El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta obtuvo vía libre por parte de la Justicia porteña para avanzar con el instructivo contra “toma” de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, frenado desde hace meses por un fallo de primera instancia de la jueza María Elena Liberatori y cuestionado por organizaciones sociales y gremios docentes.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad tomó la apelación del Gobierno porteño y resolvió a favor del Ministerio de Educación local, que conduce Soledad Acuña. De acuerdo a la Cámara, el protocolo para frenar la toma de escuelas públicas tiene validez porque “evita que las protestas estudiantiles deriven en la ocupación de las escuelas y preserva la integridad de los menores y el patrimonio edilicio”.
Además, la medida judicial contempla que las autoridades escolares deberán llamar a los padres de los alumnos que pretendan ocupar un establecimiento para que proceda a retirarlos o, en su defecto, que firman la autorización para que permanezcan en la protesta y sean penalmente responsables por los daños y perjuicios que puedan generarse durante esa modalidad de reclamo.
El Gobierno de Larreta avanzó con el protocolo “anti toma” a mediados del año 2017, cuando un grupo de estudiantes ocupó escuelas públicas en rechazo al programa Secundaria del Futuro, rechazado hasta el hartazgo por sindicatos docentes porteños y alumnos. Entre otras cosas, esa medida contempla que en el último año escolar los estudiantes realicen prácticas profesionales en empresas privadas.
El fallo judicial arriba a pocas semanas de que varios establecimientos públicos estuviesen ocupados por alumnos durante el debate en la Cámara de Diputados de la Nación por la ley de despenalización del aborto.