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Los intendentes de Cambiemos esperan que las negociaciones eximan de mayores responsabilidades económicas a los municipios. Los puntos que inquietan, imposiciones actuales y la expectativa.
Por 07/11/2018 17:16

La exposición de la gobernadora María Eugenia Vidal y de varios de sus ministros eclipsó la reunión del gabinete ampliado desarrollado este miércoles en la ciudad de La Plata. Sin espacio para el debate, en el encuentro no se avanzó en definiciones respecto a distintos ítems del presupuesto 2019 que preocupan a los jefes comunales por la presión que significan para las arcas municipales.

El tope de un 38% al aumento de tasas, el destino del Fondo Educativo – que fija un 100% para infraestructura escolar en el conurbano y 70% en el interior-, la absorción de los costos por los subsidios al transporte público local y el traspaso de la tarifa social de energía a cuenta de los municipios integran el combo de los fusibles que el Ejecutivo negociará con la oposición y con los intendentes oficialistas para posibilitar el avance de la ley en la Legislatura.

 

 

Sin embargo, esa agenda no fue analizada este miércoles en la República de los Niños, hasta donde llegaron ministros, funcionarios de segunda línea e intendentes de distintos puntos de la provincia a escuchar un desglose de la gestión desarrollada hasta estos días y una arenga motivacional para hacer frente a lo que resta del año.

Aunque cautos, los intendentes oficialistas no ocultan que la preocupación y el estado de alerta sobrevuelan las conversaciones entre pares y con ministros y sostienen que esos análisis son materia pendiente para los próximos encuentros con funcionarios, reuniones en las que finalmente se negocian las herramientas con las que contarán el próximo año.  

“Hasta que no esté aprobado y definido el presupuesto no podemos pensar qué modificaciones tenemos que hacer cada uno y qué transferencia de partidas vamos a tener que realizar”, señaló a Letra P Ezequiel Galli, de Olavarría, y, si bien agregó que es “prematuro” hacer un análisis del impacto que significarán estas medidas para las finanzas comunales, sostuvo que está “en alerta, esperando qué pasa con la aprobación”.

 

 

Su par de Bahía Blanca, Héctor Gay, ya había anticipado ante este portal su preocupación por la transferencia de los subsidios al transporte por parte del Gobierno a la órbita bonaerense. “Espero que la Provincia se haga cargo”, había manifestado.

“Estamos preocupados, pero esperando, porque no hay total claridad sobre eso. Algunas cosas nos pegan y sobre todo el tema del transporte público”, dijo el intendente PRO tras el cónclave, ratificando sus dichos. “El Gobierno aporta al municipio de Bahía Blanca 380 millones de pesos en concepto de subsidios. Es imposible que la comuna lo afronte y tampoco es posible trasladarlo a la tarifa del usuario”, dijo y especificó que, de absorber el total de gastos, el boleto, hoy en 19 pesos, llegaría a 35. “Yo creo que se va a llegar a un acuerdo, pero por ahora es un interrogante que mantenemos”, señaló.

Además, expuso su desasosiego por las presiones económicas en materia de seguridad y salud. “A veces nos preocupa cuando se transfieren responsabilidades sin el correspondiente recurso”, dijo y citó como ejemplo el combustible para patrulleros. “Hubo una partida importante a principios de año y hoy se mantiene esa cifra con el precio de la nafta de enero”, señaló y agregó que la Provincia cubre los gastos del 30% de los vehículos. “Esto, aun en un municipio ordenado como el nuestro, genera mucha presión”, sostuvo y completó que una situación similar padece con el hospital municipal.

 

 

Siempre moderado, Pablo Petrecca, de Junín, intentó disipar su preocupación por la nueva situación en el transporte público, teniendo en cuenta que recientemente se aprobaron los pliegos para que se licite ese servicio en la ciudad. “Estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires este nuevo traspaso. Hay un presupuesto nacional que todavía no está definido y luego un presupuesto provincial que empieza a discutirse. Estamos a la espera”, señaló.

“Tratamos de tirar todos para el mismo lado y, si se pueden hacer los esfuerzos, se harán”, respondió ante el tope en el aumento de tasas y agregó que “cada municipio tiene una realidad que tiene que ajustar a su presupuesto, así que, hasta que no tengamos bien definidas las transferencias por medio de la coparticipación, hasta no tener números claros, no podemos cerrar un número puntual”.

La intromisión del gobierno bonaerense en los tributos locales incomoda, sobre todo, a la tropa de intendentes del interior, quienes ven limitada la posibilidad de aumentar la tasa vial, canon que recae sobre la ruralidad, sector muy beneficiado por las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.

Preocupación en la tropa vidalista por la presión del presupuesto

Los intendentes de Cambiemos esperan que las negociaciones eximan de mayores responsabilidades económicas a los municipios. Los puntos que inquietan, imposiciones actuales y la expectativa. 

La exposición de la gobernadora María Eugenia Vidal y de varios de sus ministros eclipsó la reunión del gabinete ampliado desarrollado este miércoles en la ciudad de La Plata. Sin espacio para el debate, en el encuentro no se avanzó en definiciones respecto a distintos ítems del presupuesto 2019 que preocupan a los jefes comunales por la presión que significan para las arcas municipales.

El tope de un 38% al aumento de tasas, el destino del Fondo Educativo – que fija un 100% para infraestructura escolar en el conurbano y 70% en el interior-, la absorción de los costos por los subsidios al transporte público local y el traspaso de la tarifa social de energía a cuenta de los municipios integran el combo de los fusibles que el Ejecutivo negociará con la oposición y con los intendentes oficialistas para posibilitar el avance de la ley en la Legislatura.

 

 

Sin embargo, esa agenda no fue analizada este miércoles en la República de los Niños, hasta donde llegaron ministros, funcionarios de segunda línea e intendentes de distintos puntos de la provincia a escuchar un desglose de la gestión desarrollada hasta estos días y una arenga motivacional para hacer frente a lo que resta del año.

Aunque cautos, los intendentes oficialistas no ocultan que la preocupación y el estado de alerta sobrevuelan las conversaciones entre pares y con ministros y sostienen que esos análisis son materia pendiente para los próximos encuentros con funcionarios, reuniones en las que finalmente se negocian las herramientas con las que contarán el próximo año.  

“Hasta que no esté aprobado y definido el presupuesto no podemos pensar qué modificaciones tenemos que hacer cada uno y qué transferencia de partidas vamos a tener que realizar”, señaló a Letra P Ezequiel Galli, de Olavarría, y, si bien agregó que es “prematuro” hacer un análisis del impacto que significarán estas medidas para las finanzas comunales, sostuvo que está “en alerta, esperando qué pasa con la aprobación”.

 

 

Su par de Bahía Blanca, Héctor Gay, ya había anticipado ante este portal su preocupación por la transferencia de los subsidios al transporte por parte del Gobierno a la órbita bonaerense. “Espero que la Provincia se haga cargo”, había manifestado.

“Estamos preocupados, pero esperando, porque no hay total claridad sobre eso. Algunas cosas nos pegan y sobre todo el tema del transporte público”, dijo el intendente PRO tras el cónclave, ratificando sus dichos. “El Gobierno aporta al municipio de Bahía Blanca 380 millones de pesos en concepto de subsidios. Es imposible que la comuna lo afronte y tampoco es posible trasladarlo a la tarifa del usuario”, dijo y especificó que, de absorber el total de gastos, el boleto, hoy en 19 pesos, llegaría a 35. “Yo creo que se va a llegar a un acuerdo, pero por ahora es un interrogante que mantenemos”, señaló.

Además, expuso su desasosiego por las presiones económicas en materia de seguridad y salud. “A veces nos preocupa cuando se transfieren responsabilidades sin el correspondiente recurso”, dijo y citó como ejemplo el combustible para patrulleros. “Hubo una partida importante a principios de año y hoy se mantiene esa cifra con el precio de la nafta de enero”, señaló y agregó que la Provincia cubre los gastos del 30% de los vehículos. “Esto, aun en un municipio ordenado como el nuestro, genera mucha presión”, sostuvo y completó que una situación similar padece con el hospital municipal.

 

 

Siempre moderado, Pablo Petrecca, de Junín, intentó disipar su preocupación por la nueva situación en el transporte público, teniendo en cuenta que recientemente se aprobaron los pliegos para que se licite ese servicio en la ciudad. “Estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires este nuevo traspaso. Hay un presupuesto nacional que todavía no está definido y luego un presupuesto provincial que empieza a discutirse. Estamos a la espera”, señaló.

“Tratamos de tirar todos para el mismo lado y, si se pueden hacer los esfuerzos, se harán”, respondió ante el tope en el aumento de tasas y agregó que “cada municipio tiene una realidad que tiene que ajustar a su presupuesto, así que, hasta que no tengamos bien definidas las transferencias por medio de la coparticipación, hasta no tener números claros, no podemos cerrar un número puntual”.

La intromisión del gobierno bonaerense en los tributos locales incomoda, sobre todo, a la tropa de intendentes del interior, quienes ven limitada la posibilidad de aumentar la tasa vial, canon que recae sobre la ruralidad, sector muy beneficiado por las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.