La llegada de Mauricio Macri al poder repuso discursos y mensajes que marcan un retroceso con respecto a los derechos humanos de ayer y de hoy. Sin embargo, no alteró por completo una dinámica que preexistía -no sin dificultades- al gobierno de Cambiemos.
Pese a que el candidato devino presidente hablando del “curro” de los derechos humanos, de que llama “guerra sucia” a los años del terrorismo de Estado y dice livianamente que no tiene idea de cuántos son los desaparecidos, los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura siguen adelante, contra los peores presagios de la oposición que -hasta este instante- no se cumplen.
Así surge del Informe Estadístico sobre el Estado de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad en Argentina, del Ministerio Público Fiscal. Elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el área especializada a cargo del fiscal general Jorge Auat y la fiscal Ángeles Ramos acaba de difundir un trabajo que muestra a 2017 como un año que se caracterizó por la cantidad de sentencias dictadas. “Fueron 27, la cifra más alta de todo el proceso de justicia desde su reapertura en 2006. En total fueron condenadas 205 personas por delitos contra 2017 víctimas”, dice.
El informe, actualizado a marzo de 2018, pone de relieve que durante el segundo año de Macri en Casa Rosada se dictó sentencia en causas de gran envergadura, tanto por la cantidad de víctimas e imputados involucrados en el proceso como por el tiempo que llevaron los debates. La más importante de todas fue la causa ESMA Unificada, donde el Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a 48 personas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 víctimas, y el veredicto tuvo por primera vez acreditada la metodología de los “vuelos de la muerte”. También finalizaron el debate oral Operativo Independencia I, la megacausa “Juicio a los Jueces” en Mendoza y la Causa de los Magistrados en Córdoba.
Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
DESACELERACIÓN. Sin embargo, el informe destaca que hay motivos para preocuparse. Hay 103 causas elevadas a juicio, pero sólo seis tienen fecha de inicio del debate. Apenas 15 se encuentran en juicio, 12 en la etapa de debate oral y tres en la de plenario. Eso hace presumir que 2018 puede ser un año que rompa la tendencia positiva y caiga por debajo de las 20 sentencias en todo el año.
El panorama actual muestra una dificultad histórica pero agravada desde que la alianza Cambiemos arribó a la Casa Rosada: las trabas para avanzar sobre la responsabilidad del poder económico durante la dictadura. Después de más de 15 años, la causa “Ford” en San Martín (provincia de Buenos Aires) sigue en debate. La investigación empezó en 2002, con una denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal, fue traspasada a la Justicia Federal de San Martín en 2006, reactivada y elevada a juicio en 2014, antes del procesamiento de los tres ex directivos de la empresa.
“En los últimos tiempos, hubo logros importantes, entre ellos, la sentencia en el juicio ESMA, que duró cinco años e involucraba crímenes cometidos contra más de 400 personas que fueron secuestradas y desaparecidas ahí. Por primera vez, se juzgaron y condenaron los vuelos de la muerte, después de 40 años. Esto muestra que el proceso de justicia es largo y complejo y que depende del trabajo de múltiples actores: las víctimas, los familiares, los organismos que llevan adelante las querellas y, por supuesto, el Poder Judicial”, le dijo a Letra P el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier.
Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
“En materia de investigación y sanción de la responsabilidad de los sectores empresarios, se frenaron las investigaciones que se hacían con apoyo y participación estatal desde la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, y la que debía realizarse desde la comisión bicameral que se creó en 2015 y nunca se puso en funcionamiento”, agrega.
“Claramente, hay una desaceleración del proceso de justicia, fundado en la desinstalación de estructuras que funcionaban como motores. Las sentencias, la parte cúlmine del proceso penal, son el producto emergente del impulso que recibió este proceso de justicia desde hace mucho tiempo por parte del movimiento de Derechos Humanos y del Ministerio Público Fiscal”, le dijo a Letra P la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, Carolina Varsky.
El organismo, que está acéfalo desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, en octubre pasado, y a la espera de que el Senado apruebe a la candidata de Macri, Inés Weinberg de Roca, elaboró, además, un análisis de los tiempos procesales que ofrece resultados preocupantes para delitos que se cometieron hace 42 años y que ven morir a muchos de los autores de los crímenes en medio del proceso. El requerimiento de elevación a juicio y la firmeza de la sentencia se registra en promedio una demora de cinco años y medio.
Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Según el Informe Estadístico de marzo de 2018, hay en Argentina un total de 599 causas en trámite, en las que son investigados 2.485 personas por delitos de lesa humanidad. En 397 todavía no se dictó sentencia y 278 están en etapa de instrucción. Un 47% del total todavía no alcanzó la etapa de debate. Sin embargo, tampoco ahí puede culparse únicamente al desdén del gobierno de Macri por el tema. Hasta el 31 de diciembre de 2017, se dictaron 201 sentencias, en las que se condenó a 864 personas por delitos de lesa humanidad y se absolvió a 109.
Es una cifra que se mantiene estable hace tres años y muestra las dos caras del proceso: las investigaciones continúan activas, pero también permanecen las demoras en la tramitación hasta la elevación a juicio y las sentencias están lejos en la mayoría de los casos.
Aunque el Estado jamás entregó, en casi 35 años de democracia, los archivos de la represión durante la dictadura, el panorama se complicó, según recuerda Chillier, en cuanto al acceso a la información en poder del Estado, la investigación y la sanción cuando corresponde y la búsqueda activa y sistemática de los hijos de desaparecidos que rondan los 40 años y aún no recuperaron su identidad. “En los últimos años, algunas de esas políticas se llevan adelante con menos intensidad y algunas se desarmaron, situación que está asociada también al ‘ajuste’ del Estado que afectó a varios de los equipos que trabajan en investigación y archivo en distintos ministerios”, dice.
SUPREMA IMPUNIDAD. Con Macri en la presidencia, los sectores que reivindican la última dictadura militar fueron recibidos por funcionarios del Gobierno nacional. Claudio Avruj le abrió las puertas al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y Sus Víctimas y Germán Garavano atendió a Cecilia Pando. Como reveló Letra P, además, el nuevo jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, no sólo tiene un suegro condenado por crímenes de lesa humanidad en la masacre de Margarita Belén, sino que, además, tiene una esposa que reivindica el terrorismo de Estado y trata a los represores como “presos políticos”.
Sin embargo, el mayor retroceso de 2017 no surgió del Poder Ejecutivo, sino de la cabeza del Poder Judicial, que benefició al represor Luis Muiña con el fallo del 2x1 y abrió la puerta para que otros como él volviesen a sus casas. La reacción social contra el fallo de la Corte Suprema -que no firmaron Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda-, que incluyó también a sectores de la alianza Cambiemos, terminó con una ley que clausuró el proceso de impunidad. Pese a todo, hoy las estadísticas muestran que, del total de imputados detenidos (1034), son más los que gozan de arresto domiciliario (549) que los que están en la cárcel (435). Eso no impide que el Gobierno trate a genocidas como Alfredo Astiz o Jorge El Tigre Acosta mejor que a un delincuente común y con más facilidades para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.
Según precisa el informe anual de 2017 del CELS, el fallo de la Corte tuvo condiciones de posibilidad que se fueron construyendo durante el gobierno de Cambiemos mediante la introducción de diferentes posiciones y controversias orientadas a minimizar el terrorismo de Estado. “Hubo discursos oficiales revisionistas, algunos incluso negacionistas, y otras decisiones que debilitan la institucionalidad necesaria para profundizar el proceso de justicia. Este cambio de rumbo por parte del Poder Ejecutivo se plasmó en algunas acciones de gobierno que agravan antiguas dificultades, en particular del sistema de justicia”.
POLÍTICAS PRO. Las informaciones que dio a conocer el periodista Martín Angulo en Infobae muestran que el Gobierno incluyó a secuestradores y torturadores de la ESMA como Astiz, Acosta y Adolfo Donda Tigel en la lista de 1.436 “internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de prisión” como la de irse a su casa. A días del 24 de marzo, la revelación volvió a generar la recurrente marcha atrás del Gobierno, a cargo del ministro Garavano. Pero fue leída como una provocación por el arco amplio y diverso de organismos de derechos humanos. Con las señales confusas que envía habitualmente, la Casa Rosada no expresa con claridad si considera a los autores de delitos de lesa humanidad como presos comunes, si está decidida a avanzar con las domiciliarias para los represores o si sólo “juega” a reinstalar la impunidad en Argentina.
En palabras de Chillier, del CELS: “El Gobierno no tiene a los derechos humanos, a la perspectiva de derechos humanos, entre sus prioridades. Respecto al pasado, salvo algunas excepciones, no hay una política de memoria activa de condena al terrorismo de Estado y, en cambio, sí mensajes confusos sobre lo ocurrido en los 70 que buscan diluir la gravedad del terrorismo de Estado. Respecto al presente, sobran los ejemplos, pero los casos de la celebración del uso de la fuerza letal por la policía y la represión de las protestas son elocuentes”.