La administración que conduce la gobernadora María Eugenia Vidal comunicó el despido de 43 docentes que cumplían funciones en el Centro de Formación en Administración Pública (CFAP) dependiente de la Dirección Generación de Cultura y Educación. Estas cesantías no son aisladas, sino parte de un esquema de recortes y achiques aplicados en otras áreas educativas.
La falta de acuerdo salarial con los docentes no será el único foco de conflicto que opaque el comienzo de clases. Desde diciembre 2017 se encendieron luces de alarma en distintos sectores que hacen al funcionamiento de la educación en el territorio bonaerense, en el marco de un plan de ajuste diseñado por la administración vidalista y que busca impactar en todas las áreas de Gobierno.
El último miércoles las autoridades de la DGCyE, conducido por el ministro Gabriel Sánchez Zinny comunicó el despido a 43 trabajadores docentes y la rebaja de horas al plantel restante del Centro de Formación en Administración Pública, organismo encargado de la capacitación del personal de este ministerio, de los Consejos Escolares y de Secretaría de Inspección, así como de la actualización de temas contables y legales vigentes.
La plata 1 de Marzo de 2018 En estos momentos los trabajadores del CFAP cortan la calle contra los 43 despidos de Sá...
Posted by Ate Educación Sede La Plata on jueves, 1 de marzo de 2018
Consultado por Letra P, Sánchez Zinny si bien resaltó que el CFAP “se ha destacado por hacer formación a los ministerios públicos, en particular al de educación” y aseguró que seguirán “ trabajando con ese centro y todos los centros de formación profesional de la provincia”; argumentó que se avanzó con las cesantías porque “había una cantidad de cursos el año pasado que no tenían alumnos, o que tenían uno solo”.
El hachazo de estos 43 contratos no es la única medida que ha impactado entre los miembros de la comunidad educativa.
En diciembre, desde la cartera de Educación se informó que se dejaría cesante al personal docente provisional y suplente que haya accedido a cargos u horas sin título habilitante. Para ejecutar esa medida, no aplicada en años anteriores, se toma del inciso C de los artículos 109 y 110 del estatuto del sector que contempla el cese en dichos casos.
En simultáneo se resolvió la suspensión de 380 contratos en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), organismo que se ocupa de la construcción y reparación de escuelas, jardines y centros educativos para la provincia de Buenos Aires.
twitter_tweet
La última medida, y quizá la que más polémica despertó en la comunidad en general, fue la fusión de cursos y el cierre de escuelas en distintos distritos de la provincia. Según un relevamiento de la oposición, 90 escuelas estarían atravesadas por esta medida que involucra a instituciones rurales y de islas. En la última semana, ante la presión de dirigentes adversos, sindicales y familiares, el Ministerio de Educación anunció que seis de las ocho escuelas que cerrarían en el Delta sanfernandino permanecerían funcionando durante el 2018.
En tanto, en el marco de la discusión salarial, Vidal insiste con su ofrecimiento de un 15% de aumento en tres tramos y, además, focalizó las negociaciones con los dirigentes sindicales en el presentismo docente, proponiendo la inclusión de una “cláusula de revisión” sólo para “monitorear la inflación”, algo que los gremios refutaron al argumentar que dicha cláusula se acordó en la paritaria 2016 pero que no fue cumplida por la administración provincial.