La Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal desde la ruidosa salida de Alejandra Gils Carbó, firmó este miércoles un dictamen a favor del pedido de inconstitucionalidad de Farmacity contra la resolución del Ministerio de Salud bonaerense, la que le impide a la cadena instalarse en la provincia de Buenos Aires. Ahora resta el aval definitivo de la Corte Suprema.
Con la firma de Laura Monti, fiscal ante la Corte Suprema, la Procuración pidió “hacer lugar a la queja” de Farmacity y “declarar la procedencia del recurso extraordinario”. A su vez, “revocar la sentencia apelada” y “declarar la nulidad de los actos locales” que le negaron a la cadena, hasta aquí, desembarcar en la Provincia.
El dictamen de la Procuración, elaborado luego de ser solicitada su opinión por la Corte, busca romper el argumento jurídico impuesto por la Justicia bonaerense. La que avaló la resolución 35/12 del Ministerio de Salud provincial y la disposición 1699/11 de la Dirección Provincial de Coordinación y Fiscalización Sanitaria. Estas medidas son las que le impiden a Farmacity llegar con todo su poderío económico a la provincia que conduce María Eugenia Vidal.
De estos argumentos se valió la justicia provincial y falló en favor del Colegio de Farmacéuticos local, que consiguió en territorio bonaerense hasta el OK de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Por eso Farmacity continuó su demanda en el ámbito de la Corte nacional, interponiendo un pedido de inconstitucionalidad que ya tiene la firma de la Procuración.