El 2 de noviembre se cumplirán tres meses de la explosión en la escuela 49 de Moreno que terminó con la vida de la vicedirectora, Sandra Calamano, y del auxiliar Rubén Rodríguez. La tragedia, que se produjo en medio de la intervención del Consejo Escolar por orden de la administración que encabeza María Eugenia Vidal, motivó la suspensión de clases en todas las escuelas del distrito y en decenas de establecimientos de la provincia. Representantes sindicales locales aseguran que la situación actual en las instituciones educativas es mucho más compleja que la difundida por la cartera que conduce el ministro Gabriel Sánchez Zinny.
La administración provincial estaba a cargo del monitero de las edificios escolares y de lo servicios educativos cuando explotó la garrafa en la escuela. La tragedia derivó, por decisión de los directivos de todas las escuelas del distrito, en la suspensión de las clases hasta que estén garantizadas condiciones de seguridad de los establecimientos.
Consultadas por Letra P sobre la cantidad de servicios educativos públicos que, tras la explosión, retomaron el dictado de clases, fuentes de la cartera de Educación bonaerense ratificaron que hay clases en 75 de los 264. Esta cifra había sido difundida por la Dirección General de Educación y Cultura el pasado 2 de octubre, a 61 días de la muerte de los dos trabajadores de la educación.
“Apenas llegan a diez las escuelas que están dando clases”, señaló a este portal la secretaria general de FEB seccional Moreno, Zulema Vilte. En este sentido, explicó que quizá Educación habla de 75 porque “probablemente haya 75 certificados de habitabilidad”, lo que permitiría la apertura de los colegios. Sin embargo, remarcó que la decisión de retomar las clases depende de lo que definan padres, alumnos, directivos y auxiliares. “Si la comunidad educativa evalúa el edificio y observa que no es seguro, puede decidir que los chicos no vayan a la escuela, por lo que no podemos decir que se estén dando clases”, señaló y agregó: “El que no vive en Moreno no entiende la situación. Si los padres no ven seguras las escuelas, no mandan a los chicos”.
En la misma línea se expresaron dirigentes de la seccional de Suteba. “Es mentiroso ese número, sólo hay clases en diez escuelas”, indicó a Letra P el secretario de Comunicación del gremio, Pablo Fernández, y ratificó que la decisión final se toma en “las asambleas” que se desarrollan en los colegios. Además, indicó que los alumnos trabajan en un programa de continuidad pedagógica en el que los docentes asisten a los chicos en reuniones semanales.
Fuentes de la administración municipal conducida por el peronista Walter Festa señalaron a este medio que la información que conocen es la suministrada por el gobierno bonaerense. Además, a modo de respuesta local, la comuna difundió un informe con el detalle de obras de gas realizadas por la gestión local. “El Municipio de Moreno, con el Fondo de Financiamiento Educativo, está trabajando actualmente en 62 Instituciones educativas. En los próximos días el trabajo de gas se extenderá a 24 más”, indica el documento.
En los últimos días, Festa salió a repudiar las declaraciones del ex senador bonaerense Aníbal Asseff, quien, en diálogo con Moreno Visión, apuntó al personal docente y auxiliar de las escuelas como responsable de los daños en las instituciones y habló de sabotaje.
Los dichos del referente macrista, uno de los candidatos habilitados por la gobernadora Vidal para postularse en 2019, no sorprendieron a los referentes gremiales, quienes vincularon las expresiones de Asseff con las que había formulado la propia mandataria al poco tiempo de ocurrir la tragedia. Vidal había apuntado a la supuesta impericia del gasista matriculado que trabajó en la reparación de la escuela incendiada como una de las posibles causas de la tragedia.
INTERVENCIÓN.- Este jueves se cumple un año del proceso de avocación en el Consejo Escolar de Moreno ordenando por Sánchez Zinny. La medida -firmada en octubre de 2017 por el término de 180 días y prorrogada en abril de este año- fue una respuesta al hallazgo de irregularidades en dos auditorías sobre el organismo. El monitoreo provincial derivó en la judicialización y en el avance de dos causas: una que investiga títulos truchos y confección irregular de listado de auxiliares, que tiene diez personas procesadas, nueve detenidas y una prófuga; y otra que investiga el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que tiene consejeros, directivos y empresarios procesados.
En simultáneo a la suspensión de clases, la comunidad educativa montó un acampe frente al Consejo Escolar para evitar que sean retirados documentos del edificio y en reclamo de medidas que evitaran nuevas tragedias.
A mediados de septiembre, luego de 45 días, los manifestantes levantaron el acampe habiendo cumplido dos objetivos. En principio, se acordó crear un comité de crisis para el seguimiento y el control de las obras de infraestructura para las escuelas del distrito, integrado por todas las partes. Y, además, se logró el compromiso de la administración vidalista de concluir la intervención del Consejo Escolar.
La fecha de finalización fue el pasado 23 de octubre, día en que la avocadora nombrada por la cartera que conduce Sánchez Zinny, Ana Karina Politti, que llegó a ese cargo tras la renuncia de Sebastian Nasif, debería dejar de cumplir su rol y dar lugar a la reasunción de los consejeros escolares suplentes, dado que las titulares están detenidos. Sin embargo, fuentes del distrito indicaron a Letra P que “formalmente aún nadie tomó su cargo”, por lo que la intervención continúa de hecho.
Ante este escenario y a ocho días de cumplirse tres meses de la tragedia, la suspensión de clases en el distrito no sólo continúa siendo una situación preocupante entre los distintos actores de la comunidad educativa, sino eje de enfrentamientos.
