Casi la mitad de los 4.052 detenidos en comisarías bonaerenses están alojados en dependencias clausuradas, según lo reconoció el gobierno de María Eugenia Vidal en una audiencia judicial desarrollada en La Plata. El encuentro fue el pasado 15 de noviembre, el mismo día del trágico motín en la comisaría Tercera de Esteban Echeverría, en el que murieron nueve personas, y en el marco de la vigencia de una medida cautelar que prohíbe la detención estable en esas dependencias. Ante esta situación, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), uno de los impulsores de esa medida judicial, advirtió que se espera "un fin de año que será muy complicado".
Durante una audiencia concretada en el juzgado Contencioso Administrativo 4 de La Plata, el gobierno bonaerense confirmó, ante la jueza María Ventura Martínez, que 1.835 (45% de los detenidos en seccionales policiales) están en calabozos clausurados administrativa y judicialmente. A pesar de las distintas resoluciones judiciales que prohíben que haya detenidos en comisarías, la cantidad aumentó hasta alcanzar una superpoblación del 300%.
El dato fue informado de manera oficial por representantes de los ministerios de Justicia y Seguridad y la Fiscalía de Estado bonaerense es muy grave: al 31 de octubre pasado, 1.835 personas estaban detenidas en comisarías clausuradas judicial y administrativamente, como la seccional de Esteban Echeverría en la que murieron nueve personas hace pocos días, en la mayor tragedia en cárceles provinciales de la historia.
La información surgió durante la quinta audiencia desarrollada este lunes 26 de noviembre en una mesa de diálogo que ordenó la Cámara de Apelaciones de La Plata en 2017, cuando dispuso la prohibición de alojar detenidos en comisarías de toda la provincia por más de las 48 horas reglamentarias. En esas audiencias, de las que participan los organismos querellantes en la causa -el Centro de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-, las distintas carteras del Ejecutivo provincial debían informar los pasos a seguir para cumplir con esa orden de la justicia. Pero la tendencia es inversa: en lugar de disminuir los detenidos en dependencias –no preparadas para alojar personas privadas de su libertad-, el número no deja de crecer: de 3.400 informados en la última audiencia en junio, al 31 de octubre de 2018 hay 4.052 detenidos (más del 15% de incremento) sobre un total de 1.000 plazas.
Martín Massa, integrante del CIAJ, consideró que el balance de la audiencia fue “absolutamente negativo” y, en ese camino, reveló, en diálogo con Letra P, que “por falta de fondos” no se avanzará con la construcción de la alcaidía en la localidad bonaerense de General Rodríguez, lo que implica la no apertura de nuevas plazas penitenciarias para descomprimir el hacinamiento en comisarías. “Fin de año será muy complicado”, vaticinó.
También expresó que ninguna de las áreas del Estado provincial que participaron de las audiencias presentó un plan de desalojo de los calabozos policiales.
Durante su intervención, Paula Litvachky, abogada del CELS, lamentó que no hubiera funcionarios de mayor jerarquía: otra vez brillaron por su ausencia los ministros de Justicia, Gustavo Ferrari, y de Seguridad, Cristian Ritondo. Si bien se generó información importante para trazar la radiografía de la situación acuciante en los calabozos bonaerenses, no hay ningún acto administrativo ni acción política estratégica que permita entrever un plan del gobierno para cumplir con la medida cautelar de la justicia.
Las alcaidías que se habían comprometido a construir para noviembre, que significarán 900 nuevas plazas, estarían terminadas recién en enero, aunque queda claro que, con el nivel de hacinamiento actual, no serán un gran alivio para el las condiciones de detención.
Desde los entes gubernamentales adujeron que había subido el uso de pulseras electrónicas (un sistema que podría aliviar los calabozos), pero el impacto es nulo o mínimo: el crecimiento sostenido de la población de detenidos en comisarías lo demuestra. Incluso, el 18 de octubre pasado presentaron una nota en otro expediente judicial donde el responsable de estos dispositivos a nivel provincial informa que no tienen más cupos.
Los abogados y las abogadas del CIAJ y CELS solicitaron a la jueza que disponga de cuatro medidas:
-Establecer una línea de información clara, actualizada por ambos ministerios cada dos meses, para monitorear el flujo de detenidos en comisarías y no esperar a cada audiencia para saber si aumentan o disminuyen.
-Que el Ministerio de Justicia prepare una proyección semestral de cómo se reducirá la tasa de encarcelamiento en comisarías. La magistrada le dio un mes para entregar la lista.
-Que se adopte alguna medida especial para la situación específica de las 1.835 personas detenidas en dependencias clausuradas.
-Convocar a los ministros o funcionarios de segunda línea, con capacidad para tomar decisiones, para la próxima reunión, no ya bajo apercibimiento sino bajo sanciones económicas.
La próxima audiencia por este expediente será el 20 de diciembre. Antes, el 4 del mismo mes, el Juzgado Correccional 2 de La Plata citó al ministro Ferrari con el objetivo de avanzar en el tratamiento de otro expediente. Se trata de un habeas corpus colectivo que abarca a todas las comisarías y unidades penitenciarias de la provincia, tal como adelantó Letra P. En las audiencias previas Ferrari también dijo ausente.
