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Explosión y muerte: por qué la lupa está puesta sobre el gobierno provincial

En octubre, Educación intervino el Consejo Escolar de Moreno, órgano local que monitorea las escuelas. La tarea, que responde a la gestión Sánchez Zinny, recayó en un docente alineado con el macrismo.
Por 02/08/2018 15:46

Tres días después de las elecciones de octubre de 2017, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, firmó una resolución autorizando la intervención del Consejo Escolar de Moreno, distrito en el que este jueves un directivo y un auxiliar fallecieron por la explosión de una garrafa en una escuela. La medida puso la lupa sobre la gestión de ese cuerpo y avanzó con denuncias penales contra consejeros y proveedores, definiendo, además, el plan de obras para las instituciones educativas. El interventor designado es un profesor vinculado políticamente al macrismo. Antes del incidente, María Eugenia Vidal había reconocido dificultades para “llegar a todas las escuelas” del distrito.

La antesala de la explosión de una garrafa zeppelín en la Escuela Nº 49 "Nicolás Avellaneda" de Moreno - que provocó la muerte de la vicedirectora, Sandra Calamano, de 48 años de edad, y del portero Rubén Rodríguez, de 45 – es la maltrecha relación entre la administración provincial y el municipio desde diciembre de 2015.

 

 

Desde su asunción como jefe comunal, Festa reclamó asistencia financiera por parte del Estado provincial para hacer frente a la grave situación económica de la administración local. Entre las demandas municipales y las respuestas de la Casa de Gobierno se fue tejiendo un enfrentamiento personal entre el intendente y la gobernadora. El momento más candente  ocurrió cuando Vidal, en una entrevista televisiva, aseguró que Moreno recibía un 70% más de recursos que durante el gobierno de Daniel Scioli y que Festa tenía un salario más alto que el de ella.

 

 

El golpe electoral de Cambiemos en la provincia no tuvo eco en el territorio municipal, donde el oficialismo local se impuso con el 43% de los votos. La alegría partidaria se opacó tres días después, cuando el 25 de octubre el titular de Educación firmó una resolución autorizando la intervención del Consejo Escolar, por 180 días, ante una serie de irregularidades detectadas en dos auditorías.

La medida, que fue prorrogada por igual periodo a partir del 26 de abril del 2018 – según la resolución publicada el 4 de mayo en el Boletín Oficial-, está amparada en el artículo 177 de la ley de Educación de la provincia de Buenos Aires.

Para llevar adelante la intervención, el gobierno de la provincia nombró al profesor Sebastián Nasif, quien -según publican medios locales- en ese momento se desempeñaba como secretario de una escuela técnica local e integró la lista de candidatos a consejeros escolares del Frente Renovador en 2015, acompañando al ex senador Aníbal Asseff, hoy candidato a intendente por Cambiemos para 2019. De hecho, este miércoles, fue parte de la tropa de aspirantes que se reunieron en La Plata con la gobernadora Vidal.

 

 

Este sentido, la decisión de avanzar con la intervención llegó tras el pedido del dirigente macrista. “Nosotros solicitamos la intervención nada más, y los elementos en base al instrumento que da la auditoria justificaban esto”, señaló Asseff oportunamente a Desalambrar. En esa línea, aclaró: “Soy responsable de la decisión política, no me voy a quitar de ninguna manera el hecho de haberlo hecho, pero la decisión final la tienen las autoridades de la Provincia”.

Por su parte, Nasif señaló a Semanario Actualidad que la medida estaba “fundamentada en auditorias en las que se hacían sugerencias a las que no se les dio lugar y siguieron sucediendo irregularidades”. Además, indicó que, “por la resolución, quedan suspendidas las sesiones en el Consejo Escolar”, por lo que “todo lo inherente a la gestión y a su función” recae en su designación.

Si bien los consejos escolares participan del control y la gestión de la comunidad educativa, están desconcentrados de la órbita ministerial. Sin embargo, el artículo 177 del capítulo XIX de la ley 13688 de Educación de la provincia de Buenos Aires establece que “el Director General de Cultura y Educación (…) podrá de oficio avocarse al conocimiento, resolución o investigación de cualquier tema o asunto en particular y/o asumir en forma directa la competencia del Consejo Escolar mediante el funcionario que designe al efecto si se dieren razones de servicios que evalúe justificadas”.

LA INTERVENCIÓN. Según el expediente de la Dirección General de Cultura y Educación, difundido por Desalambrar, hubo dos auditorías que originaron este avance: la del ejercicio 2016 con tareas de campo los días 29 y 30 de junio; la concerniente al ejercicio 2017 en las jornadas de los días 8, 9 y 10 de marzo.

En las conclusiones - la primera, firmada por el auditor general de la Dirección General de Cultura y Educación, Abelardo Harbin, y la segunda, por Rubén Alejandro Martínez - se pone especial énfasis en lo referente a los controles sobre la facturación realizada por los proveedores. Con respecto al área de infraestructura, apuntan a atender al cumplimiento de la normativa específica para la contratación, evaluación de los costos y seguimiento de los trabajos contratados.

 

 

El kirchnerismo de Moreno calificó de “golpe institucional” la maniobra de la cartera de Educación. “En un primer momento, nos llamó la atención la designación de Sebastian Nasif como avocador, porque él es representante de la oposición. Su designación no es neutral ni prolija”, señaló en aquel momento a Letra P la consejera kirchnerista Cecilia Parenti, quien, además, remarcó que tras esta resolución hay “una intención política de un sector que perdió las elecciones, lo que demuestra que hay un avasallamiento a lo que la gente eligió” en los últimos comicios.

En septiembre de 2017, antes de la intervención, el Consejo Escolar votó en sesión un pedido presupuestario al gobierno de la provincia de más de dos millones de pesos para distintas escuelas y jardines.

Dos semanas después de la intervención, en las administraciones provincial y municipal intentaron acercar posiciones. Sánchez Zinny recibió al intendente Wálter Festa para analizar la situación que puso en la mira el funcionamiento del cuerpo educativo distrital.

 

 

Sin embargo, el acercamiento derivó en una judicialización de la medida vidalista. Nasif, junto al letrado Walter Bonavera, denunciaron penalmente a los consejeros escolares y proveedores.

La investigación judicial, que siguió su curso, derivó en junio pasado en la imputación de los denunciados. El fiscal Federico Soñora notificó que en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) N° 19-00-024014-17/00 se encuentran imputados por el delito de defraudación por administración pública fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con malversación de caudales públicos Mónica Berzoni, ex presidenta del Consejo Escolar (Cambiemos, con mandato hasta el año 2019); Jorge Eduardo Almada, ex tesorero (FpV, mandato hasta diciembre de 2019); Cecilia Parentti, ex secretaria (FpV – Unidad Ciudadana, mandato hasta el año 2021) y Camilo Zarza, ex responsable del SAE (FpV, culminó su mandato en diciembre de 2017). En idéntica situación judicial quedan varias personas de la empresa PASFIN: Gladys Beatriz Ladelfa, Waldo Oscar Andrade, Matías Nicolás Di Mario y Anabella Di Mario.

En enero pasado, el incendio en el sector de la Tesorería del Consejo Escolar condimentó los cruces entre los gobiernos provincial y municipal. Marcelo Di Mario, director de Consejos Escolares, área dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, consideró que el incidente ígneo “no sólo fue intencional, sino que los consejeros escolares denunciados penalmente o sus cómplices habrían sido protagonistas del siniestro con el objeto de entorpecer la causa”.

 

 

INFRAESTRUCTURA. A mediados de abril, un día antes del paro docente, la gobernadora visitó una escuela de Moreno. La elección del establecimiento no fue azarosa: estuvo en la Escuela Técnica N° 5, de la localidad Cuartel V, que, por aquellos días, cumplía 2505 días ininterrumpidos de clases.

En declaraciones a FM Tiempo 91.9, que pertenece a la escuela, la mandataria respondió a las preguntas de dos alumnos que oficiaron de conductores del espacio radial. “Cuando pienso en las escuelas de los barrios más pobres de la provincia es ahí donde tiene que estar más el Estado, porque es donde más se lo necesita”, dijo. En esa línea, reconoció las dificultades de la provincia para hacer frente a las necesidades de las instituciones educativas. “Cuando me voy a dormir, pienso en todas las escuelas que nos faltan y ya pasaron dos años (de mandato), a muchas no pudimos llegar y eso pesa”.

Según denunciaron este jueves representantes gremiales y vecinos, la escuela donde se registró la explosión que terminó con la vida de una docente y un auxiliar había presentado en las últimas semanas distintos reclamos para que atendieran las falencias edilicias y de servicios del establecimiento.

El miércoles, en Moreno, la comunidad educativa se movilizó en torno a una convocatoria de la CTA. Los problemas de infraestructura escolar y en el Servicio Alimentario Escolar estuvieron en el punteo de demandas.

 

 

En marzo pasado se conoció el acta acuerdo firmada entre la Dirección General de Cultura y Educación y el municipio de Moreno para avanzar con las obras de infraestructura escolar. En el detalle de establecimientos y de obligaciones, la Escuela Nº 49 "Nicolás Avellaneda" no figuraba. En mayo, Nasif difundió ante los medios locales el plan de calefacción para este año, pero no precisó si el establecimiento que explotó estaba incluido.