Durante el último mes se registraron dos graves episodios que posan la lupa sobre el accionar de la Policía Bonaerense: la muerte de un militante de la CTEP por una bala de plomo en medio de la represión policial y la masacre en la comisaría 3º de Esteban Echeverría, donde fallecieron nueve detenidos. Ante esos episodios, el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, corrió las responsabilidades hacia la Justicia y reflotó las tensiones que resonaron en 2016, cuando les exigió a los magistrados “terminar con la puerta giratoria”. Ahora, apuntó hacia el Poder Judicial por el hacinamiento en dependencias policiales de la provincia.
Al finalizar el acto protocolar por el 138º aniversario de la Policía bonaerense, Ritondo fue abordado por Letra P por estos recientes episodios que ponen en tela de juicio a la fuerza que encabeza políticamente: “Los dos casos deben ser investigados y la que tiene que hacerlo para ver quiénes son los responsables es la Justicia”.
Sin pretender ahondar en estos temas y esquivando autocríticas, el funcionario vidalista añadió: “Nosotros lo que hacemos es aportar todo lo que tenemos que aportar con Asuntos Internos desde el primer día”.
En tanto, consultado por la crisis penitenciaria que tiene su correlato en el hacinamiento de detenidos que ya provocó tragedias como las de Pergamino y la de Esteban Echeverría –ésta última, la mayor de la historia en comisarías bonaerenses-, Ritondo volvió a poner el foco en la Justicia. Los detenidos “tienen que irse al Servicio Penitenciario, cuando me dan los cupos y se los llevan... Son los mismos jueces y fiscales los que los ponen en la comisaría”, se excusó.
De esta manera, buscó dejar en claro de quién es la responsabilidad por la sobrepoblación carcelaria bonaerense. “Nadie está preso por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires”, remarcó.
Este mensaje de Ritondo surge días después de un duro comunicado emitido por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, que arremetió contra lo que consideró “una vocación” del Ministerio de Seguridad bonaerense “por eludir la responsabilidad” ante episodios como la masacre de Esteban Echeverría y que esa actitud “es correlativa a la de responsabilizar” a los jueces “por la existencia de un ‘garantismo’ que crearía una ‘puerta giratoria’ mediante la cual los delincuentes quedan en libertad”.
Los magistrados aludieron a “declaraciones publicadas en distintos medios de prensa y atribuidas a voceros del Ministerio de Seguridad provincial en las que se afirma que los jueces y fiscales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, pese a los reiterados requerimientos de las autoridades policiales, son quienes remiten los presos a las comisarías clausuradas por ellos mismos”.
El Colegio no dudó en etiquetar esas aseveraciones como “mendaces, irresponsables e inaceptables” y recalcó que “quien dispone los lugares de detención es el Poder Ejecutivo de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad”.
