En el entorno del presidente Mauricio Macri aseguran que el Gobierno ahora no tiene apuro en obtener el acuerdo del Senado para el nombramiento de Inés Weinberg de Roca como nueva titular del Ministerio Público Fiscal. Una de las razones para la renovada paciencia oficial tiene que ver con el desempeño del procurador interno, Eduardo Casal, que está al frente del organismo desde el 22 de noviembre, cuando Alejandra Gils Carbó pidió licencia antes de renunciar en forma indeclinable al cargo, con una salida efectiva desde el 31 de diciembre.
Casal es uno de los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 1992. Cuando el Senado designe a un nuevo procurador en forma definitiva, Casal volverá a su cargo, aunque, desde que desempeña el interinato de la jefatura de los fiscales, el Gobierno comenzó a disfrutar de ese periodo, que por ahora tiene un final abierto. Hasta hace diez días, el ejercicio de Casal al frente del MPF no cosechó grandes cuestionamientos. Sin embargo, las críticas se multiplicaron desde el viernes pasado, cuando el Poder Ejecutivo oficializó la postulación de Weinberg en el Boletín Oficial para iniciar el trámite formal para designarla, un mecanismo que abre un plazo de 15 días hábiles para la presentación pública de apoyos y objeciones antes de que el Ministerio de Justicia realice un informe al respecto y eleve el pliego al Presidente, que deberá mandarlo al Senado.
Entre el envío del pliego y el posible acuerdo de los dos tercios de la Cámara alta, resta la realización de una audiencia pública y un proceso legislativo que podrían demorar la designación de la postulante hasta fin de año.
Fiscal Gerardo Pollicita.
El mismo día en que fue publicado el inicio del trámite, Casal firmó la resolución 69/18, revocó una designación de su antecesora y dejó sin efecto el traslado del fiscal Juan Pedro Zoni a la fiscalía federal 8, para la cual había concursado. Zoni regresó, por ahora, a la Fiscalia Correccional 34 y finalmente irá a la Fiscalia 2 ante el juzgado federal de Santiago del Estero, recién cuando sea habilitada. Se trata del funcionario judicial que investigaba uno de los casos que más incomoda al Presidente: la causa en la que está imputado por el presunto beneficio millonario del Gobierno al grupo SOCMA, que pertenece a Franco Macri, padre del mandatario, por condonarle las deudas con el Estado del canon impago de la concesión del Correo Argentino entre 1997 y 2003. En esa negociación desfavorable para el fisco, el Gobierno aceptó una quita de 70.163 millones de pesos, es decir, de un 98,82 por ciento del total, con un plazo hasta 2033 para cancelar el saldo restante, que sólo llega al 1,18 por ciento del pasivo global. Según reveló el diario La Nación, Zoni había llegado a investigar la realización de seis reuniones privadas que mantuvo Macri con funcionarios del extinto Ministerio de Comunicaciones, y con los funcionarios involucrados en el caso, aunque el juez federal Ariel Lijo no hizo lugar a ninguna de las medidas que solició el miembro del Ministerio Público. Zoni también avanzaba en otra pesquisa donde esta imputado el ministro de Finanzas Luis Caputo por la emisión de deuda a 100 años.
Tras la zozobra de la remoción, Casal nombró a Gerardo Pollicita al frente del lugar que había ocupado Zoni. Se trata de un fiscal que le ha prodigado buenas noticias al Ejecutivo en casos clave, desde el expediente que investiga la firma del Memorandum con Irán hasta las imputaciones contra la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner por obra pública.
Al reemplazo de Zoni por Pollicita, Casal firmó este martes un dictamen donde evaluó que el artículo 14 de le Ley 10.606, aprobada en 1987 en la provincia de Buenos Aires, es inconstitucional. La medida impone cambios a la vigencia de la Ley de Farmacias bonaerense, algo que permitiría el desembarco de la cadena Farmacity en la tierra gobernada por María Eugenia Vidal, justo en un momento donde el vicejefe de Gabinete Mario Quintana confirmó que se desprenderá de las acciones que tenía en esa cadena, que creó y condujo durante años. Si bien la medida no es vinculante, Casal también resolvió que el expediente vuelva a manos de la Corte para un fallo definitivo.
Juan Carlos Paulucci hijo y el fallecido Momo Venegas.
En medio del período ventana, Casal también oficializó el nombramiento de Juan Carlos Paulucci al mando de la Fiscalía 2 de la Cámara Federal de Seguridad Social. Es el hijo del secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, que tiene el mismo nombre, y que será controlado y vigilado por su hijo, que, antes de llegar al cargo, trabajó muy cerca del difunto líder de las 62 Organizaciones y titular de la Unión de Trabajadores Rurales (UATRE), Gerónimo "Momo" Venegas.
Entre las 75 impugnaciones que recibió Paulucci hijo, varias fueron por incompatibilidad de funciones debido al vinculo familiar con el titular del organismo del ejecutivo que debería controlar.
La fiscalía no será el único lugar que ocupará Paulicci hijo, sino que podría quedar el frente de la Fiscal General Ante la Cámara Federal de Seguridad Social, porque el presidente Macri decidió cambiar el envío del pliego de Gabriel De Vedia, tal como lo había propuesto Cristina Fernandez de Kirchner el 6 de noviembre de 2015, un mes antes de dejar el cargo. Cuando llegó a la Casa Rosada, sacó el pliego de De Vedia y puso a Paulucci hijo. Si el Senado ofrece su acuerdo, habrá un solo funcionario judicial, con respaldo del Gobierno, para controlar al área de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y para monitorear y opinar sobre los casos en materia previsional que pasen por esa cámara.
