Mientras la familia y los compañeros de Rodolfo Orellana aseguran que fue asesinado por la Policía bonaerense durante la madrugada de este jueves en la localidad de Villa Celina el Ministerio de Seguridad provincial, que conduce Cristian Ritondo, sostiene la existencia de un “informe médico” -realizado en la causa judicial abierta “por averiguación de causales de muerte”- que determinó que “no se observa proyectil alojado”, que “no hay orificio de salida” y que “no fue una bala”.
La fuente ministerial agrega que el cuerpo del hombre de 36 años “posee un orificio de entrada en el omoplato producto de un elemento punzante, pero que esto no necesariamente pudo haber provocado la muerte”. También tiene, según la versión oficial, “una herida punzo cortante en la cabeza”.
Según denunció la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Orellana fue asesinado por la policía luego de una intervención en esa localidad del partido de La Matanza para impedir la ocupación de un terreno tomado por los vecinos, que comenzó cerca de las cinco de la mañana.
“Cuando llegó la policía, lo primero que intentó fue extorsionar a los vecinos. Les pidieron dinero para no desalojarlos, la respuesta fue negativa y después empezaron los disturbios, empezaron a disparar con balas de goma. Había más de 30 efectivos y, en el medio, una policía de pelo rubio sacó su arma reglamentaria, le disparó en la espalda a Orellana y después, cuando estaba en el suelo, lo remató con otro disparo en la boca”, detalló a Letra P un integrante de la Organización Libres del Pueblo (OLP), que forma parte de la CTEP. “Después, ante la desesperación, llamamos a la ambulancia, pero Orlando llegó sin vida al Hospital Ballestrini”, contó la fuente consultada.
Para entonces ya había amanecido y la Policía había detenido a cuatro vecinos que siguen presos en la Comisaría 3ª Este, ubicada en Villa Celina, que al cierre de esta nota estaba rodeada por militantes de la CTEP que exigían la liberación de los demorados.
La información difundida por la cartera de Seguridad provincial causó estupor en los familiares de Orellana y en los militantes de su organización.
La representación judicial de la familia está en manos de la letrada Laura Taffetani, integrante de “La Gremial de Abogados”. “Nosotros todavía no tuvimos acceso al expediente y esta mañana la Fiscalía que tenía que estar de turno estaba cerrada. Recién vamos a ver el expediente mañana (por este viernes). Ahora estamos con las indagatorias de los detenidos y tratando de que la comisaría acepte que una de las vecinas presas pueda amamantar a su bebé, que es lactante, y no dejan que tengan contacto”, denunció la abogada desde la comisaría.
“Tenemos testimonios y pruebas que confirman cómo sucedió todo. Nosotros vamos a presentarnos como querellantes este viernes por la mañana. Consideramos que esta versión (por la oficial) busca encubrir a la policía, algo que no es una novedad, porque el Ministerio de Seguridad provincial ya lo ha hecho en otros casos”, aseguró la abogada, que también ejerce la defensa de los cuatro detenidos por “usurpación”.
La versión de la cartera que conduce Ritondo no sólo niega la existencia de una bala. También, insiste en que “la Policía llegó al predio, ayer por la mañana (por el miércoles) a raíz de un llamado al 911 donde había una disputa entre dos grupos por unos terrenos. Antes de la llegada de los primeros móviles hubo disparos de armas de fuego y cruces verbales y físicos entre ambas facciones. En el lugar vivía una comunidad de personas de origen boliviano desde hacía dos años. Sin embargo, otro grupo, con gente oriunda de Paraguay, afirma haber comprado también esas tierras y sostiene que le pertenecen. Por ese motivo se habría originado la gresca que dejó como saldo al menos un herido. Al arribar la Policía, se dispersó a la gente que estaba en la zona”.
Según el gobierno provincial, “la fiscalía investiga las circunstancias de esta muerte” e “interviene el doctor Jorge Yametti, de la Unidad Fiscal de Instrucción Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza”. Se trata del mismo organismo judicial que los familiares de Orellana sostienen que estaba cerrado durante las primeras horas de los incidentes en los que murió el hombre de 36 años, que era padre de seis hijos.
