Para 2019, María Eugenia Vidal busca ampliar el control financiero y político sobre el territorio provincial. La maniobra implica no sólo una trasferencia del ajuste a los municipios a partir del traslado de la responsabilidad de asumir subsidios, sino, también, la imposición de limitar sus ingresos autónomos. A contramano de otras decisiones, la avanzada es resistida por los intendentes de la oposición, pero también por los miembros de su tropa.
Los proyectos del presupuesto y de la ley impositiva enviados por el Ejecutivo provincial a la Legislatura promueven iniciativas que condicionan las cuentas de los municipios bonaerenses. Además de proponer que las administraciones locales se hagan cargo del gastos referido a la disposición de los residuos y que absorban el costo por los subsidios al transporte público y a la tarifa social de energía; imponen condiciones sobre el destino del Fondo Educativo, reducen el gasto en los concejos deliberantes y fijan un tope en el aumento de las tasas distritales.
Si bien el paquete de medidas generó preocupación en la mayoría de las administraciones locales, el último ítem encendió una luz de alarma entre los intendentes, teniendo en cuenta que fija un límite en los ingresos de las comunas, pese al traslado de mayores gastos.
Aunque es una medida transitoria prevista para 2019 y debería ser cumplida por los distritos que adhirieron a la ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 2017, el artículo 141 de Ley Impositiva ya generó malestar en el llano. Es que impide a los intendentes subir las tasas más allá del 38% en relación al corriente año, tope que está en sintonía con el incremento proyectado por el Ejecutivo provincial para el Impuesto Inmobiliario y que afecta a las principales fuentes de recursos propios de las comunas, es decir, los cánones por Seguridad e Higiene; Alumbrado, Barrido y Limpieza y Red Vial.
En el grupo de intendentes peronistas no sólo resisten la imposición, sino que analizan solicitar cambios en el proyecto. “La idea es pedir una modificación de ese artículo, más allá de que no es aplicable para quienes no hayamos firmado el pacto fiscal”, le dijo Marcelo Santillán, de Gonzales Chaves, a Letra P. “Es inconstitucional, porque las tasas las fija el Concejo Deliberante y la Asamblea de Mayores Contribuyentes”, agregó.
Además, cuestionó que el proyecto fije un tope pero que no aclare “cuál es la base de la que tiene que partir”, teniendo en cuenta la existencia de tanta variedad de cifras como de municipios en la provincia.
Según supo este portal, el planteo de modificar el articulado que podrían formalizar los legisladores peronistas ya lo habrían expresado los representantes del Frente Renovador ante sus pares del oficialismo.
Entre los intendentes de Cambiemos, si bien descansan en la idea de que posiblemente estas medidas sean la punta del ovillo para iniciar negociaciones con la oposición, advierten que no les será posible cumplir con estos parámetros.
Héctor Gay, de Bahía Blanca, sostuvo ante Letra P que el aumento promedio en su municipio alcanzaba el 40%, dos puntos por encima del techo que impone Vidal, su jefa provincial. Tras la reunión ampliada que la gobernadora encabezó en la República de los Niños, el jefe comunal macrista expresó su preocupación por la transferencia de “responsabilidades” sin el acompañamiento de recursos.
Igual posición señalaron fuentes cercanas al intendente de Azul, Hernán Bertellys. “Propusimos un 40%, con una posible cláusula gatillo del 10%”, indicaron y agregaron que necesitan “recuperar la diferencia con la inflación de este año”, dado que el último aumento fue del 32% promedio.
La imposibilidad de respetar esa cifra también fue compartida por su par de San Pedro, Cecilio Salazar, quien no ocultó que las finanzas en el municipio “están complicadas”. “Si bien este año hemos mejorado y no necesitamos respaldo para pagar la primera parte del medio aguinaldo, seguramente sí vamos a necesitar un adelanto de la coparticipación para diciembre”, anticipó el jefe comunal a este medio.
En esa línea, señaló que, de cara a la presentación del presupuesto, no quieren que éste sea “deficitario de ante mano”, por lo que aplicar un aumento del 38% dejaría al municipio en una “situación complicada”. “Es posible que sea más arriba de eso”, anunció.
En la última reunión que Vidal compartió con los intendentes de Cambiemos, entre la tropa del interior señalaron en reserva a Letra P que la intromisión del gobierno bonaerense en la administración de los tributos locales incomoda porque traba la posibilidad de aumentar el impuesto más importante para los distritos con grandes extensiones de campo, el de Red Vial. Es que el canon recae sobre la ruralidad, uno de los sectores más beneficiados por las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.
Para los jefes comunales de Cambiemos, una alternativa a la avanzada de este paquete de iniciativas es que se computara una mejora en la coparticipación, jugada que robustecería el poder de decisión de la gobernadora, en línea con una dinámica de gestión que ha implementado a lo largo de su mandato, en la que ha hecho foco en el control financiero y la obediencia política.
Aunque, claro, siempre puede haber desacatos. En 2017, pese a las recomendaciones de la gobernadora y del Presidente, el vidalismo ya aplicó aumentos de tasas que superaron ampliamente los pedidos de “armonización” de los líderes de Cambiemos.
