El presunto ex Ceo de Farmacity y actual vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, tiene un norte claro para su corporación: meter a su cadena en la provincia de Buenos Aires pese a todos los fallos judiciales en contra que sufrió desde 2012. La Constitución Provincial y una ley se lo prohiben, pero apuesta todas las fichas a la Corte nacional, donde tiene dos jueces amigos: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Uno fue abogado de la cadena comercial de medicamentos; el otro tuvo como asesora a la actual directora de Asuntos Jurídicos de la empresa. En esta nota, radiografía de una batalla silenciosa donde se cruzan negocios privados, lobbies ilustres y poder de turno.
El expediente judicial, al que accedió Letra P, tiene más de cinco años y 700 fojas en su derrotero por pasillos de diversas instancias de los tribunales bonaerenses. Fue solicitado por la Corte Suprema de la Nación, instancia hasta la que llegaron los abogados de la firma controlada por el fondo de inversión Pegasus, fundado por Quintana, actual coordinador del gabinete económico de Mauricio Macri.
Mario Quintana, fundador de Farmacity, vice jefe de Gabinete.
El proceso judicial se inició en el año 2012, luego de que el Ministerio de Salud bonaerense rechazara la instalación de un local de la cadena comercial en la localidad de Pilar. Ante este primer revés, Farmacity planteó una demanda contra la Provincia que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de La Plata, donde la jueza María Ventura Martínez le dio la razón al Colegio de Farmacéuticos bonaerense.
En su resolución, la jueza establece que la ley que ampara a los farmacéuticos "es clara, taxativa y constitucional".
La sentencia fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y por la Suprema Corte bonaerense, donde, además, no hicieron lugar al planteo de llevar la causa a la esfera federal y que fuera la Corte de Nación la que definiera el fondo del conflicto.
Ministros de la Corte Rosenkrantz y Rosatti.
Farmacity es una cadena de farmacias / autoservicio que vende, en sus 300 locales de todo el país, no sólo medicamentos sino también, por ejemplo, alimentos y bebidas. Ante el bloqueo judicial para entrar a la provincia de Buenos Aires, la firma fue en queja al máximo tribunal de la Nación, que, llamativamente en tiempo récord, hizo lugar al planteo de revisión y solicitó a la justicia bonaerense que le enviara el expediente. Dato: un planteo de queja tarda, promedio, un año en resolverse. En esta ocasión fue cuestión de días. Otro caso de justicia hiperactiva en favor de un funcionario de Cambiemos (Quintana) que ocupa sillas de ambos lados de un mostrador imaginario con intereses contrapuestos.
El expediente Farmacity.
María Isabel Reinoso es la titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y está al frente de la pelea judicial. En diálogo con este medio, explicó que todos los fallos judiciales "son claros" al sostener que "Farmacity no puede instalarse en la provincia de Buenos Aires, porque no cumple con el marco legal vigente".
Las normas indican que las farmacias no pueden ser sociedades anónimas y que debe haber un local cada 300 metros de distancia o cada 3.000 habitantes. Además, la Constitución Provincial establece que todo lo referido al ejercicio de las profesiones es materia de la Provincia y el Ministerio de Salud rechazó la instalación de la cadena farmacéutica.
De manera sorprendente, el tema volvió a instalarse en la provincia en medio de la campaña electoral y podría ser un golpe al modelo sanitarista de todo el país. En La Plata, el gobierno de María Eugenia Vidal mantiene el silencio.
El poder que le extendió Quintana a Rosenkrantz para representar a Farmacity.
LAZOS CON EL PODER. El actual juez de la Corte Carlos Rosenkratz era uno de los titulares del estudio jurídico Rosenkratz, Bauzá y Asociados, que tiene a su cargo el patrocinio legal de la empresa Farmacity, propiedad del funcionario macrista Quintana. El magistrado ya se excusó de entender en esta nueva etapa del pleito.
En tanto, Rosatti, quien fue ministro de Justicia y Derechos Humanos desde el 24 de julio de 2004 hasta el 25 de julio de 2005, tuvo como asesora a la abogada Andrea Gualde, actual directora de Asuntos Jurídicos de Farmacity.
Más: la primera titular de la cartera sanitaria bonaerense en la era Vidal, Zulma Ortiz, llegó a ocupar esa cartera luego de un fuerte lobby de la cadena de farmacias, tal como detalló este medio al inicio de la gestión de Vidal.
ARGUMENTOS CENTRALES
En el voluminoso expediente al que accedió Letra P, la piedra angular del conflicto es la sentencia que dictó la jueza María Ventura Martínez. En su resolución de 33 fojas dejó en claro que:
"En muchos casos hallamos que la actividad del comerciante implica un verdadero servicio público impropio, es lo que ocurre con los farmacéuticos, (....)"
"(...) la desregulación de la actividad farmacéutica requiere de la sanción de una norma expresa que reforme o sustituya el régimen legal establecido (...)"
Con estos dos postulados centrales, la magistrada le cerró la puerta al desembarco de Farmacity en la provincia. Todo fue avalado en las distintas instancias que recorrió el expediente. Ahora, el conflicto está centrado en la Corte federal.
