Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la ex presidenta Cristina Fernández y otras 33 personas sean citados a prestar declaración indagatoria por los supuestos delitos de defraudación y negociaciones incompatibles con la función pública a partir del presunto montaje de una estructura corrupta para favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública durante su gobierno.
Los fiscales (Pollicita es el que defendió, sin éxito, la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex mandataria por el entendimiento con Irán en el caso AMIA y Mahiques es familiar del primer ministro de Justicia de la gobernadora María Eugenia Vidal, Carlos Mahiques, y del subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Juan Bautista Mahiques) aseveraron que CFK y Báez "se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción".
Por su parte, la ex presidenta rechazó el pedido de indagatoria y apuntó contra los fiscales. "Que la novela de Pollicita y Mahiques se difunda el día que (el ministro de Energía, Juan José) Aranguren tiene que explicar el tarifazo en el Congreso no es casualidad...", manifestó, y aseguró que "si los fiscales andan buscando 'socios' ocultos e incompatibilidades con la función pública, prendan la televisión".
El pedido a indagatoria conocido este martes alcanza al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex subsecretario del área Abel Fatala, a Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, y al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
También pidieron las indagatorias de Báez, preso desde el 5 de abril pasado por presunto lavado de dinero, y de su hijo Martín, procesado en el mismo expediente, además de la inhibición general de bienes de todos los imputados.
Se trata del primer pedido de indagatoria de relevancia en el marco de la megacausa que instruye el juez federal Julián Ercolini por asociación ilícita, que en 2008 impulsó la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió junto a otros legisladores de su partido, como Paula Oliveto Lago.
Si bien la causa se había separado en tramos, las auditorías hechas por la nueva gestión en el ámbito de Vialidad Nacional permitieron a los fiscales Pollicita y Mahiques reclamar la indagatoria de la ex presidenta y otros 33 imputados por las supuestas irregularidades en la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo virtualmente monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites, propiedad de Báez.
NOVELA. "Que uno de los 'argumentos' sea que el Señor Báez haya sido funcionario bancario y luego empresario debería aplicarse a todos los empresarios, y no sólo a todos los contratistas del Estado", contratacó Cristina, y agregó que "en el Congreso está el ministro Aranguren, accionista declarado y público de Shell, compañía a la que el Estado Argentino compra gas en forma directa por sumas multimillonarias, sin que a ningún fiscal se le mueva un papel".
En tanto, remarcó que "si de obra pública se trata, tampoco parece inquietar a ningún habitante de Comodoro Py que el Presidente (Mauricio Macri) adjudique por decreto 45.000 millones de pesos (modificando el Presupuesto) a una obra de su primo hermano Angelo Calcaterra".
"El objetivo de esconder la catástrofe económica y social a través de 'una denuncia por semana', con la complicidad de los medios es a esta altura el único sustento de la ficción macrista", cuestionó.
