Detrás de escena. grieta made in pro

Ecocuras versus nuevos progres

Los apóstoles de Bergoglio, relegados en el debate por el aborto, buscan detonarle a Macri la caja de la minería. El Gobierno amenaza con quitarles “el estiércol del diablo” que reciben del Estado.

Aunque unos y otros dicen llevarse de mil maravillas, el conflicto entre el gobierno de Mauricio Macri y la Iglesia de Francisco suma todos los días un nuevo capítulo. El golpe que dio Cambiemos cuando habilitó el debate por la despenalización del aborto recibió esta semana una respuesta -hasta hace poco impensada- por parte del Episcopado, en una actividad que el Presidente considera prioritaria en su gestión: la minería.

 

La Conferencia del Episcopado alertó sobre el avance de la Casa Rosada para modificar la ley de Glaciares (26.639), con el aval del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren; el gremio minero y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Y consideró “lamentable” que, sin haberse cumplido con los “necesarios inventarios de glaciares y zonas periglaciares, (...) ya se esté pensando en modificarla para hacerla menos estricta y por ende menos protectora de estas importantes fuentes hídricas contrariando el principio precautorio en materia ambiental”.

 

“Nos llama la atención que, en un tema de tamaña incidencia desde el punto de vista ambiental y social, no se mencionen los necesarios estudios y aprobación previas, por parte de las instituciones encargadas de velar por el adecuado manejo del ambiente del Estado nacional, ni de organizaciones de la Sociedad Civil que han trabajado muchos años sobre temas ambientales, que merecerían también ser escuchadas y sus opiniones tenidas en cuenta”.

 

 

LAUDATO SI. En la primera invocación concreta a Laudato SI, la encíclica ambientalista del papa Francisco, el Episcopado argentino destacó la importancia que tiene esta problemática para las comunidades que viven y cultivan la tierra en zonas cercanas a los glaciares y cuya principal, cuando no única, fuente de agua son los ríos que surgen de los deshielos de dichos glaciares. Además, alude a temas mencionados explícitamente por el Papa en su enciclica de 2015: la contaminación, la sobreexplotación y “la falta de estrictos controles que también hemos podido constatar, lamentablemente, en nuestro país a lo largo de las últimas décadas y que han significado, como consecuencia, reiterados accidentes por derrames de cianuro”.

 

En un gesto de respaldo inédito para las asambleas ambientalistas que se extienden a lo largo de todo el país, la Pastoral Social de la Iglesia consideró “imprescindible” un adecuado proceso de diálogo y consulta previa, con la mayor cantidad de actores, de manera de llegar a consensos superadores, antes de promover iniciativas que podrían perjudicar no solo al ambiente sino a nuestras comunidades cordilleranas. “Con la confianza de ser escuchados, la esperanza de progresar y no retroceder en materia socio-ambiental”, escribieron.

 

 

 

PALO Y PALO. El pronunciamiento es un dato más de una pulseada sigilosa entre el Gobierno y la Iglesia. Macri sorprendió en el arranque del año con la habilitación de un debate que deja a Francisco y su séquito en el lugar de lo viejo. Pese a la carta de pleitesía que firmó todo el arco político por los cinco años de Bergoglio en el Vaticano, la despenalización del aborto pone en aprietos la tutela opresiva de los obispos sobre la vida y el cuerpo de las mujeres.

 

Pero, así como la curia queda enfrentada al movimiento feminista y lejos de la calle en la discusión por el aborto legal, seguro y gratuito, mueve sus fichas para condicionar al macrismo en otros terrenos, más ligados a los reclamos sociales. A la vinculación clara y directa entre la facción de los movimientos sociales que tiene como vértice a Juan Grabois, se suma el vínculo con el sindicalismo y ahora el cuestionamiento a Aranguren y a la Cámara de Empresarios Mineros, generoso auspiciante de medios y formadores de opinión que hace lobby por avanzar con la actividad, más allá de los gobiernos.

 

ECOCURIA. El documento del Episcopado en defensa de la Ley de Glaciares fue la coronación de un proceso de acercamiento que lleva meses. En noviembre pasado, Francisco recibió en el Vaticano a Pino Solanas -ratificado ahora como presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado- en compañía de Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas y uno de los principales impulsores de las demandas contras las mineras por contaminar el medio ambiente. 

 

Como contó Letra P, la nueva cúpula -que asumió unos días antes de ese encuentro en Roma- exhibe un perfil más alineado con la prédica de Francisco, en todos los planos. Hace dos semanas, el presidente del Episcopado, Oscar Ojea, le abrió las puertas de la sede de la calle Suipacha, en el barrio de Retiro, a una delegación ambientalista integrada por Viale y amparada en la figura del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, otro de los feligreses que tiene llegada preferencial al papa. En ese encuentro, del que participó también el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, se comprometieron a colaborar. El jesuita Lugones es una figura clave. No sólo por pertenecer a la misma orden religiosa de Bergoglio, sino porque, además, está al frente de la Pastoral Social.

 

 

En el centro, Lozano, el obispo ambientalista de San Juan.

 

 

Hay otro dato importante. La jerarquía eclesiástica incluye ahora a monseñor Jorge Lozano, como obispo de San Juan, la provincia emblema de la minería durante los años del kirchnerismo en el poder.

 

De íntima confianza de Bergoglio -fue su auxiliar en la arquidiócesis de Buenos Aires-, Lozano fue el obispo que acompañó el reclamo de los ambientalistas de Gualeguaychú contra la instalación de las pasteras en el Río Uruguay. El martes pasado, en un gesto también inédito, Lozano escuchó los reclamos de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, la organización que nuclea a los pobladores que enfrentan los proyectos de la minera Barrick en la provincia que hoy gobierna el peronista moderado Sergio Uñac. El sucesor de José Luis Gioja defiende la actividad minera con un perfil más bajo que el de su antecesor, que actuaba como el principal vocero de los intereses mineros en la provincia.

 

El llamado de atención de la Iglesia sobre el ministro Aranguren llega días después del fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento de tres ex secretarios de Medio Ambiente de los años kirchneristas, Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso por no haber llevado adelante los controles que prevé la Ley de Glaciares.  

 

 

 

¿LA CONTRAOFENSIVA? Más allá de los saludos del Presidente, Macri a Francisco por los 5 años en el Vaticano y de la carta transversal que firmaron oficialistas y opositores, el Gobierno tiene una estocada más para lanzar sobre los obispos si se decide a jugar fuerte: los fondos estatales con los que se subsidia a la Iglesia Católica. El tema quedó expuesto en el informe de gestión de Marcos Peña en la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete dio detalles de la partida anual de 176 millones de pesos que destinará este año el Estado a sostener el culto católico, en su mayoría a subsidiar los colegios religiosos. Lo curioso es que la respuesta de Peña vino después de una pregunta de Carla Carrizo, una diputada del bloque Evolución, de Martín Lousteau, que forma parte del oficialismo sui generis que acompaña y crítica. Carrizo es una de las diputadas que firmó el proyecto de despenalización del aborto que entrará al Congreso.

 

 

 

Eliminar esas partidas no es sencillo y demandaría una fuerte voluntad política o un consenso que hoy no existe: en Argentina, el Estado financia a la Iglesia por mandato constitucional. La reforma de 1994 refrendó el llamado Concordato de 1966, un acuerdo con la Santa Sede de la dictadura de Onganía que tiene el peso jurídico de un tratado internacional. El Estado argentino está asociado a la Iglesia desde su fundación y, a diferencia de otros países, como Chile, nunca cortó ese cordón umbilical.

 

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