28|1|2021

El Gobierno teme que se duplique el pago por la expropiación de YPF

03 de octubre de 2018

03 de octubre de 2018

Podría irse de U$S 3.000 a más de 5.000 M. La Rosada festeja un “congelamiento” de la causa y espera que llegue a la Corte de Estados Unidos. La estrategia oficialista en los tribunales de Nueva York.

La causa por la expropiación de YPF da un breve respiro al gobierno de Mauricio Macri: el martes por la tarde, la Corte del Distrito Sur de Nueva York aceptó un pedido para “congelar” por un tiempo la investigación hasta que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos defina si toma o rechaza el caso, tal como había solicitado la Casa Rosada.

 

Sin embargo, la celebración es medida, porque corren los días y a Cambiemos le preocupa el incremento del pago por la indemnización, que comenzó con una demanda por US$ 3.000 millones pero, por la demora y los intereses, podría superar los 5.000 millones de dólares.

 

 

 

En rigor, esta semana los tribunales neoyorquinos avalaron el pedido de “stay” elevado por las autoridades argentinas para que la causa quedara en pausa hasta que la Corte determine si trabaja la causa. La estrategia está en manos del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, que trabaja para que la investigación se mude a la Argentina, donde se encuentran los testigos de la operación orquestada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y donde se radicaron las sociedades que intervienen en el proceso.

 

Ese congelamiento, una bocanada de aire fresco para el oficialismo, llega luego de dos intentos frustrados del Gobierno ante la Justicia estadounidense. En primer lugar, la Cámara de la ciudad de Nueva York rechazó el traslado de la causa y luego negó rever el tema. Pero la tercera fue la vencida para la estrategia de Cambiemos para no pagar los platos rotos durante el kirchnerismo bajo la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía. Tras esas resoluciones, Saravia Frías encaró el tema por dos frentes: dilatar el proceso para recabar más información y, consecuentemente, insistir con un pedido para que la Corte entienda en el tema, una especie de artilugio similar a lo que en Argentina se conoce como per saltum.

 

 

 

La parte demandante, el fondo Burford Capital LLC, aduce que, cuando se nacionalizó la petrolera, se violó el estatuto porque el Estado hizo una oferta únicamente por la parte de Repsol, en vez de ofertar por toda la empresa. Ese reclamo fue hecho originalmente por el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que adquirió cerca de un 25% de YPF en 2007 pero luego de la estatización y ante el avance del juicio vendió los derechos para litigar contra la Argentina e YPF.

 

Esta investigación tiene un capítulo argentino redactado por la diputada nacional Elisa Carrió, que en 2007 denunció la compra fraudulenta de 25% de YPF orquestada entre la familia Eskenazi y el presidente de Repsol, el español Antonio Brufau, en acuerdo con el matrimonio Kirchner, según la líder de la Coalición Cívica. En ese entonces, habló de venta fraudulenta y “vaciamiento” y declaró que “un conglomerado de empresarios amigos gana todas las licitaciones de obra pública y, ahora, avanza sobre el petróleo”.

 

 

El director de YPF Fabián Rodríguez Simón y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, en Nueva York

 

 

El tema preocupa a Macri, que constantemente habla con Saravia Frías para estar al corriente del avance del juicio. Si la Corte estadounidense rechazara tomar el caso, la investigación volvería al tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el Gobierno ya perdió dos veces. Ante ese contexto, la investigación quedará radicada en Estados Unidos tal cual busca Burford Capital. Existe la posibilidad de que el Gobierno proponga que se inicie un proceso denominado "discovery", que implicaría que la Justicia estadounidense investigue a los dueños del fondo litigante y siga la ruta de YPF desde su etapa privada hasta la reestatización, bajo el gobierno de Cristina.

 

Esta última jugada es apalancada por Carrió que, como contó Letra P, apunta contra la familia Eskenazi y la compra "fraudulenta" de YPF desde que se destapó la olla de corrupción conocida como "Los cuadernos de las coimas" en la obra pública. La investigación argentina la lleva desde hace más de una década el juez federal Ariel Lijo, que primero cerró la causa y luego la reabrió.