obligó a aplicarla.
La modificación más importante se refiere al pago de los salarios a docentes: la ley obliga a recomponer lo perdido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde diciembre de 2023. Se trata de una recomposición de 38% en 2024 y 14% en 2025.
El texto de Álvarez es menos generoso. Sólo toma en cuenta la pérdida por IPC de 2025. Establece una recuperación del 12,3% en tres tramos de 4,1%, a pagar en marzo, julio y septiembre.
Otro cambio es en la indexación. La ley sancionada establece una suba automática por IPC; y la reforma propuesta establece paritarias abiertas por trimestre. En los gastos de funcionamiento, también hay cambios. El nuevo proyecto se refiere a 2026 y actualiza por inflación que supere la presupuestada (14,6%).
La información que llegó a la mesa política que se reúne en la Casa Rosada es que el secretario de políticas universitarias tenía un acuerdo con el radicalismo a través del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, un histórico dirigente radical y padrino político del diputado Martín Lousteau.
Como prueba de ese supuesto pacto, el proyecto contempla un refuerzo específico para hospitales universitarios de 80.000 millones de pesos. Se interpretó como un artículo a medida del Hospital de Clínicas, propiedad de la UBA.
Sin embargo, ni Lousteau ni los seis miembros del bloque UCR, coordinados por Pamela Verasay, pidieron tratar la iniciativa ni garantizan las firmas para dictaminar. Tampoco hay un pedido de los rectores radicales, como había llegado desde la Casa Rosada.
Mientras que las autoridades del resto de las casas de altos estudios participaron en febrero de un evento en Diputados para pedir la aplicación de la ley vigente, que el Gobierno no quiere aplicar, no están los votos para reemplazarla por otra.