El gobierno de María Eugenia Vidal abrió tres frentes de negociación con la oposición para sacar el presupuesto 2019 y ofrece, a cambio, lugares en el directorio del Banco Provincia y en el Tribunal de Cuentas. El Fondo Educativo, el costo en el transporte público local y el traspaso de la tarifa social de energía de la que se harán cargo los municipios son los puntos que el oficialismo debatirá con los intendentes del PJ y el Frente Renovador.
El proyecto del presupuesto establece que los municipios del conurbano destinarán el 100% del Fondo Educativo en infraestructura escolar, mientras que los distritos harán lo propio en un 70%. Este punto es negociable. Como informó Letra P el peronismo ya avisó que no aceptarán esta decisión y al igual que el año pasado trabajarán en una baja porcentual.
Para el presupuesto 2018 el gobierno bonaerense había establecido que el 85% del Fondo Educativo en los municipios del conurbano vaya a parar a infraestructura escolar. En aquella negociación, los intendentes peronistas consiguieron bajar ese monto y se terminó acordando que se destine el 50%. Nuevamente los jefes comunales trabajarán para modificar ese punto y el oficialismo lo sabe.
Por eso, pone a disposición cuatro lugares en el directorio del Banco Provincia y tres en el Tribunal de Cuentas bonaerense que están acéfalos. Esta situación de acefalía en el organismo encargado de controlar los gastos del gobierno provincial y de las municipalidades había sido alertada por la titular del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado bonaerense, Teresa García. Los espacios en el Tribunal de Cuentas, deberán salir con acuerdo del Senado, al igual que las sillas del Banco Provincia.
En el directorio del Banco, el oficialismo buscará retener el lugar de Diego Rodrigo, actual director y destinar los restantes al Frente Renovador y el PJ, fuerzas políticas que serán protagonistas en la negociación con Vidal.
Los municipios también tendrán que hacerse cargo de la transferencia del costo de la tarifa social del servicio de energía. La Nación había renunciado a ese subsidio, que tenía su mayor anclaje en territorio bonaerense, como parte del acuerdo con el resto de las provincias y Buenos Aires deberá hacerse cargo. Pero en el presupuesto esa responsabilidad de traslada a los municipios. Lo dice el artículo 103 del proyecto.
“El costo de la implementación de la Tarifa Social de Energía Eléctrica establecido por la Resolución N° 6/2016 del entonces Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y sus modificatorias, aplicable a aquellos usuarios que carecen de capacidad de pago suficiente para hacer frente a los precios establecidos con carácter general, será soportado por los respectivos municipios y deberán estar respaldados por los entes reguladores o autoridades locales con competencia en cada jurisdicción en la que se aplique”, se detalla en el texto. Los intendentes sostienen que las arcas municipales no pueden hacerse cargo de dicha erogación que asciende a un total de $8 mil millones.
El Transporte y el subsidio es otro punto a negociar. Si bien la provincia no se hará cargo del sostenimiento del servicio en las líneas locales que correrán por parte de los municipios, los intendentes se preparan para negociar. El Ejecutivo está dispuesto a dialogar. Entre la compensación del boleto y el gasoil ese monto que supera los $8 mil millones.
Sobre esos tres carriles correrá la negociación con los bloques opositores para que Vidal consiga el presupuesto y el endeudamiento 2019. Años anteriores los mandatarios lograron la concreción del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM que ya dejó de existir para el período 2018 y tampoco se incluyó en este presupuesto.
