Colapso penitenciario

Masacre de la comisaría: ya son diez los muertos y se prepara una marcha

El reciente fallecido tenía 33 años. Dos sobrevivientes continúan con tratamientos. El sábado, al cumplirse un mes, familiares y organismos se movilizarán bajo la consigna “El Estado es responsable”.

La mayor masacre de la historia de las comisarías bonaerenses sigue sumando víctimas mortales. En las últimas horas, falleció Fernando Martín Argüello, de 33 años, quien permanecía internado en estado crítico en el hospital Eva Perón de Lanús desde la madrugada del 15 de noviembre, cuando se produjo el incendio en la comisaría 3º de Esteban Echeverría –inhabilitada para alojar detenidos-, por el cual ya murieron diez personas, mientras que otras dos continúan con tratamientos ambulatorios. El próximo sábado 15, al cumplirse un mes de este episodio y bajo la consigna “El Estado responsable”, movilizarán familiares de las víctimas junto con 500 integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales, que serán parte del quinto encuentro nacional de organizaciones organizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

 

“A casi un mes de la masacre, el gobierno provincial sigue sin pronunciarse, incluso cuando la responsabilidad del Estado está clara: la comisaría tenía seis resoluciones judiciales de prohibición para alojar personas, todas incumplidas por el Ministerio de Seguridad. Tampoco existía red de prevención de incendio ni colchones ignífugos y los dos matafuegos tenían las cargas vencidas”, expresó en un comunicado la CPM.

 

Este miércoles, ante la consulta de Letra P por el tema, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, se limitó a marcar que “la que tiene que llevar la investigación para ver quiénes son los responsables es la Justicia”. “Nosotros lo que hacemos es aportar todo lo que tenemos que aportar con asuntos internos desde el primer día”, añadió. En tanto, sobre el hacinamiento de detenidos que ya provocó tragedias como las de Pergamino y la de Esteban Echeverría, Ritondo volvió a poner el foco en la Justicia. Los detenidos “se tienen que ir al Servicio Penitenciario, cuando me dan los cupos y se los llevan... Son los mismos jueces y fiscales los que los ponen en la comisaría. Nadie está preso por el Poder Ejecutivo de la provincia”, dijo.


 


Argüello estaba detenido desde el 25 de octubre a cargo de la comisaría 1ª de Monte Grande, pero alojado en la 3ª de Esteban Echeverría. Había sido aprehendido por tenencia ilegal de estupefacientes para comercialización, como tantas otras de las víctimas: un delito con una baja expectativa de pena.

 

“La masacre de Echeverría no fue un motín ni un accidente, fue un hecho previsible. Desde el año 2011, la comisaría 3ª estaba inhabilitada para alojar personas detenidas. Al momento de la masacre, tenía siete clausuras, seis por orden judicial y una por resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el propio Ministerio desobedeció cada una de estas clausuras”, remarcó el organismo defensor de los derechos humanos para agregar que “esta masacre también fue producto del hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta de elementos de seguridad: la comisaría no contaba con colchones ignífugos, sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego. Los dos matafuegos existentes se encontraban vencidos y tenían colchones de gomaespuma, prohibidos por ser altamente inflamables y tóxicos”.
 

 


Por un pedido formulado por la CPM, días atrás la auditoría de asuntos internos del Ministerio de Seguridad desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría la madrugada del 15 de noviembre.

 

En paralelo, la CPM continúa acompañando y patrocinando a familiares de las víctimas. Esta semana, integrantes del organismo y los familiares fueron recibidos por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien reconoció la responsabilidad del Estado y la grave situación de las comisarías bonaerenses y se comprometió a acompañar a las familias en el reclamo de justicia.

 

Alex Wahnish, el rabino de Javier Milei. 
Pullaro, el ministro Cococcioni y la secretaria de Asuntos Penitenciarios. Con más de 1.800 celulares incautados en requisas en las unidades penitenciarias santafesinas.   

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