A dos semanas de la mayor masacre de la historia en comisarías argentinas en la que fallecieron nueve detenidos en una dependencia policial de Esteban Echeverría, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, se refirió a la crisis penitenciaria que atraviesa la provincia y por la que tanto él como su par de Seguridad, Cristian Ritondo, están en la mira de la Justicia.
Durante su visita a las unidades penales de Junín, el ministro vidalista optó por posar buena parte de la situación crítica de la superpoblación carcelaria en la herencia recibida: “Es algo que pasa en toda la provincia, pero también es cierto que durante décadas no se dio importancia a la construcción de cárceles”, sostuvo quien también fue funcionario de la pasada administración sciolista –como asesor General de Gobierno.
Ferrari, durante su etapa sciolista. En el extremo izquierdo, su antecesor en el cargo, Ricardo Casal, sobre quien ahora descarga críticas.
En un contexto donde el gobierno bonaerense reconoció que el 45% de los detenidos en comisarías está alojado en dependencias clausuradas, tanto Ferrari como Ritondo vienen eludiendo citaciones judiciales por este tema. Bajo tal cuadro de situación, Letra P detalló días atrás que la Suprema Corte provincial empoderó a Casación para diseñar e implementar un espacio de abordaje integral del problema que consideró "crónico".
En la trama contenciosa, los ministros Ritondo y Ferrari fueron citados por la jueza María Ventura Martínez y nunca dijeron presente. Sin embargo, fueron convocados nuevamente para el próximo 4 de diciembre para que den explicaciones sobre las personas detenidas durante largos períodos de tiempo en comisarías no aptas para la estadía prolongada. En ese sentido, está vigente una medida cautelar, con firmeza judicial y procesal, que lo impide.
Al ser consultado por la superpoblación carcelaria en Junín, Ferrari no se refirió directamente a la masacre de Esteban Echeverría –consecuencia del colapso penitenciario- pero buscó deslindar responsabilidades: “Se está trabajando, es una realidad que no debe estudiarse más sino que hay que actuar. Es algo que pasa en toda la provincia, pero también es cierto que durante décadas no se dio importancia a la construcción de cárceles. La última fue en el 2001, en Alvear con capacidad de 1550 internos, y el dato importante es que en este mandato se terminarán construyendo en cárceles completas 2980 plazas”.
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El último martes se incrementó el número de fallecidos a raíz del incendio en la Comisaría 3º de Esteban Echeverría. Carlos Ariel Corvera, de 25 años, murió tras permanecer internado 12 días. “El Estado sigue sin dar respuestas”, apuntó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que patrocina a los familiares de las víctimas, los cuales fueron aceptados por la Justicia como particulares damnificados.
“Una vez más el caso de Corvera confirma lo que desde la CPM venimos denunciando sistemáticamente: la política criminal que sólo promueve la persecución y el endurecimiento de penas constituye un fracaso que sólo conduce a generar más violencia y más vulneración de derechos”, señaló el organismo en un comunicado.
En tanto, este jueves, familiares de las nueve víctimas de la masacre, junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, se manifestaron frente a la Comisaría 3º exigiendo justicia y castigo a los responsables de la tragedia.