La histórica desarrolladora inmobiliaria enfrenta masivos reclamos por demoras en entrega de viviendas. Cincuenta años de poder y vínculos con la élite.
Santa Fe: un escándalo con un histórico negocio inmobiliario golpea al Círculo Rojo de la capital provincial
El histórico sistema de inversión inmobiliaria de Pilay quedó bajo fuertes cuestionamientos en Santa Fe. Reclamos por demoras en la entrega de viviendas escalaron a la Legislatura y salpican a una empresa emblemática del ahorro en ladrillos, con profundas conexiones en el poder local.
Un escándalo inédito sacude por estos días a la tradicional firma, refugio durante décadas de la clase media y media alta santafesina. Con ramificaciones en Rosario, el resto de la provincia, Córdoba, Entre Ríos y Uruguay, la compañía enfrenta ahora denuncias de centenares —con proyección de miles— de clientes.
El eje del conflicto es claro: quienes invirtieron en el sistema Pilay aseguran que no reciben sus viviendas en tiempo y forma. La magnitud del reclamo ya derivó en pedidos de informes en la Legislatura.
El caso generó conmoción particularmente en la ciudad de Santa Fe no sólo por el volumen de afectados. El peso simbólico de las familias propietarias, con apellidos históricos y fuerte presencia en los círculos de poder de la capital provincial deja al Círculo Rojo en el ojo de la tormenta.
Pilay nació en 1976, fundada por cinco familias cercanas, y se consolidó como una de las principales vías para acceder a la vivienda propia o invertir en “ladrillos”. El punto de inflexión llegó en 1985, con su sistema de financiación en cuotas, que permitió su expansión y la posterior alianza con la constructora Bauen para desembarcar en Rosario.
Entre los apellidos fundadores sobresale Vigo, con el respaldo de una escribanía centenaria. De ese entorno surgieron figuras relevantes en la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Uno de los nombres más notorios es Javier Vigo Leguizamón, cofundador de Pilay y protagonista de la vida institucional santafesina. Fue presidente de la Cámara de Sociedades Anónimas de la Bolsa, del Club Hípico General Belgrano y del Santa Fe Lawn Tennis Club, además de vicepresidente del Club del Orden.
Su trayectoria también incluye un paso por la función pública como subsecretario de Justicia y Culto en 1981, durante la dictadura, y una activa participación en debates sobre memoria y violencia política. En 2001 publicó Amar al enemigo, un libro de entrevistas a Jorge Rafael Videla y Mario Firmenich, y más tarde patrocinó a Arturo Larrabure en un intento de reabrir su causa. Integró el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), organización presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En el plano personal, Vigo Leguizamón protagonizó el año pasado un episodio de alto impacto al publicar, junto a su hijo Gastón, el libro El dolor, la traición y la esperanza, donde relatan una historia de abusos sufridos en la infancia. Quienes conocen a la familia señalan que ese contexto también atraviesa la historia interna de la firma.
Actualmente, Gastón Vigo Gasparotti desarrolla una tarea social a través de Akamasoa Argentina, inspirada en el trabajo del sacerdote Pedro Opeka, en Madagascar. En Lima, Zárate, lleva adelante una experiencia de construcción comunitaria de viviendas en un barrio levantado en donde se desplegaba antes un basural.
Otro actor clave en la estructura de Pilay es Marcelo Vorobiof, contador y responsable del desarrollo matemático del sistema que permitió el crecimiento de la empresa en los años ‘80.
Vorobiof también tuvo protagonismo institucional y político. Fue presidente de la DAIA Santa Fe y del Ente Administrador del Puerto local entre 2010 y 2014, designado durante las gestiones de los gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti a instancias del entonces intendente Mario Barletta y luego de su sucesor José Corral.
Su salida del ente portuario estuvo marcada por polémicas. Investigaciones de la Sindicatura General de la Provincia detectaron empresas fantasma vinculadas a su entorno beneficiadas con adjudicaciones. En 2022 fue condenado a tres años de prisión condicional por negociaciones incompatibles con la función pública y estafas por administración fraudulenta, además de ser inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y obligado a pagar ocho millones de pesos en concepto de multa y reparación.
El conflicto actual se sostiene sobre una base cada vez más amplia de damnificados. El Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) asesora a unos 400 ahorristas, mientras que un grupo de WhatsApp de afectados ronda los 900 integrantes.
Las organizaciones que acompañan a los clientes estiman que el número real podría ser entre 10 y 15 veces mayor.
Un grupo de damnificados, junto al referente del CESyAC y ex secretario de Defensa del Consumidor, Juan Marcos Aviano, fue recibido por la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. En ese marco, el legislador Miguel Rabbia presentó un pedido de informes.
La respuesta de la empresa llegó a través de un extenso documento con argumentación jurídica. Allí se sostiene que “la normal secuencia de los pagos se ha visto alterada por las recurrentes y muy graves crisis económicas sufridas por el país desde la celebración del contrato”.
El texto agrega que esas condiciones obligaron a aplicar cuotas provisorias y afectaron el ritmo de construcción, lo que impactó en los plazos de entrega. “Ello ha tenido natural incidencia en el ritmo constructivo y en el valor cancelatorio de las cuotas...”, señala.
Finalmente, Pilay plantea la necesidad de revisar el esquema vigente: “es necesario encontrar una manera equitativa de readaptar el contrato a las circunstancias vigentes”.
Mientras tanto, el conflicto crece y ya dejó de ser un problema privado para convertirse en un tema político, con impacto directo en uno de los núcleos más influyentes de la capital santafesina.
Actualmente rige un descuento del 50%. Alcanzaría a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65. Para la diputada del peronismo es "necesario y urgente”.