GUERRA DE LAS FARMACIAS

El caso Mendoza, clave en la interna de la Corte por Farmacity

La Corte convocó a una audiencia para el 29 de agosto sobre la controversia de los farmacéuticos bonaerenses contra el ingreso de Farmacity en la Provincia. Hace un año el tribunal ya falló en Mendoza

La batalla judicial que mantienen los farmacéuticos bonaerenses contra la cadena Farmacityfundada por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, superó los límites de la provincia de Buenos Aires y quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal deberá expedirse, por un recurso de queja que presentaron los abogados de la cadena de retail, para cuestionar un fallo de la Corte bonaerense que le impidió instalarse en su territorio, porque viola la legislación vigente. La controversia tendrá una audiencia prevista para el 29 de agosto, que desató todo tipo de especulaciones por la interna entre los cinco cortesanos por la elección del próximo presidente del tribunal, actualmente en manos de Ricardo Lorenzetti. 

 

Sin embargo, por fuera de las versiones que interpelan las ambiciones y el pasado político de sus miembros, cuando se concrete esa audiencia, un fallo similar habrá cumplido un año de vigencia y su letra podría resultar determinante para este caso. Se trata del fallo firmado el 3 de agosto de 2017, con el que la Corte le ordenó al máximo tribunal de Mendoza seguir adelante el trámite de una demanda contra el Gobierno de esa provincia, por la presunta violación de Farmacity de normas que rigen la radicación y actividad de establecimientos farmacéuticos en la provincia. Algo similar a la controversia que ahora originó el desembarco del caso bonaerense en el tribunal integrado por Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

 

 

 

MENDOZA-BUENOS AIRES. En esa controversia no hubo un debate sobre la cuestión de fondo que se disputa en la provincia de Buenos Aires, donde Farmacity sostiene que la justicia provincial “le impide instalarse, competir libremente con otras farmacias en esa provincia y brindar un servicio de calidad a los bonaerenses, pese a que cumple con todos los requisitos de habilitación y localización que requieren estos establecimientos”.

 

En el caso mendocino, la Suprema Corte de Justicia provincial había declarado la "caducidad de instancia", es decir, ordenó archivar el caso por falta de impulso procesal. El colegio farmacéutico local apeló la decisión, llevó el tema a la Corte nacional y cuatro de sus miembros argumentaron que no se tuvieron en cuenta medidas de prueba pedidas por los demandantes, osea por los farmacéuticos mendocinos colegiados.

 

Hace un año, según exhumó el diario Los Andes, el caso que originó el fallo de la Corte fue una medida “procesal administrativa” abierta por el Colegio Farmacéutico, la Cámara de Farmacias y el Centro de Empresarios Farmacéuticos de Mendoza, contra el gobierno mendocino, encabezado por el radical Alfredo Cornejo. Los querellantes definieron a la cadena Farmacity como un “monopolio despersonalizado, con sede en un paraíso fiscal” que violó las regulaciones locales desde 2008 cuando compró las cadenas de farmacias mendocinas Del Águila y Mitre. "Se violaron normas sobre transferencias de fondos de comercio y requisitos para el establecimiento en la provincia de ese tipo de comercios”, porque la ley 7.303 de 2004, que regula a las sociedades colectivas o de responsabilidad limitada del sector farmacéutico establece como límite hasta 2 farmacias por persona física, pero Farmacity, cuando compró las dos cadenas, llegó a controlar 21 filiales en la provincia. 

 

 

 

El fallo nacional dejó "sin efecto" la "caducidad de instancia", y le devolvió el expediente al "tribunal de origen" con el fin de dictar "un nuevo fallo". Esa decisión lleva la firma de Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti. 

 

Así como en Mendoza la discusión pasó por un tema procesal, en tierra bonaerense, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia entró en un tema de fondo. Argumentó que Farmacity vulnera la ley local 10.606, que prohíbe a las sociedades anónimas ser dueñas de comercios dedicados al expendio de medicamentos. En respuesta, la cadena de retail que fundó Quintana sostuvo que esa norma impide la libre competencia y recurrió a la Corte, aunque ese expediente ya registra rechazos en primera instancia, en la Cámara de Apelaciones del fuero y en la Suprema Corte bonaerense.

 

Con ese contexto político, la audiencia prevista para el 29 de agosto despierta nuevamente interrogantes sobre Rosenkrantz, que fue recusado por los farmacéuticos bonaerenses por haber tenido a Farmacity como cliente. También hay otro cuestionamiento contra Rosatti, señalado por los farmacéuticos por haber trabajado en la Procuración del Tesoro junto a Andrea Gualde, abogada de la cadena de retail. Sin embargo, ninguno de los dos señalados participará de la audiencia, porque ya se excusaron y no tienen acceso al expediente desde el año pasado. 

 

 

 

INTERNA CORTESANA. Esos cuestionamientos alimentaron las versiones sobre la sorda interna que atraviesa a la Corte por la elección de su próximo titular. Dentro del Palacio de Tribunales, fuentes judiciales interpretaron la convocatoria a la audiencia del 29 de agosto como una maniobra de Lorenzetti para desgastar a Rosenkrantz, pero en el máximo tribunal explicaron que los cortesanos todavía no se sentaron a hablar sobre la designación del próximo presidente de la Corte.

 

Además del caso mendocino, la Corte también podría tener en cuenta el voto del cortesano Maqueda en un caso donde le permitió a la organización eclesiástica Caritas a administrar una farmacia, aunque no cumplía con lo establecido por la ley bonaerense 10.606.

 

Ante las consultas de este medio, fuentes jurídicas del máximo tribunal insistieron en la importancia que le dio la Corte a la apelación de los farmacéuticos mendocinos, en un momento donde la composición de los cortesanos está claramente dividida en la “Corte vieja”, compuesta por los magistrados que llevan más de diez años, como Lorenzetti, Highton y Maqueda, frente a la “corte nueva”, integrada por Rosatti y Rosenkrantz, ambos nominados por el presidente Mauricio Macri.

 

 

 

En el Palacio de Tribunales minimizaron la dimensión de ese caso y recordaron que “en este momento, los grandes debates pasan por los juicios previsionales y laborales”. Mientras que en el Ministerio de Justicia aseguraron que las versiones sobre el caso Farmacity “vienen de las entrañas de la Corte, por la interna que tienen”. “Lo mismo pasó cuando hicieron correr la información sobre una reunión de Lorenzetti con el Presidente”, donde el cortesano le habría informado de su renuncia a la titularidad del máximo tribunal, algo que fue desmentido con vehemencia por el secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis.

 

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba. 
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