En una gestión contrareloj, el Gobierno consiguió desactivar lo que iba a ser el quinto paro general de la CGT y posicionó a Dante Sica como el interlocutor con el mundo gremial. El acuerdo, que resta ser firmado por el Mauricio Macri, tendrá la forma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y, según la cúpula de la central, obligará a las cámaras empresarias a abonar un bono de fin de año y a sentarse en la Secretaría de Trabajo para negociar futuros despidos.
Sin embargo, el camino para hacer efectivo el acuerdo muestra nubarrones de tormenta: en paralelo a la mesa de negociación que se implementó en las últimas 48 horas, varios referentes patronales se refugiaron en los problemas económicos de sus sectores para plantear la dificultad para cumplir con el bono.
La cocina del acuerdo urgente fue un revitalizado Ministerio de Producción donde representantes de trabajadores y empresarios confluyeron bajo la mirada de Sica y se terminó de resolver en la reunión de Consejo Directivo de la CGT de la tarde de este jueves. Antes, en las oficinas gubernamentales, los abogados de los gremialistas y el propio Héctor Daer se levantaron en varios ocasiones amenazando con romper el diálogo por la resistencia de los empresarios a comprometer el desembolso.
Un dato que grafica la expectativa y las dificultades de pulir la letra chica del futuro decreto fue que la reunión de cúpula sindical se convocó para las 16, un horario inusual para este tipo de reuniones, y se extendió hasta casi las 20.
Pese a lo previsto, la cumbre sindical en la que se suspendió un paro de 36 horas que hasta la semana pasada era un hecho no redundó en mayores cruces entre los dirigentes, al punto de que el maquinista Omar Maturano, uno de los principales promotores de la medida de fuerza, lanzó un escueto "no hay paro" cuando se retiró del histórico edificio de la central obrera.
Los principales cruces fueron protagonizados por Jose Luis Lingieri, uno de los principales dirigentes dialoguistas, y el judicial Julio Piumato, que cuestionó la negociación y pidió mantener latente el paro. La posición de Piumato fue respaldada por el cervecero Carlos Frigerio, pero no pasó a mayores.
"El problema fueron los empresarios", confesó uno de los miembros de la directiva de CGT que ponderó de manera positiva el rol que jugó Sica y celebró que en la negociación se impuso el reclamo gremial de un bono de 5.000 pesos para trabajadores del sector privado y de empresas del Estado.
"Es un pago de carácter obligatorio y efectivo. Las únicas variables que pueden existir son las que surjan en una discusión paritaria entre los sindicatos y las empresas", expresó Daer una vez finalizada la reunión sindical, desestimando las versiones que corrieron durante la tarde, documentos borradores incluidos, que anticipaban la posibilidad de que el bono fuera absorbido en las renegociaciones que varios gremios tienen abiertas producto de la disparada inflacionaria.
"Los van a cobrar los que actualizaron paritarias, los que no lo pueden actualizar por problemas sectoriales. Es un agregado nuevo que no compensa la pérdida del poder adquisitivo pero la realidad es que el 76% de los trabajadores conveniados no pudieron actualizar su salario con lo cual esto va a colaborar en una mejora. Esto aleja hoy la posibilidad de un paro" dijo Daer.
Lo cierto es que la implementación de un bono de estas características genera complicaciones en diferentes gremios que tradicionalmente perciben un pago extra de fin de año que supera ampliamente el monto acordado. Aceiteros, bancarios y camioneros miran de reojo una medida que compensa a los sectores postergados pero que también puede someter a presiones a quienes les resta renegociar nuevas actualizaciones.
Respecto de los despidos, un tema que resultó menos problemático, la mesa tripartita acordó que cualquier despido debe estar precedido por una notificación a la Secretaría de Trabajo para concretar una audiencia previa en la que se discutan con los sindicatos del sector. La condición tendría vigente hasta el 31 de marzo del año que viene.
Al respecto, Daer señaló que "no queremos que se generen más despidos, lo que estamos planteando es que la empresa que quiera hacerlo antes lo tiene que discutir con nosotros, así sea uno solo el trabajador que quieran despedir".
El pedido de la CGT para que la actualización de las jubilaciones prevista para marzo, se adelante para diciembre, quedó a la espera de una respuesta por parte del Gobierno que convocaría durante la semana que viene a los gremialistas para fijar una postura al respecto.
