Julián De Diego es un histórico abogado laboralista que representa a empresas de diferentes sectores, entre ellas, las industrias que nuclea la UIA y las alimenticias de la cámara COPAL. Ya culminado el almuerzo de los miércoles del Rotary Club, está sentado en una mesa, solo, recibiendo llamados telefónicos en continuado. El tema es un monotema: el bono de fin de año de $5.000 que el Gobierno adelantó que será obligatorio para todos los sectores, incluido el Estado. “No va a haber decreto, olvídate, es ilegal”, dijo el letrado ante la consulta de Letra P. Y agregó que “el Ejecutivo no tiene atribuciones ni ley de emergencia económica para imponernos un pago. La posición de la UIA es que no sea obligatorio”.
De Diego asegura que “esto no puede ser nada imperativo, porque no hay posibilidad de pagarlo. Y, además, viene el aguinaldo, a lo que se le suma que hay empresas industriales y de consumo masivo que pagan los sueldos en cuotas”. El abogado concluyó con la lectura política que están haciendo todos los sectores, incluido el sindical: “A un fin de año negro, le ponés un bono que no le sirve a nadie; las empresas no lo pueden pagar y a los trabajadores no les representa gran cosa contra la inflación”.
A primera hora del día, el ministro de la Producción, Dante Sica, aseguró que el Gobierno busca que el bono “sea obligatorio para todo el sector privado”, aunque adelantó que podría haber excepciones de empresas que no podrían cubrir esa diferencia.
En la misma línea que De Diego, Daniel Funes de Rioja, vice de la UIA, consideró que más del 60% de las empresas no podrán hacer frente al pago de un bono de fin de año, por lo cual estimó necesario buscar la manera de financiarlo. "Si se pudiera pagar en tres o en cuatro cuotas, se podría acordar en un marco de negociaciones entre trabajadores y empresarios", concluyó, pero resaltó que debería ser un pago voluntario.
