Guillermo Escolar y Mario Rovella declararon que mintieron para no ir presos, pero asentaron otros dichos en una escribanía. Qué dijeron los jueces y la fiscal.
Cristina Fernández de Kirchner.
La causa de Los Cuadernos K, una constelación de estrellas del poder.
En una audiencia caldeada, otros tres empresarios imputados en la causa de los cuadernos K denunciaron aprietes de parte del fallecido juez Claudio Bonadio y dijeron que mintieron en su declaración original para no ir presos. Los dichos generaron debate entre los jueces del Tribunal y fueron rechazados por la fiscal Fabiana León.
“Armamos un invento para no quedar detenidos. Después fuimos a una escribanía a declarar la verdad de los hechos”, dijo este martes Guillermo Escolar, extitular de Cleanosol Argentina, una empresa especializada en señalización vial y demarcación. Escolar dio un extenso testimonio ante el tribunal integrado por Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, que luego tuvieron oportunidad de hacerle preguntas.
El testimonio de Escolar se alineó, así, a lo que habían dicho previamente, en la misma audiencia, Mario Rovella, de la empresa Rovella Carranza, especializada en obra pública, y Oscar Sansiseña, dueño de Cleanosol. Por su edad –tiene 85 años y problemas de memoria- Sansiseña fue escueto en su declaración y dejó los detalles en manos de Escolar.
Los tres imputados comparten una característica común. Durante la instrucción de la causa, por consejo de sus abogados, dejaron asentado ante escribano público que la declaración que habían hecho frente a Bonadio había sido brindada “bajo coacción” y que no se correspondía con los hechos reales.
Sansiseña, Escolar y Rovella habían sido señalados por el financista Ernesto Clarens, un arrepentido clave en la causa, que declaró que recibía pagos de empresarios ligados a la obra pública y que esos fondos eran derivados al entonces secretario privado de Néstor Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz.
“Quiero negar de manera rotunda los hechos que se me atribuyen. Ni personalmente ni a través de terceros, bajo ningún concepto ni con ninguna finalidad, entregué dinero a Ernesto Clarens. Nunca realicé esos pagos, ni en esa oportunidad ni en ninguna otra”, dijo Rovella, el primero en declarar este martes.
Según el empresario, al momento de brindar su declaración indagatoria debió falsear los hechos porque, de lo contrario, se iba a ver privado de su libertad. Sin embargo, relató, el 22 de noviembre de 2022, horas antas de sentarse frente al juez Bonadio, Rovella concurrió a una escribanía donde dejó asentado que se sentía “en el estado de necesidad de tener que reconocer, sin que sean verdad, ciertos hechos al solo efecto de evitar ir a prisión injustamente”.
Como publicó Letra P semanas atrás, el acta de la declaración de Rovella frente al escribano fue exhibida a fines de febrero por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, en ocasión del planteo de cuestiones preliminares.
En aquella misma audiencia, Diego María Olmedo, defensor de Sansiseña y Escolar, señaló que tras declarar frente a Bonadio, ambos habían asentado en una escribanía “que lo que dijeron no era la verdad de las cosas y que en el momento procesal oportuno iban a decir lo contrario a lo que manifestaron en el juzgado”.
Tal como había adelantado el abogado Olmedo y como consta el acta notarial, Escolar relató frente a los jueces que su decisión de admitir la existencia de pagos a Clarens se gestó cuando advirtió que otros empresarios imputados en la causa pasaron de quedar detenidos a recuperar su libertad una vez que dieron ese paso.
“El 20 de febrero declara el señor (Hugo) Dragonetti. Niega todo y se va a su casa. Dos días después caen en su casa, rompen la puerta, lo allanan y lo meten preso. Ahí era un delincuente peligrosísimo, que tenía que estar preso durante todo el proceso, aparentemente. El miércoles 27 pide ampliar la declaración, dice que pudo reflexionar y cuenta todo lo que el juez quería escuchar, que sí, que pagó, que lo extorsionaban, y se va a su casa caminando", relató Escolar.
El empresario refirió que lo mismo sucedió después con Gustavo Dalla Tea, presidente de Supercemento, y Norberto Ardissone, empresario y director de la constructora Contreras Hermanos. Ambos fueron detenidos en febrero de 2019 y luego liberados, una vez que admitieron los pagos. “El mensaje no fue muy difícil de interpretar, por eso declaramos lo que declaramos”, dijo Escolar.
En su declaración, el extitular de Cleanosol relató que, en julio de 2010, Clarens llamó a Sansiseña para preguntarle si quería hacer aportes a la campaña por la reelección de Cristina. “Estamos recaudando para la campaña de 2011, ¿quieren colaborar?”, preguntó el financista. Según Escolar, Sansiseña respondió: “La verdad, estamos cobrando a cuatro meses, dejame pensarlo”. Y el tema no pasó de esa conversación. Escolar señaló que el tono de Clarens “no fue extorsivo para nada” y los aportes nunca se hicieron.
La cuestión de los aportes de campaña apareció en varias ocasiones durante el debate. Alberto Tasselli, extitular de la empresa Faraday, quien se convirtió en imputado colaborador, admitió pagos al ex subsecretario Roberto Baratta y dijo que recibió presiones durante 2013. La misma versión sobre que los pagos correspondían a “aportes de campaña” y no a retornos la dieron Ángelo Calcaterra –primo de Mauricio Macri- Javier Sánchez Caballero y Armando Loson.
Ante los dichos de los imputados, los abogados defensores Maximiliano Rusconi y José Manuel Ubeira pidieron al tribunal que impulsara una denuncia para que otro juzgado investigue el origen de la causa de los cuadernos. “Las declaraciones no fueron pacíficas, van en el sentido de que hubo coacción. Es menester que el tribunal extraiga a los testimonios pertinentes, para que los que están denunciando ratifiquen las denuncias”, dijo Ubeira.
La fiscal León se opuso de manera vehemente. Tal como había dicho durante los planteos preliminares, disparó contra los imputados y sus abogados. “No hubo ninguna manifestación de las defensas en el momento en que supuestas coacciones ocurrieron. Más vale (los abogados) participaron de esas cuestiones, firmaron las declaraciones y no hicieron ninguna acotación. Este juicio pretende convertir a los imputados en víctimas y en victimarios a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”, dijo.
Por último, León dijo que las denuncias de los empresarios se tomarán en cuenta “eventualmente” al final del debate. Tras una deliberación, que duró cerca de media hora, los jueces coincidieron con el criterio de la fiscal. “El examen de la decisión en punto al mérito y entidad de las circunstancias que se susciten en el debate debe ser diferido al momento de la sentencia”, dijo Méndez Signori.
El juicio continuará este jueves con la presentación de otros nueve imputados, de los cuales cinco adelantaron que declararán.