Seis personas, entre ellas delegados del gremio UPCN, una consejera escolar oficialista y empleados de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE), tienen pedido de detención en el marco de la causa que investiga la falsificación de licencias médicas a auxiliares docentes, maniobra por la que se habrían cobrado más de un millón de pesos.
El distrito bonaerense Moreno, conducido por el peronista Walter Festa, vuelve a ser noticia. Y nuevamente por cuestiones relativas al ámbito educativo. En este caso, la justicia pidió la detención de seis personas vinculadas a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de esa localidad, al Consejo Escolar y a dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.
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Tras varios allanamientos, se detuvo a la subsecretaria de Articulación Gremial del municipio de Moreno, Lilian Juárez; su hermana Miriam, secretaria general de UPCN local; a su hija Betiana Arazco y a la consejera escolar kirchnerista Cecilia Parenti. Las mujeres están acusadas de falsificar certificados médicos para generar vacantes por licencias, que eran ocupadas por "falsos porteros", que cobraban sin trabajar.
Además, se produjeron detenciones en la ciudad de La Plata: Gerardo Wenzel, también delegado de UPCN, y Claudio Menis, empleados del Departamento de Contralor de la DGCyE, quienes cargaban los pedidos a sabiendas de que eran apócrifos.
Tras los allanamientos, desde la Municipalidad de Moreno aseguraron que los procedimientos "son ajenos a la función pública local y a la labor de esta gestión. Se deben al accionar de un agente fuera de su ámbito laboral y dentro de su rol en el sindicato de UPCN" y que en “el palacio municipal se llevó acabo la notificación correspondiente”.
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Las detenciones, ordenadas por el fiscal Federico Soñora, de la UFI 4 de Moreno, publica la agencia DIB, fueron por los delitos de "asociación ilícita en concurso real con defraudación en perjuicio del Estado reiterado en 78 hechos y uso de documento público falso".
La investigación se inició como consecuencia de una denuncia realizada en febrero de 2017 por la presidenta del Consejo Escolar de Moreno, tras detectar unas 50 presentaciones de licencias truchas en donde se falsificaron sellos, firmas y además se presentaron certificados médicos y analíticos docentes falsos.
La Justicia tiene la hipótesis de que las hermanas Juárez y Arazco, aprovechando los cargos que ocupaban, obtenían datos de auxiliares de escuelas y mediante la elaboración de certificados médicos apócrifos, solicitaban licencias en favor de estas personas, quienes desconocían las maniobras.
Esto generaba vacantes, que eran cubiertas por personas ajenas al ámbito educativo, quienes a través de certificados analíticos falsos eran ingresados al sistema como supuestos reemplazantes de las licencias falsas. Estos expedientes eran remitidos a la DGCyE, donde los empleados apuntados en la investigación los ingresaban.
La investigación determinó, además de la asociación ilícita, la existencia de 16 hechos de defraudación en perjuicio de la administración pública por aproximadamente un millón de pesos y más de 60 de uso de documento público falso. En total, resultaron imputadas 81 personas y 6 detenidas. Hay, además, tres prófugos.