“Todos coincidimos en que el paro no soluciona nada y por eso surgió el bono de fin de año, pero la letra chica es difícil, no todas las empresas están en condiciones de afrontarlo. Por lo tanto, seguimos negociando para que sea lo más justo posible”. Con esa frase, un funcionario del Ministerio de Producción y Trabajo, que conduce Dante Sica, reflejó las indefiniciones que rodean al bono que propuso el Gobierno para contener el malestar de los trabajadores asalariados por la depreciación de sus ingresos ante la inflación.
Apenas surgió la oferta del plus en la mesa convocada por Sica, comenzó a desgranarse entre los cuestionamientos empresariales y las dificultades políticas para garantizar su obligatoriedad. Al cierre de esta nota, en el Ejecutivo no había precisiones sobre la arquitectura legal para aplicarlo: nació como un pago extraordinario, luego fue desdoblado en dos cuotas y en la noche de este jueves sobrevivía como un posible anticipo a cuenta de aumentos salariales de 2019, cuando una parte de los gremios todavía no termina de cerrar la tortuosa paritaria 2018, con negociaciones que ya superan el 40% anual.
Una posibilidad que analizaban en la Casa Rosada es que las empresas que pagaran el bono pudieran compensarlo del pago de aportes patronales que hacen al fisco. La versión circuló este jueves, en medio de versiones de alejamiento del secretario de Trabajo, Jorge Triaca, y de negociaciones “telefónicas” del Gobierno con las cámaras que se resisten a aplicar el pago.
Otro elemento que barajan en las oficinas del ex ministro y actual secretario Triaca es que los bonos que sean “a cuenta de futuros aumentos” sean definidos en una negociación entre la cámara y el sindicato involucrado, con la posibilidad de que puedan extender la forma de pago de dos a más cuotas. “Es una forma diseñada para garantizar la obligatoriedad del bono y evitar que sea optativo”, confió un funcionario de la cartera laboral que sigue apostando a que el pago, ya sea extraordinario o a cuenta, rija para todos los trabajadores asalariados.
Una señal que alimentó expectativas en el Gobierno sobre una posible salida para que el pago sea de alcance obligatorio es la decisión que tomó el Consejo Directivo de la CGT este jueves por la tarde para suspender el paro de 36 horas, mientras sus voceros insistían: "Todavía estamos negociando".
Uno de los negociadores empresariales negó llamados de último momento y circunscribió la respuesta que le dio a Sica y a Triaca durante la reunión del martes, donde se lanzaron a evitar un paro de 36 horas con la propuesta del bono. “A nosotros ya nos llamaron, dimos nuestras observaciones: la dificultad de las pymes, micropymes y economías regionales para pagarlo si se hace obligatorio y la necesidad de que tenga una cláusula de compensación o absorción, porque hay paritarias que ya han sido actualizadas a la inflación. Sin embargo, ya sabemos que la CGT no quiere, pero consideramos que ese punto tiene que estar”, redondeó el dirigente empresarial consultado.
Otro punto tiene que ver con un posible acuerdo “anti despidos”, donde las empresas deberían informar cualquier cesantía. “El Gobierno ya tiene esa información, por anticipado, porque tiene las presentaciones que se realizan para abrir Procesos Preventivos de Crisis”, completó la fuente consultada.
Este jueves, el presidente Mauricio Macri encabezó una nueva reunión de gabinete, donde el tema no pasó inadvertido. “Corremos el riesgo de retroceder en chancletas”, advirtió un funcionario consultado, que teme un nuevo retroceso del Gobierno sobre una iniciativa impulsada desde sus entrañas. Sería el segundo paso en falso en una semana, luego del intento de llevar público visitante a los dos “megasuperclásicos” de River y Boca por la Copa Libertadores.